Bruselas ha subido este miércoles el tono contra el creciente autoritarismo del Gobierno de Viktor Orbán en Hungría. Considera que sus iniciativas políticas más recientes, entre ellas su pretensión de cerrar la Universidad Centroeuropea, ponen en riesgo los valores sobre los que se funda la Unión Europea, como el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la libertad o el pluralismo. "Si la examinamos de forma acumulativa, la situación general en Hungría es motivo de preocupación", ha dicho la Comisión Europea.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha eludido activar la "opción nuclear": de momento, descarta expedientar a Hungría por amenazar la supervivencia del Estado de derecho, como sí ha hecho con el Gobierno euroescéptico de Ley y Justicia en Polonia, un proceso que le puede llevar a perder el derecho de voto en la UE. Tampoco se plantea congelar los fondos europeos a Budapest.
La diferencia de trato se debe a que Orbán "está dispuesto al diálogo" con Bruselas, mientras que las autoridades polacas "rechazan hablar sobre cuestiones de Estado de derecho", según ha sostenido el vicepresidente primero de la Comisión, el socialista holandés Frans Timmermans.
En lugar de un expediente, el Ejecutivo comunitario ha acordado este miércoles lanzar un "diálogo político" con las autoridades húngaras, al que invita a participar también a la Eurocámara y el resto de países miembros. Además, amenaza con llevar al Tribunal de Justicia los diferentes temas sectoriales objeto de preocupación si Budapest no recula antes de fin de mes. "Usaremos todos los instrumentos a nuestra disposición según los Tratados para sostener los valores en que se basa nuestra Unión", ha dicho Timmermans.
"La Comisión y los Estados miembros queremos saber qué dirección quiere seguir Orbán en su país", ha resaltado el vicepresidente.
La tibieza de Bruselas con las autoridades húngaras ha indignado al grupo liberal (ALDE) en la Eurocámara, que tacha de "muy decepcionante" la actuación de Timmermans. "Si los países pueden decidir unilateralmente si respetan los valores europeos de la democracia liberal, será el fin del proyecto europeo como lo conocemos", ha dicho su portavoz, Sophie in't Veld.
Por su parte, el grupo socialista en la Eurocámara ha pedido al Partido Popular Europeo -al que pertenecen el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la canciller Angela Merkel o los presidentes de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y del Consejo, Donald Tusk- que expulse al primer ministro húngaro. "La pertenencia de Orbán al PPE supone una burla a su pretensión de defender los valores europeos", ha dicho el portavoz socialista, Gianni Pittella.
Las medias que preocupan a la UE
-El posible cierre de la Universidad Centroeuropea fundada por el magnate George Soros. Es la iniciativa que ha agotado la paciencia de Bruselas con Orbán. Decenas de miles de personas han protestado durante el fin de semana en Budapest contra la nueva ley de Educación Superior que acaba de aprobar el Gobierno húngaro. Una norma cuyo objetivo central según todos los analistas es cerrar esta Universidad, que representa los valores de apertura e internacionalismo que rechaza Orbán.
Para la Comisión, la ley "podría restringir la libertad de pensamiento científico y académico" y por ello examinará si es compatible con las normas de la UE. "La Universidad Centroeuropea debe poder seguir operando en Budapest sin problemas", ha reclamado Timmermans.
-Las restricciones a las ONG. A Bruselas le inquietan también las restricciones que Orbán quiere imponer al trabajo de las organizaciones no gubernamentales. El partido gubernamental Fidesz ha presentado un proyecto de ley que obligará a las ONG que reciban financiación del extranjero, incluso de la UE, a inscribirse en un registro especial. El Gobierno de Budapest sostiene que su objetivo es combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Pero para la Comisión se trata de un intento de silenciar a la sociedad civil y estigmatizar a las ONG más críticas. La comisaria de Justicia, Vera Jourová, lamentaba esta semana que Hungría trata de "disminuir el poder y la influencia de la sociedad civil". "Puede haber razones de interés público legítimas para garantizar la transparencia, pero cualquier medida debe ser proporcionada y no discriminatoria", ha afirmado Timmermans.
-La discriminación de refugiados, gitanos y mujeres. El Ejecutivo comunitario cree que la nueva ley de asilo aprobada por el Parlamento húngaro en marzo. La norma prevé la detención de todos los refugiados en las zonas de tránsito. Budapest se niega además a participar en el reparto de demandantes de asilo acordado por la UE y ha recurrido la decisión ante el Tribunal de Luxemburgo.
Finalmente, Bruselas denuncia la discriminación de los niños gitanos en las escuelas húngaras y la falta de protección para las mujeres embarazadas que trabajan. A la Comisión tampoco le ha hecho ninguna gracia la consulta pública lanzada por Budapest con el ilustrativo lema "Stop Brussels" y presentará sus propias alegaciones.