Rumanía vive su mayor revolución desde la caída de Ceaucescu

“¡Ladrones, ladrones!”, gritaba la noche del domingo Roxana, una joven que trabaja como autónoma. Alex Bolea, un informático de 35 años que lleva saliendo a la calle desde hace seis días, agitaba una pancarta con la proclama: “No nos vamos, resistimos”.

A pesar del frío, familias enteras, con niños, jóvenes y mayores se juntaban en la sexta noche de protestas pacíficas. Lo mismo ocurrió este lunes y las manifestaciones tienen visos de persistir alimentadas por la desconfianza de la gente hacia su Gobierno.

El sábado en Bucarest se había organizado incluso una protesta de niños. Tambores, eslóganes contra la corrupción, gente que repartía bebidas calientes. “Lo habéis conseguido, nos habéis unido”, se leía en otra pancarta, en alusión al descontento de los manifestantes con sus políticos.

Rumanía vive las mayores protestas desde 1989 -cuando el régimen comunista de Nicolae Ceaucescu fue derrocado- con una movilización espontánea de miles y miles de personas en todas las grandes ciudades del país.

Tras días de presión popular, el primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, del Partido Socialdemócrata, anunciaba en la noche del sábado que derogaba el Decreto 13/2017, desencadenante de la movilización de los rumanos, mediante el cual se despenalizaban ciertos casos de corrupción.

No nos vamos, resistimos

Para los manifestantes, tal medida legal significaba amnistiar casos de corrupción en los que están involucrados miembros del Partido Socialdemócrata, entre ellos, su propio presidente, Liviu Dragnea, acusado de fraude electoral en un referéndum llevado a cabo en el año 2012.

El Partido Socialdemócrata ganó las elecciones el diciembre pasado con un 46% de los votos, pero ya afronta una profunda crisis. Tras la promulgación del decreto, también destacados miembros de la formación han presentado su dimisión como forma de protesta, entre ellos Ciprian Necula y Florin Jianu.

Pero el Ejecutivo no desiste. Este lunes Florin Iordache, Ministro de Justicia, declaró que un proyecto de ley para la modificación del Código Penal será sometido a debate público en los próximos días.

“El  Decreto 13/2017 que ha sido aprobado hace unos días no había sido mencionado durante la campaña electoral y sólo dos semanas después del nombramiento del Gobierno se ha convertido en una emergencia nacional y ha sido impuesto de forma hipócrita” explica Mihai Dimian, profesor asociado en la Universidad Howard en EEUU.

El descontento de la gente ha ido en aumento, sobre todo porque esta medida ha sido percibida como “una mano tendida ofrecida por el Partido Socialdemócrata a varios colegas con expedientes penales abiertos”, comenta este profesor.

Se ha convertido en una emergencia nacional y ha sido impuesto de forma hipócrita

A pesar de las declaraciones oficiales, los manifestantes no confían en los mensajes del Gobierno, aunque haya dado marcha atrás. El domingo 250.000 de personas protestaron en Bucarest delante de la sede del Gobierno; otros muchos miles en el resto de ciudades del país. Los manifestantes entonaban eslóganes como “dimisión”, en referencia a los miembros del Ejecutivo. Mientras tanto, delante del Palacio Cotroceni se manifestaban más de 2.000 simpatizantes del Partido Socialdemócrata.

Vasile Ernu, escritor y analista, explica que “la corrupción no se encuentra sólo en el Partido Socialdemócrata o en las instituciones del Estado. Funciona también en el seno de los demás partidos y en el medio privado. Pero ahora mismo, el Partido Socialdemócrata, a causa del contenido y de la manera en que aprobó este decreto, ha despertado el descontento de la gente contra la corrupción. Las protestas han sido amplias y legítimas y el Gobierno ha tenido que ceder”.

LAS PROTESTAS SEGUIRÁN

A pesar de haber tumbado el decreto que favorecía a los políticos acusados de corrupción, los manifestantes quieren continuar las protestas para presionar al Gobierno. Durante los últimos días, ha habido un intento de desacreditar a los protestatarios acusándolos de estar manipulados. La respuesta de ellos ha sido continuar en las calles para vigilar las decisiones del Gobierno, dada la desconfianza instalada tras el decreto.

“Nuestro descontento es directamente proporcional a la determinación de los políticos de seguir manteniendo y aumentando sus privilegios”, declara la analista política Diana Margarit, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Iasi. Explica que, a pesar de haberse retirado el impopular decreto, existe mucha desconfianza por parte de los ciudadanos hacia los políticos y las decisiones que estos puedan tomar en el futuro y no sólo en relación con la corrupción.

“El  haber derogado el decreto no significa que el Partido Socialdemócrata y sus aliados hayan renunciado a los objetivos mencionados en él. El texto del decreto ha sido trasladado a un proyecto de ley que será sometido al debate parlamentario. La Coalición PSD y ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas) tiene una mayoría numérica en el legislativo rumano”, comenta la analista.

Nuestro descontento es directamente proporcional a la determinación de los políticos de seguir manteniendo y aumentando sus privilegios

Aclara que ninguno de los miembros del Gobierno ha admitido su responsabilidad por los errores cometidos y tampoco ha presentado la dimisión. “Las protestas siguen porque el Gobierno ignora la demanda de la calle”, añade.

Lo mismo opina el profesor Dimian, que está convencido de que la gente seguirá protestando por la falta de credibilidad de las medidas anticorrupción que pueda decidir la coalición en el Gobierno. “Los líderes políticos han dirigido un mensaje a los centenares de miles de manifestantes, les han dejado entender que no están informados y que están siendo manipulados. Sólo han reconocido un error de comunicación por parte del Gobierno, en cuanto al decreto que firmaron. En consecuencia, cuesta vislumbrar la perspectiva de una reconciliación”, afirma.

La calle todavía no ha dicho su última palabra

Los manifestantes afirman que seguirán en la calle a pesar de la rectificación del Gobierno y entre otros motivo, existe la exigencia de dimisión de algunos ministros, como el de Justicia. “Los políticos del Gobierno han retirado este Decreto y, en su lugar, promulgarán  un proyecto de ley que pasara por la aprobación del Parlamento. Pero los manifestantes no se contentan sólo con eso. Han comprendido que pueden provocar más cambios”, explica el escritor Vasile Ernu.

“¿Se pretende la dimisión del Gobierno en pleno? Sobre eso no se puede dar una respuesta unitaria. Algunos sí la desean, otros manifestantes, no. Algunos manifestantes piden elecciones anticipadas. ¿Llegarán a producirse? Es difícil hacer un pronóstico. Lo cierto es que la calle todavía no ha dicho su última palabra”.