¿Cuántos presidentes puede permitirse la Unión Europea?

¿A quién hay que llamar si se quiere hablar con la Unión Europea? La pregunta que lanzó el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, sigue sin tener una respuesta clara. O dicho de otro modo, la UE sufre todavía una inflación de presidentes. Cuando se le concedió el premio Nobel de la Paz en 2012, costó decidir quién iría a recogerlo. Finalmente acudieron a la ceremonia tres presidentes, el de la Comisión, el del Consejo y el de la Eurocámara. Peor suerte corrió el último estudio sobre el futuro de la eurozona, bautizado como 'el informe de los cinco presidentes': a la redacción se sumaron también el del Eurogrupo y el del Banco Central Europeo. Eso sin contar al presidente de turno de la UE, cargo que va rotando cada seis meses entre los jefes de Gobierno comunitarios.

El actual presidente de la Comisión, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, ha dado este miércoles un primer tímido paso para acabar con esta cacofonía de voces tras el brexit. Propone fusionar su cargo con el del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para crear una especie de superpresidente de la Unión. "Si hubiera un único presidente, los dirigentes de los Estados miembros y de los otros países del mundo tendrían un único interlocutor", alega el Ejecutivo comunitario. Se eliminarían duplicidades y confusión, se simplificaría la estructura de la UE y se lograría más eficacia.

"¿Cómo es que la UE, con todos los matices que queramos, funciona bien así ahora? Porque mi amigo Donald Tusk y yo nos entendemos bien. Supongamos por un segundo que los dos presidentes mantuviesen un conflicto abierto: el resultado sería desastroso. El presidente del Consejo Europeo fijaría la agenda como hace ahora y el presidente de la Comisión se negaría a presentar las propuestas para darle seguimiento. Una pesadilla que no quiero que ocurra. Ahora no pasa porque nos hablamos, pero habiendo visto lo que he visto en mi larga vida política, me gustaría excluir también este escenario del futuro", ha explicado Juncker.

A su juicio, la fusión de los dos cargos ayudaría además a superar un "persistente y dañino malentendido": a menudo, se percibe una división artificial entre la Comisión Europea y los Estados miembros. Las decisiones se presentan a nivel nacional como diktats que se imponen a los Gobiernos por parte de los euroborócratas de Bruselas, desconectados de la realidad. El hecho de que una misma persona presida la Comisión y el Consejo Europeo ayudaría, según Bruselas, a cerrar esta brecha artificial.

Pero los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se resisten a cualquier iniciativa que suponga concentrar más poder en Bruselas. En la actualidad, el presidente de la Comisión actúa como representante del interés común europeo de forma independiente de los países miembros. Así fue como Juncker presentó su propuesta de cuotas obligatorias de refugiados, demasiado ambiciosa a juicio de la mayoría de Gobiernos. En cambio, el presidente del Consejo tiene como principal tarea buscar el consenso entre los Veintiocho, lo que a menudo significa optar por el mínimo común denominador. De hecho, Tusk quiere acabar con las cuotas por la fractura que han creado entre la Europa del Este y del Oeste. Los dirigentes nacionales temen que un superpresidente de la UE pueda escapar más fácilmente de su control. 

El propio Juncker es consciente de las dificultades de su empeño y admite que la fusión de cargos no podrá llevarse a cabo a tiempo de las elecciones europeas de mayo de 2019. "Sería pedirle demasiado a los Estados miembros", ha ironizado. Y eso que la fusión de los cargos no necesita ni siquiera una reforma de los Tratados. 

Listas paneuropeas para 2019

Juncker ha propuesto además este miércoles institucionalizar la experiencia piloto que le permitió llegar a su actual cargo. Se trata de que el futuro presidente de la Comisión sea el cabeza de lista paneuropeo de la familia política más votada en las elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019. El objetivo es garantizar que haya un auténtico debate europeo en lugar de un mosaico de campañas nacionales desconectadas y reforzar la legitimidad democrática del escogido.

Este sistema, bautizado con la denominación alemana de Spitzenkandidaten, se ensayó por primera vez en las elecciones de 2014 impulsado por la Eurocámara. Los principales grupos políticos eligieron a sus respectivos cabezas de lista: Juncker era el aspirante del PP europeo; el alemán Martin Schulz, el de los socialistas; y el belga Guy Verhofstadt, el de los liberales. Todos ellos hicieron campaña en varios países de la UE. Los comicios los ganó el PPE y los líderes europeos acabaron aceptando, aunque a regañadientes, que Juncker fuera el presidente de la Comisión. 

Esta iniciativa de cabezas de lista paneuropeos debería reeditarse en las elecciones de 2019, ha pedido el presidente de la Comisión. Pero además deben tomarse medidas adicionales para mejorarla. Entre ellas, una elección más rápida de los candidatos (antes de final de este año) y un inicio anticipado de la campaña electoral; o la emisión de debates entre los candidatos en todas las televisiones públicas. "En 2014 hubo debates pero nadie los vio", se ha quejado Juncker. 

Cuenta de nuevo con el apoyo de la Eurocámara, que reclama que se repita el esquema de los Spitzenkandidaten como condición innegociable para votar al próximo presidente de la Comisión. Pero ni siquiera el más europeísta de los líderes de la UE, el presidente francés Emmanuel Macron, respalda las propuestas del luxemburgués. "Estoy a favor de respetar los Tratados y la separación de poderes", ha dicho Macron esta semana.

Y es que según el Tratado, son los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho los que deben escoger, por mayoría cualificada, al candidato a presidente de la Comisión, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas. Este candidato debe ser después ratificado por mayoría simple por la Eurocámara. El sistema de los Spitzenkandidaten supone un golpe de mano de la Eurocámara para restar poder a los líderes europeos. Una lucha de poder institucional. Y una maniobra que parece difícil que acepten los Gobiernos nacionales. Las propuestas se discutirán por primera vez en la cumbre que se celebra el próximo 23 de febrero en Bruselas.