La corte de apelación resolverá en los próximos días tras acorralar al abogado del Gobierno Trump

El Noveno Circuito de Apelaciones de San Francisco, la corte encargada de decidir si mantiene la paralización del veto migratorio ordenado por Donald Trump el pasado 27 de enero, escuchó este martes durante algo más de una hora a los abogados de ambas partes a través de una tensa conferencia telefónica retransmitida en directo para todo el país por televisión.

En esta sesión lo que se juzga no es la legalidad de la medida en sí, sino la decisión de un juez federal de Seattle de paralizar la aplicación de la orden presidencial temporalmente en todo el país, mientras se dirime su constitucionalidad. La decisión que tome se hará pública a lo largo de esta semana.

Este viernes Trump ha saltado Twitter para anunciar que hablará públicamente sobre la "horrible, peligrosa y equivocada" decisión de congelar su veto.

Ambas partes defendieron su postura durante unos 30 minutos y se sometieron a las preguntas de los tres jueces que componían este tribunal de apelaciones de guardia -dos nombrados por un presidente demócrata, y el otro por un republicano-.

El letrado del gobierno federal argumentó que existe "riesgo real" para la seguridad nacional si no se restablece el cierre selectivo de fronteras dictado por el presidente, mientras el procurador general del estado de Washington (territorio que recurrió la orden y consiguió su paralización en un tribunal federal), defendió la autoridad del juzgado de Seattle para congelar la medida, ya que lo contrario supondría “una abdicación” de la obligación de control del poder judicial sobre el Ejecutivo.

Durante la sesión, el abogado del Departamento de Justicia, August E. Flentje, encargado de defender la postura de la administración Trump, estuvo contra las cuerdas por las preguntas de los tres magistrados. Constantes titubeos, largos silencios y un constante ruido de movimiento de papeles de fondo le acompañaron durante toda su exposición, en la que argumentó que la orden del presidente sólo propone una "pausa temporal" de entrada de ciudadanos provenientes de los países que el Congreso y el "último presidente” (Barack Obama) reconocieron como naciones de riesgo.

Preguntas al abogado del Gobierno

La avalancha de preguntas por parte de los jueces no tardó en llegar, incluidos algunos reproches por no aportar pruebas del supuesto riesgo de esos siete países (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen). La juez Michelle T. Friedland -nombrada por Obama- fue la que lanzó las cuestiones más afiladas, reprochándole al letrado que justificara la escasez de pruebas en la falta de tiempo para reunirlas, cuando había sido precisamente el gobierno federal el que recurrió a esta vía de recurso de urgencia. De hecho, llegó a plantearle que ante esta falta de pruebas, quizá la suspensión del veto migratorio debía permanecer hasta que el gobierno las reuniera.

El juez Richard R. Clifton -designado por el republicano George W. Bush- quiso saber si existe “alguna razón para pensar que hay un riesgo real" de peligro por parte de esos países, a lo que el abogado, pese a sus intentos, fue incapaz de aportar ejemplos concretos.

El abogado del Departamento de Justicia mostró durante su exposición constantes titubeos y largos silencios

William C. Canby Jr, juez nombrado por el presidente demócrata Jimmy Carter, le recordó al abogado del Departamento de Justicia que cuando Obama y el Congreso señalaron como peligrosas a las citadas siete naciones, ya se promulgaron restricciones a la entrada de sus ciudadanos, precisando de la concesión de visados que conllevan una investigación previa.

Los tres jueces continuaron inquiriendo al letrado sobre sobre si sería constitucional imponer una prohibición absoluta a los musulmanes -que es lo que el estado de Washington sostiene que hace la orden de Trump-. En este asunto presionaron tanto Canby como Clifton, que pusieron contra las cuerdas a Flentje y terminó respondiendo que ése no es el objetivo de la orden.

Preguntas al representante de Washington

El turno del representante legal del estado de Washington, Noah Purcell, fue menos tenso que el de Flentje, aunque también hubo numerosas preguntas por parte de los jueces. El letrado recordó que el Departamento de Seguridad Nacional interpretó inicialmente la prohibición de Trump como una prohibición a la entrada incluso de residentes legales permanentes, así como de aquellos en posesión de visas estadounidenses válidas, bloqueando el paso de decenas de miles de personas, para posteriormente ir suavizando la aplicación del veto.

