Matteo Salvini, en declaraciones a los medios de comunicación tras ser absuelto. Reuters
La absolución de Matteo Salvini por impedir el desembarco del Open Arms refuerza la línea dura sobre migración en la UE
- El gobierno de Meloni, del que forma parte el político ahora absuelto, abandera las políticas más restrictivas contra la inmigración de los países grandes de la UE.
- Más información: Matteo Salvini, absuelto del bloqueo durante 20 días del desembarco de 147 inmigrantes del Open Arms en 2019
Un sonriente Matteo Salvini comparecía ante la prensa el viernes por la tarde a su salida del juzgado. "Luchar contra los traficantes de personas no es un delito", exclamaba tras ser absuelto por bloquear en 2019 el desembarco en suelo italiano de más de un centenar de inmigrantes que viajaban a bordo del barco de la ONG Open Arms tras haber sido rescatados.
Cinco años después del suceso, el Tribunal de Palermo dictaba sentencia y exoneraba al entonces ministro del Interior de cualquier tipo de responsabilidad. Estaba imputado por los delitos de secuestro de personas y omisión de actos oficiales.
"Ha ganado el sentido común y el concepto de que defender la patria, luchar contra los traficantes de personas y proteger a nuestros hijos no es un delito, sino un derecho", celebró Salvini, en unas palabras que recuerdan a la política de mano dura contra la inmigración que está cobrando cada vez más adeptos en el marco de la Unión Europea.
En este aspecto, desde las posturas más vinculadas a la derecha italiana se ha celebrado la sentencia. No sólo porque Salvini forma parte desde 2022 del gobierno de coalición de Giorgia Meloni ejerciendo como vicepresidente y ministro de Infraestructuras y Transportes, sino porque llega en un momento en el que la Justicia italiana había frenado la iniciativa estrella contra la inmigración de la primera ministra.
El Ejecutivo italiano puso en marcha en octubre su plan de enviar migrantes en un barco a Albania -país no comunitario-, a un centro de internamiento y repatriación. En un primer envío, se mandaron 16 migrantes, que quedarían allí a la espera de que se estudiasen sus solicitudes de asilo.
Sin embargo, la Justicia declaró ilegal la reclusión y posible deportación de los inmigrantes porque los países de los que provenían, Bangladesh y Egipto, no pueden considerarse seguros. El Ejecutivo trasalpino respondió estableciendo por ley una nueva lista de países seguros. En noviembre volvió a mandar a otros ocho migrantes a Albania.
Pese a la polémica y al puntual varapalo judicial, la medida fue acogida con interés por buena parte de la derecha europea, e incluso de la izquierda. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, transmitió por carta a los líderes comunitarios un plan de 10 puntos para hacer frente a la crisis migratoria, algo respaldado por todos los grandes países del bloque salvo España.
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El Gobierno de Pedro Sánchez defiende casi en solitario que la prioridad debe ser poner en práctica el Pacto de Migración y Asilo que se cerró bajo presidencia española. Y rechaza medidas más duras para combatir la inmigración ilegal, que sí cuentan con el apoyo de Alemania, Francia, Italia o Polonia.
Desde Moncloa se reiteró la posición esta semana en el marco de la reunión de ministros de Interior y Justicia. "Cada vez que ha habido algún intento de esas 'soluciones innovadoras' que restringan derechos, desde luego ha recibido un tirón de orejas por parte de la legislación internacional", declaró la ministra del ramo, Elma Saiz, citando la locución del plan de Von der Leyen.
Veinte días de bloqueo
Salvini, para quien la Fiscalía reclamaba 6 años de cárcel, estaba imputado de los delitos de secuestro de personas y omisión de actos oficiales por su inflexible y polémica doctrina de "puertos cerrados" a los barcos de ONG como Open Arms.
Los hechos se remontan al mes de agosto de 2019, cuando Salvini era vicepresidente y ministro de Interior de otro Gobierno, con la coalición entre su formación y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) del entonces primer ministro Giuseppe Conte.
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El político se obcecaba entonces en vetar el atraque en sus puertos a las naves humanitarias que rescataban inmigrantes en la ruta del Mediterráneo central y, por eso, negó durante veinte días el desembarco de 147 inmigrantes rescatados por Open Arms.
El veto terminó cuando el entonces fiscal de la ciudad siciliana de Agrigento (sur), Luigi Patronaggio, permitió el desembarco de los rescatados en la isla italiana de Lampedusa tras subir a bordo de la embarcación y constatar el estado en el que se encontraban tras veinte días a merced del sol y las olas.
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El 20 de agosto de 2019 finalmente pusieron pie en el puerto de Lampedusa un total de 83 inmigrantes, pues el resto habían sido evacuados en los días anteriores por motivos sanitarios.
El proceso judicial
Las partes enfrentadas tuvieron este viernes la oportunidad de intentar ganarse a un juez de rictus serio: la fiscal, Marzia Sabella, insistió en que Salvini debía ser condenado, alegando que la nave Open Arms "no suponía un riesgo para la seguridad nacional", recuerda Efe.
La abogada defensora, Giulia Bongiorno, jugó al ataque, denunciando "errores" en la tesis de los fiscales y acusando a la ONG española de utilizar a los inmigrantes en una especie de pulso a Italia, ya que podía dirigirse a su país, España.
"Las fronteras, al contrario de lo que se piensa, no son instrumentos de discriminación sino un escudo de paz. Si no existieran, reinaría el caos", zanjó la también senadora de la Liga.
El juicio a Salvini ha sido posible después de que el 30 de julio de 2020, ya en la oposición tras romper su coalición con el M5S, estos y el Partido Demócrata (socialdemócrata) votaran a favor de retirarle la inmunidad parlamentaria.
La última audiencia de este juicio en primer grado tuvo lugar en el aula "búnker" de la prisión Pagliarelli, normalmente usada para los peores criminales de la mafia siciliana y que hoy se llenó de guardaespaldas por este imputado ilustre, acompañado por algunos de los "pretorianos" de su partido, que rompieron en aplausos y vítores con el veredicto.
