Sólo con pasar unos días en alguna gran ciudad de los EEUU es sencillo percatarse de que los extranjeros, como ocurre en la mayoría de países receptores de inmigración, están muy presentes en el mercado laboral, ocupando por lo general puestos de baja cualificación. No es raro escuchar hablar español entre el personal de la limpieza de una empresa, pedir un café a un camarero con acento de fuera o, en los casos más extremos, encontrarse con un reponedor en los pasillos del supermercado Walmart de turno que ni siquiera domina el inglés.
Esta es la inmigración legal -con contratos y seguridad social- que más rápidamente se percibe, pero por supuesto no es la única. Sin salir de las grandes capitales, también puede encontrarse en los departamentos de investigación de las universidades o en los laboratorios de agencias federales como la NASA a científicos extranjeros, europeos y españoles en muchos casos, con algún tipo de visado temporal, a los que estas instituciones patrocinan, aspirando a lograr en algún momento la residencia permanente -'green card' o tarjeta verde'- que estabilice su situación. Un proceso que no es sencillo ni barato, sobre todo cuando implica a parejas e hijos.
Hasta ahora, el sistema de inmigración de los EEUU antepone los criterios familiares a la hora de conceder la residencia, es decir, solicitar uno de estos permisos para un pariente puede resultar menos complicado que hacerlo para un trabajador. En el año 2015, se concedieron un millón de estos visados de residencia permanente. La mayoría de los beneficiados fueron ciudadanos procedentes de México (15,6%), seguidos por personas de la India (6,3%), China (7,3%), Filipinas (5,6) y Cuba (5,4%). Según datos de la Casa Blanca, sólo uno de cada 15 inmigrantes llega a los Estados Unidos gracias a sus habilidades profesionales.
Prioridad a los méritos
La presencia tan visible de los extranjeros con una cualificación baja, unida a los mensajes que responsabilizan a este tipo de inmigración de la caída de sueldos en EEUU, ha favorecido un estado de opinión pública contrario a la llegada de foráneos sobre todo en la parte de la población que el pasado noviembre dio la victoria a Donald Trump.
Este miércoles, en otro intento por apartar el foco informativo de la trama rusa y centrarlo en las políticas que prometió durante la campaña, el presidente sorprendió respaldando un proyecto de ley de dos senadores republicanos de Arkansas, Tom Cotton, y Georgia, David Perdue, que se presentó el pasado febrero y que hasta ahora había pasado desapercibido. Su objetivo es restringir la inmigración legal hasta reducir la concesión de la residencia permanente a la mitad.
El proyecto, bautizado ahora como ‘Raise Act’, aspira a cambiar la norma de 1965 para reducir el número de inmigrantes legales, limitando las ‘green cards’ concedidas por agrupación familiar, dando prioridad a los méritos de los demandantes, anteponiendo a profesionales cualificados que ya dominen el inglés, y que por lo tanto vengan con un puesto de trabajo sin necesitar ayudas públicas. Asimismo, se cancelaría la lotería anual de permisos que EEUU celebra para atraer a nacionales de países pocos representados en su población, y se rebajaría el número de refugiados a la mitad.
Con inglés y salario alto
Entre los criterios que puntuarían más con el nuevo sistema están la formación, el idioma, las ofertas de trabajo bien pagadas y los antecedentes de logros extraordinarios o iniciativas empresariales, según explicó este miércoles el asesor presidencial Stephen Miller en rueda de prensa. La idea, no fomentar la llegada de aquellos que provocarán una caída de los sueldos.
Esta idea de que los trabajadores extranjeros tiran a la baja de los salarios está bastante extendida. Según un informe económico Goldman Sachs de 2016, los inmigrantes documentados e indocumentados representan casi el 20% de la masa laboral de EEUU, si bien sus ingresos son notablemente inferiores a los de la población nativa. Así, el salario semanal medio de los extranjeros es de aproximadamente 681 dólares, frente a los 837 de los nacidos en el país. Aunque esto, como todo, va por sectores.
Francisco es un operador de cámara autónomo, que compite en el mercado con otros profesionales ‘freelance’. “Hay dos rangos de facturación a la hora de contratar la grabación con cámara. Por lo general puedes encontrar dos tipos de presupuestos, el general, de 800 dólares por trabajo, y el presupuesto hispano, que suele ser más bastante más económico”.
