El Tribunal Europeo de Justicia, símbolo de sometimiento a la UE para los británicos euroescépticos, podría mantener “jurisdicción directa” en Reino Unido tras el brexit durante un período de transición e indirecta en el futuro pese a las promesas de Theresa May.
Así lo sugiere un documento divulgado este miércoles por el Gobierno convervador que incluye propuestas para la resolución de disputas entre Reino Unido y la UE y la aplicación de los acuerdos que se forjen a raíz de la ruptura.
El documento augura el “fin de la jurisdicción directa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)” en Reino Unido. Sin embargo, no descarta que el tribunal mantenga su poder durante un periodo de transición tras la salida oficial de Reino Unido, periodo que duraría años.
Por otro lado, el Gobierno británico enumera diversos sistemas utilizados para resolver disputas entre la UE y terceros países en los que el TJUE tiene influencia que podrían servir de base para una futura relación entre Reino Unido y los Veintisiete.
Por ejemplo, el documento menciona el Acuerdo de Asociación entre Moldavia y la Unión Europea, donde el panel creado para arbitrar en posibles conflictos puede referir disputas sobre interpretaciones de la ley comunitaria al TJUE.
El documento también recuerda que la Gran Ley de Derogación que el Parlamento de Westminster debe aprobar para trasladar toda la legislación comunitaria existente antes del divorcio al ordenamiento británico incorporará también la jurisprudencia del TJUE previa al brexit, equiparándola con las decisiones del Tribunal Supremo británico.
Aunque May ha vuelto a subrayar que Reino Unido recuperará su soberanía, el ministro de Estado de Justicia, Dominic Raab, ha reconocido que tanto Londres como Bruselas deberán seguir “medio atentos” a la jurisprudencia en ambos territorios.
Asimismo, la reciente incorporación del término “jurisdicción directa” por parte del Gobierno británico para hablar del futuro poder del Tribunal Europeo de Justicia de Reino Unido ha levantado sospechas sobre la posible aceptación de una influencia indirecta del tribunal tras el divorcio.
“La referencia continua a poner fin a la 'jurisdicción directa' del TJUE es potencialmente importante”, señalaba el responsable laborista para el brexit, Keir Starmer, poco antes de que el Ejecutivo publicara sus propuestas. “Parece contradecir la línea roja que la primera ministra trazó en su discurso en Lancaster House [donde esbozó sus objetivos de cara a las negociaciones con la UE] y el libro blanco del Gobierno”.
Para el grupo europeísta Open Britain, que se opone a una ruptura severa con la UE, el Gobierno ha dado a entender que asumirá la influencia indirecta de la justicia europea. “La postura del Gobierno no podría ser más clara: el Tribunal Europeo de Justicia seguirá siendo clave en Reino Unido tras el brexit”, ha señalado el colectivo, que reclama que Reino Unido continúe en el mercado único europeo.
Frente a la postura de May, la Comisión Europea sostiene que el Tribunal Europeo de Justicia, con base en Luxemburgo, debe de poder pronunciarse sobre los derechos de los ciudadanos europeos que permanezcan en Reino Unido tras la separación.
El Gobierno británico ha publicado sus propuestas sobre la resolución de conflictos con la UE a escasos días de que se celebre la tercera ronda de negociaciones de divorcio en Bruselas en medio de acusaciones de que Londres no tiene clara todavía su posición negociadora.
El Ejecutivo de May confía en empezar a debatir la relación futura con la UE antes de que acabe el año, pero la Unión ha dejado claro que este diálogo no se producirá hasta que no considere que se han producido avances notables en las negociaciones de divorcio.
“Las posturas de la UE, claras y trasnparentes desde el primer día”, tuiteaba al inicio de la semana el jefe negociador de los Ventisiete, Michel Barnier.