El veto migratorio de Trump puede volver a entrar en vigor en los próximos días

La controvertida decisión de Donald Trump de prohibir la entrada en EEUU de los refugiados y los ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana ha desatado una compleja guerra judicial cuya primera batalla se libra en San Francisco, que puede abrir un interminable proceso de recursos y apelaciones, ya que el propio presidente ha anunciado que está dispuesto a llegar al Supremo. En los próximos días se sabrá si este polémico veto sigue paralizado como hasta ahora, por mandato de un juez federal el pasado viernes, o si se restablece, aunque hay muchos pasos previos y posteriores que tener en cuenta.

Todo este conflicto jurídico empezó cuando el republicano firmó el 27 de enero una orden ejecutiva prohibiendo durante 90 días la entrada de personas procedentes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, e imponiendo una suspensión de 120 días a todos los refugiados. Numerosas organizaciones y los gobiernos de varios estados de la Unión llevaron esta medida a los tribunales por entender que era inconstitucional.

Las cortes que recibieron esas denuncias son las de distrito, que se encuentran en el primer escalón del sistema federal de Justicia de los EEUU. Ellas serán las encargadas de juzgar primero si ese veto a siete países es legal o no, pero mientras llegan esos juicios, la orden presidencial podría seguir vigente si así se decide en San Francisco, y las fronteras por lo tanto cerradas a esas personas. Sin embargo, el pasado viernes, el juez federal de la Corte del Distrito de Seattle (estado de Washington) James Robart, ante la denuncia del estado de Washington -a la que se sumó luego el de Minnesota- decidió que mientras llegaba el juicio de la cuestión de fondo, suspendía de forma temporal y en todo el país la medida dictada por Trump.

La Administración republicana y el propio presidente manifestaron su desacuerdo con esa paralización temporal y anunciaron un recurso, alegando que el juez se había extralimitado en sus funciones. Acudieron por lo tanto al segundo escalón del sistema federal de justicia norteamericano, es decir, a los tribunales del Circuito de Apelaciones.

Este circuito divide EEUU en 11 tribunales -más uno extra para la capital federal-, de modo que cada uno de ellos se encarga de dirimir las apelaciones en varios estados. En este caso, al haberse producido la denuncia en Seattle, la competencia recae en el Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco (California), que está formado por casi cuatro docenas de jueces y que cubre los recursos de la franja occidental de EEUU, incluidos los estados de Washington y Minnesota.

Este tribunal será el encargado de escuchar a ambas partes. Al ser un caso urgente, será un panel formado por tres jueces de guardia el que se encargue de dirimir la cuestión, escuchando a través de una conferencia telefónica a los letrados del gobierno federal y a los de los estados de Washington y Minnesota.

Este procedimiento durará una hora, con 30 minutos para cada una de las partes. No hay que olvidar que lo que se debatirá aquí no es la legalidad de la orden de Trump, sino si la suspensión temporal dictada por el juez de Seattle se ajusta a derecho. La resolución del Noveno Circuito de Apelaciones se conocerá a lo largo de esta semana. EL ESPAÑOL ha consultado a juristas de la Administración, que han pedido permanecer en el anonimato, para conocer los pormenores del complejo proceso que se avecina.

DOS DEMÓCRATAS, UN REPUBLICANO

Los tres jueces que forman este panel de guardia son William C. Canby Jr, nombrado por el presidente demócrata Jimmy Carter, Michelle T. Friedland, elegida por el demócrata Barack Obama, y Richard R. Clifton, designado por el republicano George W. Bush. Aunque la procedencia de sus nombramientos no tiene por qué influir, sí que puede dar una idea de las distintas formas de interpretar la ley de cada uno. En cualquier caso, basta con la mayoría de dos de ellos para dictar una resolución.

En la toma de esta decisión, el sistema estadounidense permite que los magistrados escuchen además de a las dos partes implicadas, a aquellas personas o instituciones que se sientan afectadas por la cuestión juzgada y que envíen al tribunal escritos manifestando su postura.

En apoyo del estado de Washington y Minnesota, se han presentado una docena de escritos de al menos 17 procuradores generales, más de 100 compañías -entre ellas Google, Facebook o Uber- y cerca de una docena de grupos laborales y de derechos civiles. En el lado opuesto, hay tres escritos de unos 12 grupos conservadores. Los tres jueces leerán estos argumentos y podrán o no tenerlos en cuenta.

Cualquier decisión del Noveno Circuito podrá ser apelada dentro de un plazo de 14 días por la parte que pierda. Hay dos formas de hacerlo. Se puede pedir que el propio Noveno Circuito vuelva a dirimir el caso, pero no por la vía urgente, es decir, implicando a todos los jueces del tribunal y no sólo a los tres de guardia; o se puede acudir directamente a la Corte Suprema, que es el tercer y último escalón en el sistema estadounidense.

Ésta última opción es la más habitual, ya que la vía anterior, en cualquier caso, siempre vuelve a permitir recurrir al Supremo, por lo que acudir directamente a él es más directo y rápido.

PUEDE HABER EMPATE

Si el panel de tres jueces de San Francisco decide levantar la suspensión temporal del veto de Trump dictada por el tribunal de Seattle, quedaría de nuevo prohibida la entrada a EEUU de refugiados y ciudadanos de los países afectados con efecto inmediato. Eso sí, es previsible que los jueces incorporarán alguna medida para evitar el caos que generó la orden ejecutiva al sobrevenir a algunos inmigrantes volando de camino a EEUU o en el aeropuerto.

Para decidir definitivamente si la orden ejecutiva de Trump puede prolongarse en el tiempo, habría que esperar entonces a que se pronunciara el Supremo -en el probable caso de que el estado de Washington recurra- o a que se juzgue en Seattle el fondo de la cuestión: si la orden del presidente es legal o no. Lo mismo ocurriría en el caso de que el Noveno Circuito diera la razón al estado de Washington y mantuviera paralizada la medida de Trump.

Hay que aclarar aquí que la Corte Suprema tiene la potestad de no entrar en el caso. Por lo tanto, si el Noveno Circuito se pronuncia y la parte perdedora apela al alto tribunal, éste puede decidir que no juzga en el caso, dejando como válida la última decisión del Noveno Circuito. Sin embargo, puede ocurrir que con el tiempo, otro de los Circuitos de Apelación del país entre a juzgar una denuncia similar sobre la orden de Trump y se pronuncie en un sentido distinto al de San Francisco. Entonces, el Supremo sí que deberá entrar en la cuestión para sentar una doctrina federal.

Pero se da otra peculiaridad. La Corte Suprema, que normalmente está formada por nueve miembros, actualmente sólo cuenta con ocho desde que falleció el magistrado conservador Antonin Scalia. Aunque Trump ya ha elegido a Neil Gorsuch como su sustituto, aún faltan semanas hasta que se produzca su aprobación por parte del Senado. Por lo tanto, es posible que se se dé un empate en la votación dentro de Supremo -que cuenta con cuatro miembros progresistas y cuatro conservadores-. Si esto ocurre, prevalecería la decisión tomada por el Noveno Circuito.

Y todo esto, sin olvidar que una vez que se juzgue si la orden es o no legal -en Seattle o en cualquier otra parte del país donde se han presentado denuncias-, esa sentencia también podría volver a ser apelada, repitiendo nuevamente todo el proceso. La única forma de que quedara definitivamente claro si el veto de Donald Trump es constitucional o no, es que el alto tribunal se pronuncie una vez. A partir de ahí, el sistema judicial estadounidense ya podría aplicar esta doctrina en cada caso.