Bruselas y Londres chocan por la factura de divorcio del 'brexit'

La segunda ronda de negociaciones para el brexit ha concluido este jueves en un ambiente constructivo pero sin ningún resultado concreto. La Unión Europea y Reino Unido han acercado posturas sobre el derecho a quedarse de los ciudadanos, aunque discrepan sobre el papel de garante del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE). Pero las dos partes han chocado frontalmente sobre la factura de divorcio, que Bruselas cifra en 100.000 millones de euros.

El negociador de la UE, el conservador francés Michel Barnier, ha resaltado que una "salida ordenada" de Reino Unido "exige saldar las cuentas". Barnier considera positivo que el Gobierno británico haya reconocido por primera vez oficialmente la semana pasada la existencia de "obligaciones financieras" respecto a la UE. Pero ha exigido a Londres que aclare de forma detallada lo que está dispuesto a pagar y lo que no. La delegación británica no ha presentado ningún documento de negociación sobre la factura de divorcio.

Por su parte, el jefe de la delegación británica, David Davis, se ha negado durante la rueda de prensa final a dar precisiones sobre la factura de salida. Se ha limitado a señalar que Reino Unido dejará de hacer "grandes contribuciones" al presupuesto de la UE tras el brexit y ha coincidido con su colega de gabinete, Boris Johnson, en que Londres no aceptará ninguna cantidad que suponga una "extorsión".

"Una aclaración de la posición de Reino Unido es indispensable para poder negociar y lograr progresos suficientes sobre este expediente", ha insistido Barnier. Y ha avisado que la cuestión de la factura del divorcio es inseparable de los otros dos temas del acuerdo de separación: los derechos de los ciudadanos y la frontera con Irlanda. Si de aquí a octubre no hay "progresos suficientes" en las tres cuestiones, la UE no aceptará negociar el futuro acuerdo de libre comercio que pide May.

Desacuerdo sobre el Tribunal de Justicia

Los negociadores de la UE y de Reino Unido sí han logrado identificar "puntos de convergencia" en la cuestión de los derechos de los 4,5 millones de ciudadanos europeos residentes en Reino Unido y británicos que viven en el continente. "Hay muchas áreas en las que estamos de acuerdo", sostiene Davis. 

No obstante, sigue habiendo discrepancias sobre cuestiones como los derechos de los bebés post brexit o sobre la exportación de prestaciones sociales. Bruselas y Londres tampoco se ponen de acuerdo sobre quién debe ser el garante de estos derechos. El Gobierno de Theresa May propone que sea la justicia británica la que tramite las quejas de los europeos que se queden en Reino Unido. Pero Barnier insiste en que el responsable tiene que ser el Tribunal de Justicia de la UE. "Sólo el TJUE puede interpretar el derecho de la Unión", ha alegado. 

Tampoco ha habido ningún avance concreto en la cuestión de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Las dos partes están de acuerdo en que la prioridad debe ser salvaguardar el acuerdo de paz del Viernes Santo en el Ulster, pero siguen sin dar ninguna pista sobre las medidas concretas que deben adoptarse. 

Durante los cuatro días de negociaciones en Bruselas no se ha abordado en ningún momento la cuestión de Gibraltar, pese a que el ministro principal, Fabián Picardo, pidió la semana pasada a la Comisión una 'frontera blanda' con España para trabajadores y turistas. Las dos partes están de acuerdo en que el Peñón abandonará la UE al mismo tiempo que el resto de Reino Unido y Bruselas ha dado a España derecho de veto para las relaciones futuras entre la UE y el Peñón.