Bruselas

La ofensiva política y jurídica que ha emprendido el expresidente catalán, Carles Puigdemont -huido en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de octubre de 2017- para tratar de desacreditar a España en la Unión Europea empieza a volverse en su contra. Después de que el Tribunal de Justicia diera el lunes la razón a la Junta Electoral Central y rechazara reconocerle como eurodiputado, la Comisión ha tumbado este miércoles la campaña de recogida de firmas que pretendía lanzar para forzar a la UE a sancionar a España por vulnerar los derechos de los catalanes.

Puigdemont había pedido al Ejecutivo comunitario el registro de una iniciativa ciudadana europea, cuyo objetivo era recabar un total de un millón de firmas en al menos siete Estados miembros contra España. La iniciativa reclamaba a Bruselas activar el denominado 'botón nuclear', el artículo 7 del Tratado, que podría acabar con la suspensión del derecho de voto de España en las decisiones comunitarias. Un expediente que hasta ahora sólo se ha lanzado contra Polonia y Hungría.

Los organizadores de esta iniciativa, entre los que estaba también la Asamblea Nacional Catalana, sostenían que su objetivo era "activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España y, de esa forma, garantizar los derechos y libertades de las minorías y del conjunto de los ciudadanos españoles a través del Derecho y los instrumentos de la Unión". El propio Puigdemont presentó el plan el pasado dos de mayo.

Pero la Comisión ha decidido este miércoles declarar la iniciativa "inadmisible". Es decir, los partidarios de Puigdemont ni siquiera podrán iniciar la recogida de firmas. El argumento de Bruselas es que el único objetivo que puede tener una iniciativa ciudadana europea -equivalente a la iniciativa legislativa popular en España- es promover un acto jurídico europeo, y no sanciones contra un país.

"La Comisión ha decidido que no puede registrar una iniciativa ciudadana que lleva por título 'Legislación de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas' porque sus organizadores no invitan a la Comisión a hacer una propuesta de ley, que es el único propósito de la iniciativa ciudadana europea", ha explicado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Bruselas ha concluido que "la iniciativa está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para proponer un acto jurídico para la aplicación de los Tratados de la UE, y, por consiguiente, la considera inadmisible".

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