Bruselas

Cuando el 22 de septiembre de 2015 los ministros del Interior de los Veintiocho acordaron repartirse a 160.000 demandantes de asilo llegados a Grecia e Italia, nadie podía imaginar la fractura sin precedentes que esta medida iba a provocar en la Unión Europea. Era la iniciativa emblemática propuesta por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para mostrar la solidaridad de Europa frente a la crisis de refugiados, que en aquellos días llegaban masivamente a las islas griegas y recorrían la ruta de los Balcanes camino de Alemania. Rumanía, República Checa, Hungría y Eslovaquia votaron en contra de las cuotas obligatorias. Pero los dirigentes comunitarios pensaban que, tras dar batalla, acabarían cediendo y cumpliendo el plan.

Un año después de la decisión, los países miembros sólo han relocalizado a 5.012 refugiados, es decir, el 3,1% de los 160.000 comprometidos, según los datos de Bruselas a 19 de septiembre. Y la división entre la Europa del Oeste y la del Este, lejos de curarse, ha seguido agrandándose. Hungría y Polonia no han acogido a ningún demandante de asilo y Eslovaquia sólo a tres. Además, Hungría y Eslovaquia han recurrido el reparto ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha convocado un referéndum sobre las cuotas para el próximo 2 de octubre.

Datos a 19 de septiembre

"Aunque se han realizado progresos, debe y puede hacerse mucho más a la vista de la presión continuada que siguen experimentando Grecia e Italia", ha dicho a EL ESPAÑOL el comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, en una declaración remitida por correo electrónico. "La relocalización es una prueba concreta de la solidaridad europea en acción y animamos a todos los Estados miembros a mostrar su apoyo", subraya Avramopoulos. El martes se reubicó a 200 personas desde Grecia, la cifra más alta hasta ahora en un día. "Esto demuestra claramente que la relocalización puede acelerarse si hay voluntad política y un sentido de responsabilidad", apunta el comisario de Inmigración.

¿Pero cuáles son las causas del fracaso hasta ahora del reparto de refugiados? Para la investigadora Camino Mortera, experta en cuestiones migratorias del Centre for European Reform, la clave está en "la reticencia de los Estados miembros a aplicar la iniciativa". Y ello pese a los beneficios económicos que los refugiados pueden generar en los lugares de acogida, según ha puesto de relieve un informe del Banco Mundial y Acnur.

Todos los países, incluso los más entusiastas con el sistema como Alemania, están muy lejos de cumplir su cuota. De hecho, apenas media docena (entre ellos, Finlandia, Luxemburgo, Malta o Portugal) supera el 10%. Pero parte de la responsabilidad del fracaso la tiene también el propio Juncker, que planteó este plan "revolucionario" sin haberlo consultado suficientemente con las capitales, apunta Mortera.

Preocupa la seguridad

Por el camino han aparecido otras muchas trabas. Italia y Grecia no tenían la infraestructura necesaria para registrar y tomar las huellas dactilares a los demandantes de asilo. Aunque la situación ha mejorado, todavía hay dificultades como muestra el incendio esta semana del campo de refugiados de Moira, en la isla de Lesbos. Muchos migrantes no querían ser registrados por temor a quedar atrapados, e intentaban seguir su viaje hasta el centro de Europa. 

En los últimos meses ha surgido otro problema: la seguridad. Tras los atentados de París, Bruselas o Niza, los países miembros han extremado los controles y la revisión del historial de cada refugiado para garantizar que no se cuele ningún terrorista, lo que de nuevo retrasa el reparto.

Mención aparte merece el caso de España, que sólo ha recibido hasta ahora a 237 demandantes de asilo, el 1,4% de los 16.231 que tiene asignados. El Gobierno de Mariano Rajoy se opuso inicialmente al reparto alegando que provocaría un "efecto llamada" y que la economía española no tenía capacidad para absorber refugiados por la elevada tasa de paro. Después cambió de postura y aceptó su cuota, pero ha seguido arrastrando los pies y mantiene sus reservas a un sistema de distribución permanente.  

