España, a la cola de la UE en aplicar las normas para combatir el terrorismo yihadista

¿Ha bajado la guardia la UE en la lucha contra el terrorismo yihadista? Tras los atentados de París en noviembre de 2015 y de Bruselas en marzo de 2016, los líderes europeos se comprometieron a aprobar un arsenal de nuevas medidas con el fin de crear una auténtica Unión de la Seguridad. A pocos meses de que acabe la legislatura, muchos de estos instrumentos siguen atascados en debates eternos entre los Gobiernos y la Eurocámara. Y los Estados miembros arrastran los pies a la hora de poner en práctica las nuevas leyes que sí se han aprobado, según denuncia la Comisión en su último informe sobre terrorismo, que se publicó justo el día del último ataque en Estrasburgo, en el que murieron 5 personas.

España, que desde los tiempos de la euroorden ha sido la principal impulsora en la UE de las medidas para combatir el terrorismo por su experiencia con ETA, aparece ahora retratada como uno de los peores alumnos. De las seis normas que Bruselas considera prioritarias, nuestro país sólo ha incorporado dos a su legislación nacional: las directivas sobre ciberseguridad y sobre blanqueo de dinero. Las otras cuatro siguen pendientes de aprobar, en diferentes fases de tramitación, pese a que el plazo para aplicarlas expiró hace tiempo. De hecho, el Ejecutivo comunitario ha lanzado cuatro procedimientos de infracción contra España por estos retrasos.

"Las nuevas leyes de seguridad sólo son eficaces si se aplican. Teniendo esto en cuenta, la Comisión pide a los Estados miembros que apliquen con carácter prioritario todas las medidas e instrumentos de la UE acordados en el marco de la Unión de la Seguridad", reclama el Ejecutivo comunitario. "Es fundamental que los Estados miembros apliquen rápidamente las legislaciones europeas en el ámbito de la seguridad a fin de evitar que se produzcan lagunas en el arsenal europeo de medidas contra el terrorismo", avisa el informe de la Comisión Especial sobre Terrorismo de la Eurocámara, que se aprobó también en el pleno de la semana pasada en Estrasburgo.

De las cuatro medidas que España tiene pendientes, el expediente más avanzado es el anteproyecto de ley orgánica que regulará la recogida y almacenamiento de los datos de los pasajeros aéreos para la lucha antiterrorista (PNR, por sus siglas en inglés). Fue adoptado en Consejo de Ministros el pasado 7 de diciembre y ahora debe ser sometido a tramitación parlamentaria. Sin embargo, el plazo para aplicar esta norma, cuyo objetivo es detectar los viajes de terroristas no fichados que han ido a combatir a Irak y Siria y regresan a Europa, venció el pasado 25 de mayo. El Consejo General del Poder Judicial cuestionó el anterior borrador elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy por riesgo de vulnerar el derecho a la protección de datos personales. El nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho nuevos ajustes que han retrasado todavía más su aprobación.

Por lo que se refiere a la directiva sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, el ministerio del Interior ha solicitado informes a todos los departamentos afectados (Exteriores, Defensa, Hacienda, Economía, Industria, Transición Ecológica y Política Territorial) y está elaborando un nuevo texto con las observaciones planteadas. La tercera de las normas urgentes, referida a la protección de datos en el ámbito penal, está siendo tramitada conjuntamente por Interior y Justicia, pero todavía hay varias cuestiones pendientes de resolver antes de proceder a su aprobación.

Sorprendente que España esté en el furgón de cola

Sobre la cuarta medida prioritaria, la última actualización de la directiva de lucha contra el terrorismo, existe una discrepancia entre Bruselas y España. El Gobierno de Sánchez sostiene que ya fue aprobada por el anterior Ejecutivo de Rajoy. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario replica que sólo se le ha notificado una transposición parcial, por lo que expedientó a España el pasado 22 de noviembre. Esta norma obliga a todos los Estados miembros a tipificar como delito conductas como la recepción de adiestramiento para el terrorismo o el viaje con fines terroristas.

