Bruselas denuncia a Polonia ante el TJUE por socavar la independencia judicial

La inquietud en Bruselas por la deriva autoritaria del Gobierno euroescéptico de Ley y Justicia en Polonia vuelve a marcar niveles máximos. Ni meses de negociaciones con la Comisión Europea, ni la presión del resto de socios de la UE -liderados por Alemania y Francia- han servido para frenar la reforma judicial que promueve el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. Una iniciativa cuyo objetivo, según Bruselas, es hacer una purga de jueces incómodos y someter a la judicatura al control político.

Ante el bloqueo del diálogo y el empeoramiento de la situación en Varsovia, el Ejecutivo comunitario ha decidido este lunes, tras algunas vacilaciones, llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la nueva ley polaca sobre el Tribunal Supremo. Estaba previsto que la denuncia se presentara el miércoles de la semana pasada, pero todo apunta a que la Comisión decidió esperar para no tensionar todavía más la cumbre de Salzburgo.

La ley en cuestión reduce la edad de jubilación de los jueces del Supremo de 70 a 65 años. Una medida que supone el retiro forzoso de 27 de los 72 magistrados de dicho Tribunal, entre ellos su presidenta, Malgorzata Gersdorf, pese a que su mandato no concluye hasta 2020. Bruselas alega que esta norma "es incompatible con el derecho de la UE, dado que socava la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces".

La ley entró en vigor el pasado 3 de abril, pero en las últimas semanas el Gobierno polaco ha acelerado la aplicación del régimen de jubilación forzosa de los jueces del Supremo. El Ejecutivo comunitario considera que esto está "creando un riesgo de perjuicio grave e irreparable para la independencia judicial en Polonia". Por eso ha pedido al TJUE que adopte medidas cautelares y que recurra al procedimiento acelerado para dictar sentencia sobre el caso lo antes posible.

Las medidas cautelares que solicita la Comisión consisten en suspender la aplicación del régimen de jubilaciones, garantizar que los jueces afectados puedan seguir ejerciendo plenamente sus funciones y paralizar el nombramiento de nuevos magistrados para sustituir a los retirados de forma prematura. Si el TJUE acepta el procedimiento acelerado, la sentencia final llegaría en un año (en lugar de los 16 meses de media habitual).

Desde su llegada al poder a finales de 2015, el Gobierno de Ley y Justicia mantiene un pulso con la Comisión Europea por la reforma judicial. Una reforma que Varsovia justifica por la necesidad de acabar con la corrupción y purgar los restos comunistas que a su juicio aún quedan en el aparato judicial. Pero que para Bruselas no es otra cosa que un intento de someter a los jueces al dictado del Gobierno, poniendo así en grave riesgo la supervivencia del Estado de derecho en Polonia.

Sin mayoría suficiente para la 'opción nuclear'

El pulso se agravó en diciembre del año pasado cuando el Ejecutivo comunitario activó por primera vez la denominada "opción nuclear", el artículo 7 del Tratado, que en teoría podría acabar con la suspensión del derecho de voto de Polonia en la UE. En la práctica, el procedimiento está bloqueado por las desavenencias entre los Estados miembros y en particular por la fractura entre los países del Este y del Oeste. Una brecha que se ha agravado por la decisión de la Eurocámara de activar también el artículo 7 contra la Hungría de Viktor Orbán por poner en riesgo la democracia y el Estado de derecho.

Hasta ahora, los Gobiernos de la UE han convocado a Polonia a dos audiencias, la primera en junio y la segunda la semana pasada. En ambas, el Gobierno de Varsovia se mostró inflexible y se negó a proponer medidas para resolver los problemas detectados por Bruselas. Alemania, Francia, España, Portugal, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca respaldaron a la Comisión y pidieron seguir adelante con el procedimiento del artículo 7.

Sin embargo, de momento ni siquiera se ha logrado reunir la mayoría de cuatro quintos de los Estados miembros necesaria para pasar a la siguiente fase. La suspensión del derecho de voto de Varsovia en la UE requeriría una decisión unánime de los otros 27 países. Pero Orbán ya ha anunciado su veto, mientras que el Gobierno polaco también  ha dicho que no apoyará castigar a Hungría. La alianza entre los dos países que defienden una democracia "iliberal" en la UE bloquea de momento las sanciones más duras.