España, a la cola de la UE en percepción de la independencia judicial

El sistema judicial español vuelve a suspender en el barómetro anual que ha publicado este viernes la Comisión Europea, sobre todo por su percibida falta de independencia entre ciudadanos y empresas. El 55% de los españoles tachan de mala o muy mala la independencia de tribunales y jueces (un empeoramiento de 6 puntos respecto a 2018), mientras que sólo el 37% creen que esta independencia existe en la práctica (dos puntos menos que el año pasado). El 8% restante no sabe o no contesta, según los datos de una encuesta del Eurobarómetro.

Estas cifras sitúan a España como el cuarto país de la Unión Europea cuyos ciudadanos desconfían más de la justicia, lo que supone un empeoramiento de dos puestos respecto al año anterior. Sólo Croacia, Eslovaquia y Bulgaria obtienen resultados más negativos. El sistema judicial español está peor valorado entre sus ciudadanos que los de Hungría o Polonia, dos países a los que Bruselas ha expedientado por poner en riesgo el Estado de derecho; o que el de Rumanía, que suscita también una fuerte preocupación en la UE. La clasificación la encabezan Dinamarca, Finlandia, Austria y Suecia.

La mala imagen de la justicia española entre los ciudadanos contrasta con la percepción del propio Ejecutivo comunitario. Durante las últimas semanas, la Comisión ha defendido reiteradamente al sistema judicial español frente a los ataques de los políticos secesionistas catalanes en el marco del juicio al procés. Su vicepresidente primero, Frans Timmermans, replicó la semana pasada al conseller de Exteriores catalán, Alfred Bosch, que España es un Estado de derecho pleno donde se respeta la independencia judicial y los derechos fundamentales.

¿Por qué ha empeorado la percepción de la independencia judicial en España en el último año? ¿Tiene que ver con el juicio a la cúpula del procés?, le han preguntado durante la rueda de prensa de presentación del barómetro a la comisaria de Justicia, Vera Jourová. Pero ella no ha querido mojarse. "Ya me gustaría saberlo. No dispongo de un análisis tan detallado. Corresponde a los expertos españoles analizar nuestros datos y buscar la explicación a esta tendencia", se ha limitado a contestar. 

La principal razón que citan los españoles para explicar la parcialidad de jueces y tribunales es la presión del Gobierno y los políticos (43%), seguida de la interferencia de los poderes económicos (41%). Para un 29% de los encuestados, es el estatus y la posición de los jueces la que no garantiza suficientemente su independencia.

Retrasos masivos y escasa presencia de mujeres

También las empresas valoran negativamente a la justicia española. El 57% de las compañías encuestadas creen que le falta independencia y sólo el 36% consideran que los tribunales son imparciales. En este indicador, España ocupa el séptimo lugar por la cola: los peores son Croacia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia y Portugal. Los países miembros en los que las empresas confían más  en la justicia son Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, Austria e Irlanda.

España se encuentra también entre los Estados miembros donde más tiempo se tarda en resolver procesos civiles y mercantiles. En 2017, la duración media se situó en 604 días si se tienen en cuenta todas las instancias judiciales. Sólo Italia y Malta registraron resultados peores. Lo mismo ocurre con los casos administrativos, en los que España vuelve a estar a la cola de la UE con una duración media de 515 días. O en los procesos sobre blanqueo de dinero (550 días).

El gasto de España en justicia se sitúa alrededor de la media comunitaria, con 86 euros por habitante y año (el 0,3% del PIB). Nuestro país está a la cola de la UE en número de jueces (11,5 por cada 100.000 habitantes, frente a 43,2 en Croacia), pero se sitúa entre los primeros de la clasificación en número de abogados (309 por cada 100.000 habitantes).

Finalmente, España es también farolillo rojo de la UE en presencia de mujeres en la judicatura. En los tribunales de primera instancia, la proporción de juezas alcanza el 61%, pero cae al 37% en segunda instancia y sólo llega al 15% en los Tribunales Superiores, el porcentaje más bajo entre los 28 Estados miembros.