Un ataque armado del Gobierno de Nicaragua deja al menos 11 muertos

"Manejamos 11, de ellos, 7 están identificados, hay otros 2 que sabemos que fueron asesinados con una granada de mano, y otros que están en la morgue. Estos datos no son definitivos sobre lo que ha ocurrido", según una portavoz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). 

Al menos 11 muertos, dos de ellos policías, dejó un ataque armado del Gobierno de Nicaragua en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en la zona Pacífico, informó este lunes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).Hasta el viernes pasado la cifra de fallecidos por la represión de las protestas contra el presidente Daniel Ortega era de 310 personas, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH)

Los activistas del Cenidh coincidieron con los manifestantes "autoconvocados" de ambas ciudades, en señalar que la mayoría de las muertes fueron ocasionadas por las "fuerzas combinadas" del Gobierno, conformadas por policías, agentes antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, fuertemente armados. La Policía Nacional únicamente informó de dos fallecidos en el ataque, ambos policías, y atribuyó las muertes a grupos de "terroristas".

Manifestantes en las calles de Nicaragua Efe

La noche del domingo las "fuerzas combinadas" también atacaron la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), donde "secuestraron" al menos a tres estudiantes, según el Cenidh, que no califica como "arrestos" las detenciones ilegales del Gobierno.

Ataques similares a los de Jinotepe y Diriamba han sufrido ciudades como Estelí, La Trinidad, Granada, Jinotega, León, Managua, Matagalpa, Masaya, entre otras, donde existen manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega.

La CIDH ha señalado "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.