La transición del 'brexit' convertirá a Londres en un "vasallo" de la UE

Las exigencias para el periodo transitorio del brexit que han aprobado este lunes los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete -por unanimidad y en un tiempo récord de dos minutos- convertirán a Reino Unido en una especie de "Estado vasallo" sometido a la UE. Este es el diagnóstico que comparten no sólo los políticos británicos más eurófobos, como el conservador Jacob Rees-Mogg, el primero en acuñar esta definición, sino también europeístas convencidos como el ex viceprimer ministro, Nick Clegg. Ambos han atacado a la primera ministra, Theresa May, porque creen que durante esta transición que ella pidió Reino Unido estará en el peor de los mundos: obligado a cumplir todas las reglas de la UE pero sin voz ni voto en la toma de decisiones.

"Por principio constitucional, es un error que un país del tamaño y la importancia de Reino Unido se convierta, en efecto, en un Estado castrado, independientemente de si es por un periodo de tiempo corto o largo", ha escrito Clegg en el periódico Financial Times. A su juicio, es preferible que Londres prolongue el periodo de negociaciones del brexit antes que aceptar esta transición en la que perderá los derechos y privilegios de que disfruta en tanto que miembro de la UE.

El objetivo de esta prórroga, que May pidió oficialmente a Bruselas el pasado septiembre, es facilitar un aterrizaje suave a empresas y ciudadanos británicos, darles más tiempo para adaptarse a los grandes cambios del brexit. Por ello, durante este periodo, Reino Unido seguirá formando parte del mercado único y la unión aduanera. Los Veintisiete proponen que dure un total de 21 meses, desde el 30 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. La fecha final se ha escogido porque coincide con la clausura del actual presupuesto plurianual comunitario. Tanto Bruselas como Londres pretenden cerrar un acuerdo sobre la transición de aquí a marzo y negociar después el futuro acuerdo de libre comercio. Pero el diálogo podría bloquearse si el Gobierno británico, como ya ha sugerido su negociador, David Davis, no acepta las estrictas condiciones que plantea la UE

Reino Unido deja las instituciones de la UE...

El 30 de marzo de 2019, fecha en que se materializa el brexit, Reino Unido pasará a ser un país tercero respecto a la UE. A partir de ese momento, dejará por tanto de estar representado en las instituciones, agencias, organismos y oficinas de la Unión. Perderá los 73 escaños que tiene en la Eurocámara, no estará en las reuniones de los Consejos de ministros de la UE y tampoco habrá un comisario británico en el Ejecutivo comunitario. Es decir, durante el periodo de transición Londres no tendrá ni voz ni voto en las decisiones de la UE. Sólo se consultará a los británicos sobre algunas cuestiones que les afecten directamente, por ejemplo el reparto de cuotas pesqueras, pero tampoco aquí podrán votar. "Estos procedimientos de consulta serán limitados, excepcionales y caso por caso", ha resaltado el negociador europeo, Michel Barnier.

...pero debe acatar todas las reglas de Bruselas...

Pese a perder todos sus derechos políticos, Londres deberá seguir aplicando durante la prórroga todas las reglas de la Unión Europea (lo que en la jerga bruselense se conoce como el acervo comunitario), incluso las que se aprueben tras su salida. Y continuará sometido a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Es decir, todo lo contrario a la recuperación de soberanía que defienden los partidarios del brexit. El Gobierno británico ha pedido a Bruselas una especie de derecho de veto sobre aquellas normas nuevas que amenacen sus intereses vitales. Pero Barnier lo rechaza de plano: "Durante el periodo de transición que quiere Reino Unido, eso no es posible". La UE no está dispuesta a aceptar que Londres pueda elegir a la carta. Eso pondría en riesgo la integridad del mercado único o la autonomía de decisión de los 27.

...y mantener la libre circulación de personas...

En estos 21 meses, Londres deberá seguir pagando al presupuesto comunitario como hasta ahora (alrededor de 10.000 millones de euros al año) y no podrá restringir la entrada de ciudadanos de la UE, que es también una de las prioridades para los partidarios del brexit. Bruselas quiere que los europeos que vayan a vivir y a trabajar a Reino Unido durante la transición tengan también derecho a quedarse para siempre. No obstante, el Gobierno británico sostiene que la fecha de corte para garantizar los derechos de los ciudadanos debe ser la fecha de la salida, es decir, el 29 de marzo de 2019. Por ello, anuncia ya que pondrá en marcha durante la transición un registro de ciudadanos europeos. 

...aunque pierde los pactos comerciales y no puede cerrar nuevos

El 30 de marzo de 2019, Reino Unido saldará automáticamente de 750 acuerdos internacionales en los que participa en tanto que miembro de la UE. No sólo en materia comercial, sino también en otros sectores como la aviación. Es una consecuencia "mecánica" del brexit, ha destacado Barnier. Es decir, dejará de disfrutar de los beneficios de estos pactos, aunque tendrá que seguir acatando sus obligaciones para no poner en riesgo el mercado único. Durante la prórroga de 21 meses, el Gobierno de May puede empezar a negociar nuevos acuerdos comerciales con socios internacionales, por ejemplo el que ha anunciado que quiere cerrar con la administración de Donald Trump, pero estos pactos no podrán entrar en vigor salvo que la UE lo autorice previamente.