La batalla legal de Trump por el veto migratorio costará millones a los estadounidenses

El varapalo judicial recibido por la Administración Trump después de que la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones fallara por unanimidad a favor de mantener suspendido su veto migratorio no va a frenar las ansias del magnate por demostrar que tiene razón. Aunque el Departamento de Justicia aún no ha desvelado cuáles serán sus próximos pasos, el presidente ya ha sugerido -vía Twitter y en rueda de prensa- que recurrirá judicialmente, una opción costosa y que además no le garantiza -por ahora- la victoria. Sin embargo, hay más alternativas sobre la mesa, como la aprobación de una nueva orden que reactive inmediatamente el cierre de fronteras.

La decisión de este jueves del tribunal de apelaciones con sede en San Francisco ha supuesto una dura derrota en política migratoria para el nuevo presidente de los EEUU, quien el pasado 27 de enero firmó un decreto que prohibía la entrada al país durante 120 días a cualquier refugiado y durante 90 a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana -Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

En apenas una semana, esta medida fue congelada por un juez federal de Seattle, tras la demanda de los estados de Washington y Minnesota. Tras la sentencia del jueves, seguirá en suspenso a la espera de que se celebre el juicio sobre la legalidad de la medida.

En un dictamen de 29 páginas, la corte de apelaciones, por unanimidad, reconoce que los estados de Washington y Minnesota habían argumentado suficientemente el impacto "inmediato y generalizado" que el cierre de fronteras tendría sobre ellos, mientras el Gobierno federal no había sido capaz de demostrar la necesidad de esta prohibición. Todo esto, sin entrar en el fondo de la cuestión, la constitucionalidad del bloqueo migratorio, que todavía se tiene que juzgar en Seattle.

"El Gobierno no ha aportado ninguna evidencia de que cualquier extranjero de los países mencionados haya perpetrado un ataque terrorista en los Estados Unidos", reza el fallo, que añade: "En lugar de presentar evidencias para explicar la necesidad de la orden ejecutiva, el gobierno ha defendido que (los jueces) no debemos revisar su decisión en absoluto". Con estas líneas, los tres magistrados encargados de dirimir sobre el asunto recuerdan al Ejecutivo norteamericano que el Poder Judicial puede y debe controlarlo, algo que el abogado del Gobierno puso en duda durante la presentación del caso el pasado martes.

El Departamento de Justicia está estudiando ahora sus opciones, aunque Trump parece tener claro que quiere recurrir, según manifestó en Twitter (“Nos vemos en los tribunales”) y en la rueda de prensa que ofreció este viernes junto al primer ministro de Japón. En cualquier caso, según varios expertos consultados, la Casa Blanca tiene varias alternativas para reactivar su veto. La primera, volver a apelar. Podría hacerlo en el Noveno Circuito de nuevo, para que fuera un tribunal más amplio, y no sólo tres jueces, el que resolviera. No obstante, esto parece poco probable teniendo en cuenta que se trata de una corte considerada liberal. Por ello, parece que la alternativa será acudir directamente al Supremo.

Esta opción, además de costosa, sería arriesgada, ya que ahora mismo el tribunal sólo tiene ocho miembros -a falta de que se integre el último nombramiento de Trump-, cuatro considerados conservadores y cuatro progresistas. Un empate mantendría en vigor el fallo de la corte de apelación. Además, el alto tribunal podría rechazar pronunciarse sobre el caso, ya que cuenta con esa potestad.

En este punto, cabría preguntarse cuánto costaría el empecinamiento del presidente a las arcas públicas federales. El doctor Kenneth Greene es profesor asociado del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Austin y experto en procesos democráticos e inmigración. “El coste de presentar el caso ante la Corte Suprema sería más nominal que económico. Más que dinero, supone dedicar el tiempo y la energía de los abogados públicos a reunir y redactar los argumentos del Gobierno. Por supuesto, es una cantidad variable, pero no lo consideraría un gasto monetario significativo”, explica a EL ESPAÑOL.

En la misma línea se pronuncia Steven Taylor, profesor asociado del Departamento de Gobierno de la American University de Washington DC, aunque aportando otro punto de vista. A su juicio, este potencial recurso no puede considerarse un derroche porque “es muy probable que Trump gane”.

“En la actualidad el Supremo tiene cuatro republicanos y cuatro demócratas, pero la vacante está a punto de cubrirse con otro republicano, Neil Gorsuch, lo que lograría la mayoría conservadora. El único problema es que con las normas actuales del Senado, Gorsuch necesita el apoyo de 60 de los 100 senadores y los republicanos sólo son 52. No obstante, basta con que los republicanos cambien las reglas para requerir sólo una mayoría simple”, comenta a El ESPAÑOL este experto en política y derechos civiles.