En el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska dan a entender que la responsabilidad de arrastrar los pies en la aprobación de estas medidas de la UE para combatir el terrorismo yihadista corresponde a los Ejecutivos de Rajoy. "En los escasos seis meses que lleva este Gobierno se ha dado un importante impulso a estos asuntos, como demuestra el hecho de que ya se haya aprobado el anteproyecto de transposición de la directiva sobre registro de nombres de los pasajeros aéreos", explican a EL ESPAÑOL fuentes del ministerio del Interior.

"Ciertamente, resulta sorprendente que siendo una referencia en materia de lucha antiterrorista, España aparezca ahora en el furgón de cola de la transposición", señala a este periódico la eurodiputada de UPyD-ALDE Maite Pagazaurtundúa, miembro de la Comisión Especial sobre Terrorismo del Parlamento Europeo. A su juicio, hay dos factores que podrían explicar este retraso. En primer lugar, el diferente acento en la interpretación de las directivas del PP y del PSOE o las objeciones que planteó el Consejo General del Poder Judicial a la norma sobre datos de los pasajeros aéreos.

"También el contexto influye: la debilidad de los Gobiernos en los últimos tiempos. El anterior, muy debilitado en su etapa final; y el presente, muy débil en sus apoyos parlamentarios. Esta circunstancia no ayuda porque los Gobiernos utilizan muchas de sus energías en sobrevivir y, en el caso del actual Gobierno, está muy centrado en cuestiones muy ideológicas que marquen su perfil electoral", sostiene Pagazaurtundúa. 

Completar las iniciativas en materia de seguridad

Además de las normas ya aprobadas que los Estados miembros no aplican, la Comisión denuncia en su informe que hay una serie de expedientes prioritarios en materia de seguridad que siguen pendientes de adopción por la Eurocámara y los Gobiernos. Los más urgentes -resalta Bruselas- son las propuestas para conseguir la interoperabilidad de las bases de datos de la UE en el ámbito de la seguridad, la migración y la gestión de las fronteras, el refuerzo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), la norma para obligar a las plataformas digitales a eliminar los contenidos terroristas de la web y la mejora en el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas.

"Estamos ahora en la recta final de esta legislatura y debemos redoblar los esfuerzos para rematar el trabajo iniciado. Nuestros ciudadanos esperan que les ofrezcamos una Europa que protege", ha subrayado el comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos. El Ejecutivo comunitario reclama a todas las partes que se esfuercen por aprobar todos estos expedientes durante los primeros meses de 2019, antes de las elecciones europeas de mayo. Es fundamental para cerrar los espacios en que se mueven los terroristas, asegura.

Por su parte, la Comisión Especial sobre Terrorismo de la Eurocámara, que se puso en marcha en septiembre de 2017, propone un nuevo arsenal de medidas para evitar nuevos atentados yihadistas en suelo europeo. ¿Cuál es la que debería aplicar España con más urgencia? "En prevención de la radicalización violenta, no sólo en las cárceles, no sólo en las mezquitas, tenemos mucho trabajo por hacer desde las comunidades locales. La creación de la lista negra de imanes radicalizados y expulsados ayudará a todos los Estados miembros a evitar una proliferación de la radicalización violenta", responde Pagazaurtundúa.

El Parlamento Europeo denuncia que el intercambio de datos entre las agencias y las autoridades nacionales y comunitarias sigue siendo insuficiente. Asimismo, subraya la importancia de salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales, incluidos la protección de datos y la libertad de expresión, a la hora de definir la política antiterrorista. Para la Eurocámara, la prioridad debe ser reforzar el papel de Europol, la agencia europea de cooperación policial, así como garantizar la protección de las víctimas, con medidas como la prohibición de homenajes a terroristas y la tipificación como delito en toda la UE de la glorificación de los atentados.