En los últimos meses, la crisis de refugiados ha dado un respiro a los líderes europeos gracias el acuerdo con Turquía en marzo y el cierre de fronteras en la ruta de los Balcanes. Mientras que en los primeros meses del año llegaban a las islas griegas alrededor de 2.000 personas diariamente, desde la entrada en vigor del pacto la cifra se ha reducido a 100 al día. El número de migrantes detectados en el Egeo durante el mes de agosto ha sido un 97% inferior al de agosto de 2015. Hasta el 18 de septiembre habían alcanzado las costas italianas alrededor de 130.000 personas, más o menos la misma cantidad que el año pasado en el mismo periodo.

El desafío de Hungría

Pese a este periodo de relativa calma, la fractura entre la Europa Occidental y la del Este sigue abierta. Durante la cumbre de Bratislava del pasado viernes, los líderes de los cuatro países del denominado grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa) hicieron de nuevo un comunicado conjunto contra las cuotas, distanciándose así del resto, que preferían evitar el tema para no ahondar en las divisiones. "La política migratoria debe basarse en el principio de solidaridad flexible (...) Cualquier mecanismo de distribución debería ser voluntario", dice el texto.

El comunicado llegaba después de que el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean-Asselborn, pidiera expulsar a Hungría de la UE por maltratar a los refugiados. Y a pocos días del referéndum del 2 de octubre sobre las cuotas. La pregunta a la que deben responder los ciudadanos húngaros es la siguiente: "¿Quiere que la Unión Europea tenga derecho a imponer la acogida obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin el consentimiento del Parlamento?".

El Gobierno de Orbán espera una alta participación y una victoria aplastante del 'no' para sostener su pulso con Bruselas. "El resultado tendrá un gran impacto político y jurídico en la UE. Enviará un mensaje insoslayable, también a Bruselas y a las instituciones europeas", dijo el lunes el portavoz de Orbán, Zoltán Kovács, durante una visita a la capital belga. Kovács sostiene que la política migratoria es una competencia nacional y que los países miembros nunca han cedido soberanía a Bruselas en esta materia. Y alega que las cuotas, incluso si son voluntarias, constituyen un "error" porque generan un "efecto llamada".

"El referéndum es un desafío en toda regla a Bruselas", afirma la investigadora del Centre for European Reform. Y resulta difícil darle respuesta. "¿Qué hará la Comisión?¿Activará la opción nuclear, suspender el derecho de voto de Hungría en la UE? ¿O seguirá mandando avisos pero sin hacer nada?", se pregunta Camino. En su opinión, "es la primera vez desde la ampliación de la UE en 2004 que vemos una fractura tan grande entre la Europa del Este y la del Oeste". Una brecha que podría ser "más grave" que el enfrentamiento entre norte y sur durante la crisis del euro.

¿Marcha atrás de Juncker?

Incluso los principales promotores de las cuotas de refugiados parecen querer dar marcha atrás, sin concretar todavía cuál debe ser la alternativa. "Esta decisión, es cierto, ha chocado con obstáculos serios", dijo la canciller alemana, Angela Merkel, durante la cumbre de Bratislava. "Por eso hay que imaginar ahora otros enfoques", agregó. También Juncker ha entonado su mea culpa durante el reciente discurso sobre el estado de la Unión. "Sé que la solidaridad debe ser voluntaria, que debe provenir del corazón, que no puede ser forzada", dijo.

Pero sus portavoces se han apresurado a aclarar que las palabras de Juncker no significan que las cuotas vayan a convertirse ahora en voluntarias, o que Bruselas se plantee retirar su propuesta para un sistema de reparto de refugiados permanente. "El presidente dijo lo obvio. Pero eso no tiene nada que ver con la aplicación de la normativa comunitaria, que no es opcional", ha explicado su portavoz, Margaritis Schinas.

Para Camino Mortera, la división generada por el sistema de cuotas -que un alto funcionario europeo definía recientemente como un "cáncer" para la Unión- tiene una "solución muy complicada". A su juicio, la respuesta podría pasar por avanzar progresivamente hacia un sistema en el que los países miembros se traigan a los demandantes de asilo directamente desde los campos de refugiados, creando así vías de migración legal. 

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