Según argumenta, el eventual recurso al Supremo no supondría un coste económico exagerado, si bien podría toparse con otro tipo de dificultades. “Hay unos gastos legales en estos recursos que no se aplican cuando la administración presidencial presenta un caso. En tales situaciones el Departamento de Justicia tiene el deber de manejar el asunto, representada por el solicitor (abogado) general, que es la tercera persona de mayor rango detrás del fiscal general y el fiscal general adjunto. El problema es que en la actualidad nadie ocupa ese puesto porque el candidato de Trump al cargo, Chuck Cooper, se retiró. Sin embargo, es muy probable que en el momento en que la prohibición migratoria llegue a la Corte Suprema, haya alguien nombrado”.

COSTE MILLONARIO Y PÉRDIDAS

Efectivamente, descifrar el dinero público que se iría en este caso resulta complicado, ya que los letrados trabajan en la nómina gubernamental. Sin embargo, basta con echar un vistazo a lo que costaría a un individuo emprender un proceso similar. Por ejemplo, como ocurrió con la batalla por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sólo pedir a al alto tribunal que considere un caso puede suponer una cifra de entre 100.000 y 250.000 dólares, según una estimación realizada por el prestigioso abogado James Bopp para la emisora Market Place, teniendo en cuenta las tasas judiciales de Washington DC y el coste estimado de los abogados. Si el Supremo acepta entrar en la cuestión  -que en muchas ocasiones puede negarse-, la cifra crece. "Podemos estar hablando de millones”, señala Bopp.

También en el plano económico, esta situación genera otro tipo de costes. Los estados de Washington y Minnesota alegaron que la orden daña sus negocios y universidades, impidiendo que algunos estudiantes y profesores viajen al extranjero -por temor a quedar varados- y disminuyendo los ingresos por impuestos de sus ventas. Pero además, el sector privado también se considera damnificado.

Un informe realizado por la Global Business Travel Association sostiene que se han perdido alrededor de 185 millones de dólares en reservas de viajes de negocios sólo en la semana posterior a la entrada en vigor del bloqueo. Según recoge The Washington Post, Mike McCormick, director ejecutivo de esta organización, pidió la Administración republicana reconsiderar esta medida. "Sostener la prohibición de viajar causará claramente daños nuestra industria y, en última instancia, a la economía".

UNA NUEVA ORDEN

Dejando al margen la cuestión monetaria, incluso si finalmente la Justicia da la razón a Trump, ya sea con un recurso en el Tribunal Supremo o durante el futuro juicio que se celebrará en Seattle, no hay que olvidar que el calendario avanza y que la orden ejecutiva declaraba un veto de 90 y 120 días, por lo que la Administración podría acabar teniendo razón con una orden a punto de caducar que no habría cumplido su cometido.

Por ello, comienza a cobrar fuerza la opción de aprobar una nuevo decreto, algo que según publica la CNN, la Administración federal no ha descartado. Con la redacción de un veto menos restrictivo, que establezca con claridad quién no puede entrar en el país y que permita acceder a los ciudadanos regularizados, podría restablecerse el bloqueo, aunque esto supondría reconocer que la anterior medida fue errónea.

El profesor Kenneth Greene también lo ve factible, ya que esa nueva orden “se superpondría a la anterior y, en ese caso, podría informarse a los tribunales de que la medida en disputa no está ya en vigor”. Por su parte, Taylor coincide en que “Trump tiene la opción de emitir otra orden ejecutiva menos restrictiva que la anterior”, aunque añade que “eso no será necesario una vez que tenga los cinco votos de la Corte Suprema”.

"NO ES UNA DERROTA"

En lo que discrepan ambos expertos es en lo que supone esta sentencia para el magnate. Taylor opina que “esto es más un retraso que una derrota”. “Los jueces de apelación no abolieron la orden; simplemente retrasaron su implementación. En el momento en que el caso se presente ante el Supremo, la Administración Trump dispondrá de los cinco votos necesarios para mantener la prohibición de viajar”, afirma.

Kenneth sí ve el fallo como “una derrota para el presidente en dos sentidos, ya que muestra los límites al uso de una orden ejecutiva y retrasa sus planes de política de inmigración”. “Por el momento, es una victoria para las fuerzas políticas que abarcan desde los republicanos de centro-derecha hasta los demócratas liberales que sostienen que el actual proceso de escrutinio de refugiados es suficiente”.