La frontera entre Bulgaria y Turquía ha sido el escenario del lanzamiento este jueves de la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas, una de las medidas estrella de la Unión Europea para hacer frente a la crisis de refugiados y de las pocas que cuentan con el respaldo unánime de todos los países miembros. En la práctica, el estreno se limita a poco más que un cambio de nombre: la nueva Guardia consiste en realidad en reforzar la actual Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), que se creó en 2004. Y comienza con los mismos problemas: poderes y recursos limitados y dependencia de las aportaciones de los Estados.
"Es un día histórico para la Unión Europea", ha proclamado el comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, durante la ceremonia oficial de lanzamiento, en la que ha participado también el director de Frontex, Fabrice Leggeri, y el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov. Bulgaria es ahora, junto con Italia y Grecia, uno de los países miembros donde se concentra la mayor presión migratoria. La UE se ha comprometido a desplegar más personal y vehículos de patrulla en la frontera con Turquía. Pero el acto se ha limitado a una rueda de prensa en una carpa y a la presentación de los vehículos, medios y equipos de la nueva Guardia.
Avramopoulos ha resaltado que el nuevo cuerpo se pone en marcha en un tiempo récord de 10 meses desde que Bruselas hizo su propuesta, cuando lo normal es que este tipo de iniciativas tarden más de dos años. Pero también ha admitido que el lanzamiento de la Guardia de Fronteras es un "acto simbólico" y que ahora "todo está en manos de los Estados miembros", que son los que deben aportar el personal y los medios.
La crisis en Italia, en cuyas aguas se ha rescatado esta semana a más de 11.000 personas, ha sido una de las cuestiones que ha centrado la rueda de prensa. Frontex coordina en aguas italianas la operación marítima Tritón, con 18 barcos patrullando y más de 550 guardias. "Estaremos allí si Italia nos necesita. Son las autoridades italianas las que deben decirnos la ayuda que quieren", ha dicho el comisario de Inmigración. No obstante, ha subrayado que, a diferencia de lo que sucede en Grecia o Bulgaria, la mayoría de los llegados a Italia no son refugiados sino migrantes económicos y que por ello serán repatriados, tarea en la que también colaborará la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Estas son sus principales novedades y carencias:
Más personal y presupuesto
El presupuesto de Frontex sube, pero de forma muy progresiva, desde 238 millones de euros este año hasta 322 millones en 2020. Con este dinero extra, la nueva Guardia debe adquirir sus propios equipos, como lanchas guardacostas. También aumentará el personal, desde los 417 funcionarios actuales hasta un millar en 2020. Además, por primera vez se crea una reserva de 1.500 guardias fronterizos nacionales, que los estados miembros estarán obligados a ceder a Bruselas si la nueva Guardia los pide. España tiene que aportar 111 funcionarios.
Este es uno de los principales retos para la agencia. En pleno caos de la crisis migratoria, Frontex pidió hace un año a las capitales 775 guardias fronterizos para ayudar a Grecia e Italia y sólo logró la mitad. Ahora la cesión es obligatoria pero, como demuestra el caso de las cuotas de refugiados, en última instancia sigue dependiendo de la voluntad de los Gobiernos. Los primeros resultados se verán el 6 de diciembre, fecha en la que debe estar constituida la reserva de 1.500 agentes y otra reserva de barcos, helicópteros y aviones que los países se comprometen a ceder a la agencia.
Nuevas funciones
La Guardia Europea de Fronteras y Costas será responsable de vigilar la evolución de los flujos migratorios y llevar a cabo análisis de riesgo. Como ya ocurre con los tests de estrés a la banca, la agencia examinará una vez al año el grado de preparación y las posibles vulnerabilidades de los países miembros ante un aumento inesperado de la presión migratoria y podrá recomendar medidas correctivas.
También tendrá mandato para organizar, por iniciativa propia, vuelos de repatriación de inmigrantes irregulares y para llevar a cabo operaciones conjuntas con países de fuera de la UE, como Turquía. Finalmente, se amplía su margen de maniobra para participar en operaciones de búsqueda y salvamento. Y se establecen nuevos mecanismos de gestión de quejas para garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
Sin derecho a intervenir
Finalmente, la Guardia Europea de Fronteras no podrá desplegarse en contra de la voluntad del país afectado por una crisis migratoria. Este "derecho a intervenir" era el aspecto más novedoso y a la vez polémico de la propuesta original de la Comisión. Se trataba de evitar que se repitieran casos como el de Grecia, que hasta bien avanzada la crisis de refugiados rechazó la asistencia de la UE, algo que según otros países como Hungría contribuyó a agravar la crisis.
Los Gobiernos europeos han privado por completo a la Guardia Europea de este "derecho a intervenir" en contra de la voluntad de un país. Rechazan ceder nuevos poderes a Bruselas en materia de gestión de fronteras, considerada el último reducto de la soberanía nacional. Para los casos de crisis migratoria grave en los que un Gobierno rechace la asistencia de la UE, la solución que se ha adoptado es permitir al resto de países reintroducir los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen.