"Es un fracaso y una tragedia". Con estas palabras ha definido el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, la fecha del 29 de marzo de 2017. Este miércoles es el día en que la primera ministra británica, Theresa May, activa el artículo 50 del Tratado y pone en marcha el procedimiento de divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. Un punto de no retorno, una cuenta atrás de dos años, que acabará con 44 años de historia compartida.
¿Pero Londres no se ha ido ya?
No. Aunque el brexit triunfó en el referéndum del 23 de junio de 2016 (por el 51,9% de los votos frente al 48,1% de partidarios de quedarse), nueve meses después las negociaciones de salida ni siquiera han comenzado. El resultado de la consulta no tiene valor jurídico para la UE, que necesita una notificación oficial de Londres diciendo que quiere irse. Pero primero dimitió el derrotado primer ministro, David Cameron. Su sucesora, Theresa May, que en campaña apoyó seguir en la UE, se ha tomado todo este tiempo para definir su estrategia negociadora.
En lugar de optar por un brexit blando, un modelo similar al de Suiza o Noruega manteniendo relaciones estrechas con la UE, la primera ministra británica apuesta por una ruptura total, que supondrá el abandono del mercado único y la unión aduanera y que la City pierda el pasaporte que le permite ofrecer servicios financieros en todo el continente. Es el precio que está dispuesta a pagar para poder restringir la entrada de inmigrantes europeos y librarse del Tribunal de Justicia de la UE. May prometió que activaría el artículo 50 antes del final de marzo y ha cumplido su palabra. Los otros 27 países también han sido inflexibles: sin notificación, no hay negociación.
¿Qué dice el artículo 50?
Es el artículo que regula la salida de un país miembro de la UE. En total, 269 palabras en cinco apartados. Se introdujo por primera vez en el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009. Sus autores no tenían en mente a Reino Unido a la hora de redactar esta cláusula de divorcio. Al contrario, pensaban que nunca se usaría, según explicó a EL ESPAÑOL Jean-Claude Piris, uno de los padres del Tratado.
Lo más importante del artículo 50 es que desencadena una cuenta atrás irreversible, un plazo de dos años, para negociar la salida. Al final de este periodo, es decir, el 29 de marzo de 2019, Reino Unido estará fuera de la UE, haya o no acuerdo. El Tratado prevé la posibilidad de aprobar una prórroga por unanimidad, pero es improbable que los 27 lo acepten, ya que quieren que el brexit se complete antes de las elecciones europeas de mayo de 2019.
Según el artículo 50, lo que debe negociarse con Londres es "un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión". El pacto final debe ser aprobado por los países miembros por mayoría cualificada y ratificado por la Eurocámara. May ha prometido que el Parlamento británico también lo votará.
¿Es irreversible?
Sobre esta cuestión hay puntos de vista divergentes. Otro de los autores de la cláusula de divorcio, Lord Kerr de Kinlochard, sostiene que Reino Unido podría decidir quedarse en la Unión incluso después de haber desencadenado las negociaciones de salida. Pero el negociador jefe de la UE, el francés Michel Barnier, que representa a la Comisión, considera que una vez activado, el artículo 50 no puede revertirse de forma unilateral, la cuenta atrás ya no se detiene. Es un punto de no retorno. De hecho, el propio artículo incluye una disposición final que aclara que el Estado miembro que se haya marchado puede pedir el reingreso siguiendo los procedimientos normales.
¿Quién fija las líneas rojas de la UE?
La posición negociadora de la UE, sus líneas rojas para el brexit, la fijarán los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 en una cumbre extraordinaria convocada para el sábado 29 de abril. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentará el primer borrador este viernes 31 de marzo. Aunque durante los dos años de negociaciones, Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho de la UE, los 27 se reunirán regularmente sin Londres para discutir el brexit.
Una vez que los líderes hayan acordado las directrices generales, la Comisión (que con Barnier a la cabeza negociará en nombre de los 27) adoptará un mandato mucho más detallado, que tiene que ser ratificado por los Gobiernos. Sólo entonces podrán comenzar oficialmente las conversaciones de divorcio entre Londres y la UE. Será probablemente a finales de mayo, según los cálculos de Bruselas. También la Eurocámara fijará sus propias líneas rojas en una resolución la primera semana de abril. Pero su papel es menos importante porque sólo debe pronunciarse al final.
Dos son los principios que regirán la nueva relación: 1) Londres se encontrará mecánicamente en una situación menos favorable que un Estado miembro 2) No podrá elegir a la carta lo que quiere del mercado único. La prioridad para los 27 es mantener su unidad, no poner en riesgo el proceso de integración por culpa de Reino Unido.
¿Qué será lo primero que se negocie?
Es el principal punto de desacuerdo ahora mismo entre Reino Unido y la UE. Bruselas sostiene que primero hay que cerrar el acuerdo de salida y sólo después empezar a esbozar el futuro pacto de libre comercio que reclama May. No habrá bastante tiempo para negociar ambas cuestiones en dos años y por eso se necesitará algún tipo de periodo transitorio, según Barnier. Pero el Gobierno británico cree que las dos cosas deben abordarse simultáneamente y resolverse en los 24 meses previstos.
¿Qué pasa con los ciudadanos y la factura del brexit?
Para Bruselas, tres son los temas prioritarios en el acuerdo de salida. En primer lugar, los derechos de los europeos que residen en Reino Unido (3,3 millones) y de los británicos que viven en el continente (1,2 millones). Se trata de resolver cuestiones como el derecho de residencia o el acceso al mercado laboral, las pensiones, las prestaciones sociales, la educación o la sanidad. Un problema complejo que costará "varios meses".
El segundo tema será la factura de 60.000 millones que la UE reclama a Londres por los compromisos adquiridos en materia de financiación. Finalmente, Barnier ve urgente abordar la frontera con Irlanda del Norte, para no poner en riesgo los acuerdos de paz del Viernes Santo en el Ulster. El Gobierno de May coincide en la cuestión de los derechos y la frontera, pero no en la factura, que podría ser uno de los primeros escollos insalvables.
¿Qué piensa España?
La diplomacia británica ya ha empezado a maniobrar para tratar de quebrar la unidad de los 27 y presenta a España y Polonia como los países más cercanos a Londres. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que, aunque apuesta por un divorcio amigable, no romperá filas con el resto de socios. De momento ha logrado que la UE asuma sus tesis y rechace un estatus especial para Gibraltar. Según un informe confidencial publicado por El País, el brexit restará a España hasta 4.000 millones de euros de riqueza, reducirá las exportaciones en 1.000 millones y forzará al Gobierno a aumentar en casi 900 millones su aportación al presupuesto comunitario. El representante de España en las negociaciones es el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo.
¿Cuál es el plazo máximo para un pacto?
"Los primeros meses de conversaciones van a ser los peores. Si hay un enfrentamiento radical, entraremos en una crisis muy grave", augura un alto diplomático de la UE. En realidad, el plazo hábil es muy inferior a los dos años que marca el artículo 50. Además del inicio tardío del diálogo a la espera de las directrices de los líderes europeos, hay que dejar tiempo para que el pacto final sea ratificado por la Eurocámara. "Habrá menos de 18 meses para negociar", ha dicho Barnier. El acuerdo de salida tiene que estar listo como muy tarde en octubre de 2018.
¿Qué ocurre si no hay acuerdo?
También aquí difieren Londres y Bruselas. El Gobierno de May ha coqueteado con la idea de un brexit unilateral. Si las condiciones de salida que ofrece la UE no son beneficiosas, sostiene, Londres se marchará sin acuerdo y optará por un modelo económico de bajos impuestos equiparable al de los paraísos fiscales.
Pero Bruselas dibuja un negro panorama para Reino Unido si no hay acuerdo sobre el brexit y se produce una salida desordenada: problemas de abastecimiento, largas colas de camiones en Dover por la reintroducción de controles aduaneros, perturbaciones del tráfico aéreo en Londres e incluso el fin de la distribución de material nuclear para los británicos.
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