Al final han ganado el pulso los Estados miembros que se niegan a acoger a refugiados o migrantes, como Hungría y Polonia, pero también Austria. Los grandes perdedores son Italia, España o Grecia, los países que están en primera línea de la frontera exterior de la UE y reclaman más solidaridad a sus socios para hacer frente a la presión migratoria.
Tras varios aplazamientos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado por fin este miércoles lo que denomina nuevo Pacto de Migración y Asilo. En realidad, su única innovación es que entierra definitivamente una de las políticas emblemáticas que puso en marcha su antecesor en el cargo, Jean-Claude Juncker: el reparto obligatorio de demandantes de asilo entre todos los Estados miembros.
Como respuesta a la crisis de refugiados de 2015, la Comisión de Juncker planteó la distribución por toda la Unión de 160.000 migrantes llegados a Grecia e Italia. También propuso un mecanismo permanente de cuotas obligatorias para situaciones de crisis. Una política que provocó una brecha sin precedentes entre los países del Este y del Oeste, que todavía no se ha curado.
Las iniciativas de Juncker acabaron además en fracaso. En dos años, sólo se reubicó a 29.000 personas y 13.000 migrantes siguen varados en el campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, destruido en un incendio a principios de mes. Además, la reforma de la política migratoria y de asilo de la UE lleva años bloqueada por los desacuerdos entre los Gobiernos: cada vez que una ONG rescata migrantes en el Mediterráneo, cuesta días ponerse de acuerdo sobre dónde deben desembarcarse y cómo tienen que repartirse.
Solidaridad a la carta
Ahora Von der Leyen pretende empezar desde cero y buscar "un nuevo equilibrio" entre responsabilidad y solidaridad en la gestión migratoria. Su objetivo declarado es "reconstruir la confianza entre los Estados miembros" y "restablecer la confianza de los ciudadanos en nuestra capacidad de gestionar la migración como Unión". Y para ello, la Comisión renuncia definitivamente a las cuotas obligatorias de reparto.
La presidenta Ursula von der Leyen, durante la presentación del Pacto de Inmigración
El nuevo Pacto incluye un "mecanismo de solidaridad" para asistir a países como España, Italia o Grecia en caso de un aumento repentino de la presión migratoria. Pero se trata de un sistema basado en "contribuciones flexibles" por parte del resto de los Estados miembros, según la terminología que utiliza la propia Comisión.
Es decir, cada país será libre de elegir si acoge a refugiados y migrantes o si opta por otras alternativas. Entre las posibilidades que contempla Bruselas se encuentra "patrocinar" la repatriación de inmigrantes económicos que no tienen derecho al asilo, pero también construcción de infraestructuras, apoyo operativo o incuso asistencia técnica.
Por lo demás, Von der Leyen apuesta por reforzar las fronteras exteriores de la UE con un mayor despliegue de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y aumentar la tasa de repatriaciones de irregulares, que actualmente no llega ni al 40%. Para ello, se redoblará la presión sobre los países de origen y tránsito para que acepten firmar acuerdos de readmisión. Para los que no cooperen, se endurecerá la política de concesión de visados e incluso podrían congelarse ayudas.
Sánchez, en contra
El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha hecho saber -incluso antes de conocer los detalles finales- que no le gusta este nuevo plan de Von der Leyen. Considera que, para ganarse a Polonia o Hungría, ha optado por un sistema de "solidaridad a la carta" que acaba premiando a los países que no están dispuestos a acoger migrantes ni a hacer nada para afrontar el problema migratorio, según explican fuentes diplomáticas.
España ve imprescindible un sistema de cuotas obligatorias de migrantes, algo que sigue siendo tabú para los países del Este. El nuevo Pacto impone además una carga desproporcionada sobre España, Italia o Grecia al hacerles responsables de los "movimientos secundarios" de los migrantes que en realidad quieren ir a Holanda o Alemania, señalan las fuentes.
Grande-Marlaska y la comisaria de Interior, Ilva Johansson, durante una visita a Mauritana en septiembre
"La reforma debe crear un mecanismo obligatorio de distribución justa basado en criterios concretos, en particular cuando un Estado miembro sufre una presión desproporcionada. El recurso por parte de los Estados miembros a otras medidas de solidaridad que no sean la reubicación debe ser una excepción y sólo por razones motivadas", señala el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una carta conjunta con Francia, Alemania e Italia enviada a la Comisión el pasado abril.
La propuesta de Von der Leyen tiene ahora que ser discutida y aprobada por los ministros del Interior de la UE. Un debate que, atendiendo a las primeras señales que llegan de las capitales, será muy largo y difícil.