Sánchez pide ayuda a la UE para pagar los estragos de la DANA y cifra en 2.270 millones los daños

El Gobierno de Pedro Sánchez cifra en 2.270 millones de euros los daños directos totales causados por el temporal de gota fría (DANA) que asoló el Mediterráneo español (en particular Alicante, Murcia y Andalucía) en la semana del 12 al 15 de septiembre y que dejó 6 muertos y provocó graves inundaciones. Esta es la cantidad que consta en la solicitud que ha enviado España a Bruselas para activar las ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, pensado para intervenir en caso de catástrofes naturales y aportar la solidaridad comunitaria a las regiones siniestradas.

"Podemos confirmar que hemos recibido una solicitud de España pidiendo apoyo financiero del Fondo de Solidaridad de la UE tras los daños causados por las condiciones meteorológicas extremas en el sureste del país en septiembre", explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias. El Ejecutivo comunitario ha analizado ya la demanda y ha llegado a la conclusión de que necesita información adicional. "Ahora estamos esperando la respuesta de las autoridades españolas para continuar el proceso", agregan las fuentes.

La cifra de 2.270 millones de euros en daños directos es importante porque servirá de base para calcular el total de ayuda que la UE concede a España y que depende del nivel de riqueza relativa del país. Según las reglas, el Fondo de Solidaridad se activa en caso de catástrofes graves cuyo impacto directo supere el 0,6% del PIB del Estado miembro afectado o 3.000 millones de euros, un umbral que no se alcanzaría en el caso de la DANA. La normativa prevé también su intervención para "desastres regionales" cuyos daños superen el 1,5% del PIB de las comunidades afectadas.

Si finalmente la Comisión acepta la solicitud del Gobierno de Sánchez, la ayuda de la UE a España ascendería a alrededor de 57 millones de euros. Es decir, el 2,5% del daño directo total. Tanto la Eurocámara como las capitales deben aprobar la propuesta de ayuda financiera de Bruselas. Es decir, el Fondo de Solidaridad no es un instrumento de respuesta rápida para atajar las consecuencias de un desastre natural, sino que sirve para cubrir a posteriori parte del gasto público nacional dedicado a las operaciones de primera necesidad.

En concreto, el dinero puede destinarse a medidas como el restablecimiento de las infraestructuras básicas de energía, agua, sanidad o educación; alojamientos temporales de los damnificados; operaciones de limpieza o medidas de protección del patrimonio cultural. No se incluyen los daños a la propiedad privada ni la pérdida de ingresos, considerados no asegurables. Las solicitudes deben llegar a Bruselas en un plazo de 12 semanas a partir de la fecha del primer daño causado por la catástrofe.

El Fondo de Solidaridad de la UE se creó como respuesta a las grandes inundaciones del verano de 2002 en Alemania. Su presupuesto anual máximo es de 500 millones de euros, además de los fondos restantes del año anterior. Desde su puesta en marcha, se ha utilizado en 80 catástrofes de muy diversos tipos, como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y sequías. Se ha ayudado a 24 países con más de 5.500 millones de euros.

Aproximadamente la mitad de esta cantidad (2.800 millones) se la ha llevado Italia, que es hasta ahora el principal beneficiario del Fondo de Solidaridad. El Gobierno de Roma ha recibido también la ayuda más alta concedida por el fondo (1.200 millones) en respuesta a los terremotos que golpearon en 2016 y 2017 las regiones de Abruzzo, Lazio, Marche y Umbría. 

Por detrás de Italia se encuentra Alemania, con una asistencia total de 1.000 millones de euros. El resto de Estados miembros han recibido cantidades muy bajas que en ningún caso superan los 300 millones. España ha recibido hasta ahora 34,2 millones: 8,6 para hacer frente a los vertidos del Prestige en 2003; 21,1 millones para el terremoto de Lorca de 2011; 1,3 millones para incendios en la frontera con Portugal en 2003 y 3,2 millones para un desastre similar en 2017.