Por ello, apuntó que si se volvía a poner en vigor la restricción de Trump, esta prohibición de entrada podría aplicarse potencialmente a todo ese grupo de personas de nuevo, a menos que se cambiara la orden explícitamente.

El abogado del estado de Washington tuvo que enfrentarse a las inquisiciones del juez Clifton -nombrado por el republicano Bush-, después de argumentar que la orden favorecía a una religión sobre otra, contraviniendo por lo tanto un principio constitucional.

Clifton le recordó que la prohibición abarca sólo a siete países, que representan a una pequeña minoría de toda la población musulmana, y que éstos fueron señalados por el Congreso y por la administración Obama como zonas de potencial peligro terrorista.

El abogado del estado de Washington considera que el veto del presidente Trump podría tener un afán discriminatorio

Purcell contestó rememorando que "el presidente pidió una prohibición completa de los musulmanes" durante la campaña electoral y que, aunque esta orden no vete a todos los musulmanes, podría tener un afán discriminatorio.

En cuanto al interés del estado de Washington en este caso, que fue puesto en cuestión por los magistrados, alegó que el veto afecta a “miles” de ciudadanos que viven en este territorio, poniendo como ejemplo estudiantes universitarios.

La interpretación del veto

Antes de terminar, como Purcell había utilizado unos cinco minutos más que el otro abogado, se volvió a dar la palabra a Flentje, que tuvo que reconocer que durante la campaña Trump propuso la prohibición de la entrada a los musulmanes, aunque rechazó tenerlo en cuenta para el caso alegando que esas declaraciones proceden de “algunos artículos periodísticos" y que, en cualquier caso, no era el propósito de este veto.

El juez Canby manifestó su preocupación ante el hecho de que la administración Trump hubiera cambiado la interpretación del veto durante su aplicación, cuestionando quién debe ser el encargado de interpretar una orden del presidente.

Aunque aparentemente pudiera parecer que los jueces fueron más duros con el representante federal, lo cierto es que los expertos aseguran que en general este tipo de preguntas severas se hacen a ambas partes y que de ellas no debe interpretarse un posible veredicto. Éste llegará en los próximos días.

Mofas al abogado de Trump

Quién no olvidará este día será el abogado August Flentje, que se convirtió en el blanco de todo tipo de bromas en las redes sociales por la forma en que fue acorralado por los jueces y el más que probable enfado que el presidente Trump se habría llevado por su defensa de la orden gubernamental.

En un plano más informativo, la cadena Bloomberg ha desvelado que el Departamento de Justicia cambió a última hora a los abogados que debían defender el caso, debido a que el despacho privado del que procedían alguno de ellos había elaborado un informe contrario al veto migratorio. Esto puede explicar el desastroso papel llevado a cabo por este letrado.

Todo este conflicto jurídico empezó cuando el republicano firmó el 27 de enero una orden ejecutiva prohibiendo durante 90 días la entrada de personas procedentes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, e imponiendo una suspensión de 120 días a todos los refugiados. Numerosas organizaciones y los gobiernos de varios estados de la Unión llevaron esta medida a los tribunales por entender que era inconstitucional.

Siguientes pasos

Las cortes que recibieron esas denuncias son las de distrito, que se encuentran en el primer escalón del sistema federal de Justicia de EEUU. Ellas serán las encargadas de juzgar primero si ese veto a siete países es legal o no. Pero mientras llegan esos juicios, el pasado viernes el juez federal de la Corte del Distrito de Seattle (estado de Washington), James Robart, ante la denuncia del estado de Washington -a la que se sumó luego el de Minnesota- decidió suspender de forma temporal y en todo el país la medida dictada por Trump.

La Administración republicana y el propio presidente manifestaron su desacuerdo con esa paralización temporal y anunciaron un recurso, alegando que el juez se había extralimitado en sus funciones. Acudieron por lo tanto al segundo escalón del sistema federal de justicia norteamericano, es decir, a los tribunales del Circuito de Apelaciones, en concreto, al Noveno, con sede en San Francisco, que es en el que se ha producido la declaración telefónica de ambas partes este martes.

Una vez que estos tres jueces del Noveno Circuito decidan si restablecen el veto migratorio o lo dejan suspendido, la parte perdedora en este proceso podrá recurrir el caso ante el Tribunal Supremo. Donald Trump ya ha manifestado este martes que lo hará en caso de que salga derrotado.