Michael Flynn, el exasesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, se negará a entregar documentos al Senado para aclarar sus contactos con Rusia.

Flynn se acogerá a las protecciones que le ofrece la Constitución para no entregar documentos solicitados por el Senado relevantes a la investigación sobre el intento ruso de influir en el resultado de las elecciones del pasado noviembre.

Los abogados de Flynn, que fue asesor de seguridad nacional de Trump durante el primer mes del mandato del republicano hasta que se vio forzado a dimitir a mediados de febrero, le han recomendado no entregar documentos incriminatorios sin obtener primero inmunidad.

Según las cadenas Fox News y ABC, que citan a fuentes próximas a Flynn, el exasesor se acogerá hoy a su derecho a no responder en el caso si un gran jurado no lo denuncia o acusa, como defiende la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

El más 'quemado' por la conexión rusa

Flynn se vio obligado a dimitir por la crisis interna creada al haber ocultado información al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre sus contactos con el embajador ruso, Serguéi Kislyak, durante el período de transición.

El exasesor de seguridad nacional es uno los más expuestos a la sospecha de que miembros de equipo de Trump pudieron coordinarse de algún modo con el Kremlin para dañar las opciones de elección de la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton.

La semana pasada, medios estadounidenses revelaron información de inteligencia en la que señalaban que los rusos presumían en privado de poder influir en la Administración de Trump a través de Flynn.

En diciembre de 2015, Flynn viajó a Moscú para participar en el aniversario de la televisión rusa RT, por lo que recibió 45.000 dólares, algo que debería haber revelado debido a que, hasta 2014, fue director de la Agencia de Inteligencia de Defensa.

Además, se investiga el pago de más de medio millón de dólares por parte del Ejecutivo turco para representar sus intereses en Washington, sin que el monto fuera declarado al Departamento de Justicia como exige la ley para actividades de cabildeo de gobiernos extranjeros.

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