Por supuesto, cada profesión y empresa es diferente. Hace un año The Economist entraba en el debate sobre el impacto de la migración poco cualificada, tanto legal como ilegal, en los salarios, con estudios que apuntan en ambas direcciones. Dos economistas, David Card, de la Universidad de California en Berkeley, y George Borjas, de la Universidad de Harvard, analizaron el efecto de una inesperada oleada de inmigrantes cubanos a Miami en 1980.
Mientras Card concluía que esta afluencia no tuvo efecto en los salarios de los puestos poco cualificados, Borjas detectó que los sueldos de los empleados que habían abandonado la escuela secundaria cayeron sustancialmente. En cualquier caso, hay estudios para todos los gustos, dependiendo de la tendencia política de la organización estadística que elijamos. El Center for Immigration Studies (CIS), por ejemplo, es un conocido ‘think tank’ favorable a restringir la inmigración y cuenta con estudios que alertan de la caída de ingresos que representan estos empleados.
Pero por encima de cualquier informe o análisis, quizá la mejor prueba de que EEUU no puede sobrevivir recortando la entrada de inmigrantes de baja cualificación la encontremos en la pura y dura realidad. Sin remontarnos demasiado atrás, este pasado mes de julio, la administración Trump anunciaba que otorgaría 15.000 visados H-2B adicionales ante la escasez de mano de obra en el país.
Este tipo de permisos temporales se dan a perfiles profesionales bajos, para puestos en restauración, hoteles, servicio del hogar o parques de atracciones, entre otros. La noticia chocaba con la intención inicial del presidente de reducir el número de estas concesiones, si bien el Departamento de Seguridad Nacional explicó que la medida buscaba evitar “daños irreparables” a la economía nacional. Incluso se obligó a las empresas que demandaban a estos operarios hacer un juramento de que si no llegaban, se ponía en serio riesgo sus negocios.
Aunque en este caso no estamos hablando de ‘green cards’, la medida refleja la demanda real empleados extranjeros. Cada año la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración concede 66.000 H-2B, pero este 2017 la demanda de mano de obra inmigrante se ha disparado.
Y un dato interesante, según publicaron diversos medios, una de las organizaciones que había demandado estos permisos había sido la del propio Trump para sus hoteles y clubes de golf. No en vano, sólo hay que acercarse a su lujoso hotel de Washington DC para comprobar que buena parte de los empleados allí son hispanos.
Oposición demócrata y republicana
Si hasta ahora los esfuerzos de la nueva administración se habían volcado en hacer frente a la inmigración ilegal, con anuncios como la construcción del muro con México, el aumento de la presión policial o la reducción de subvenciones federales a las ciudades ‘santuario’ que se niegan a cumplir la normativa federal para detener y deportar a los irregulares, este nuevo anuncio del presidente podría suponer una concesión a su electorado más ultra, pero también abrir una crisis en un país que depende laboralmente de la inmigración. Y esto lo saben tanto demócratas como republicanos.
De hecho, la iniciativa de los dos senadores de Arkansas y Georgia, ahora arropada por Trump, tiene pocos visos de salir adelante, con los demócratas en contra y parte de los senadores republicanos dispuestos a no dejarla pasar. Entre estos últimos están John McCain y Lindsey Graham, que aseguran que la medida dañaría a la economía y que el país necesita equilibrar el envejecimiento de la población. Otros líderes, como la congresista republicana de Florida Ros-Lehtinen también se opone, teniendo en cuenta que desde luego afectaría a muchos electores hispanos de su estado, favorables a la reagrupación familiar, en un país con un 15% de población inmigrante.
No obstante, el presidente parece empeñado en que este tema siga presente durante todo su mandato. Y su mensaje sigue ahí, atrayendo a quienes buscan una explicación a la precaria situación laboral que muchos ciudadanos atraviesan: "Esta legislación demuestra nuestra compasión por las familias americanas que luchan y que merecen un sistema de inmigración que pone sus necesidades primero y pone a Estados Unidos en primer lugar".