Italia estudia prolongar el estado de emergencia hasta el 31 de enero

El Gobierno italiano estudia prolongar hasta el próximo 31 de enero el estado de emergencia, que está vigente hasta el 15 de octubre, para poder afrontar con rapidez mediante decretos urgentes cualquier medida necesaria en la actual situación de la pandemia en Italia.

Según las informaciones que publican este jueves los medios italianos, la persistencia de la emergencia ha sugerido a los expertos de comité técnico-científico, creado para asesorar al Gobierno, la necesidad de extender el tiempo del estado de emergencia al menos los primeros meses de este otoño-invierno.

Esta posibilidad se analizó anoche en un Consejo de Ministros en el que también surgió la necesidad de relanzar una campaña para convencer a los italianos de que utilicen la aplicación para teléfonos móviles de rastreo y que por el momento ha sido un fracaso ya que sólo se la han descargado cerca de un millón y medio de residentes en Italia.

El Gobierno italiano declaró el estado de emergencia en enero de 2020, cuando aún no se habían detectado casos autóctonos como medida para mantener la cautela y la alerta y desde ese momento se fue renovando.

En este periodo, el Consejo de Ministros ha aprobado diferentes DPCM, los decretos emitidos personalmente por el presidente del Gobierno, en los que se han incluido las medidas para combatir los contagios o las ayudas económicas ante la crisis derivada de la pandemia.

El Consejo de Ministros puede decidir sobre el estado de emergencia nacional, sin necesidad de pasar por el Parlamento, para eventos de gravedad de tipo C, es decir a nivel nacional.

Esta herramienta también se adopta para todas las emergencias de importancia nacional que deban ser atendidas con prontitud como puede ser en el caso de terremotos.

El estado de emergencia otorga al Gobierno y a la Protección Civil poderes "extraordinarios" o "especiales" e incluso la posibilidad de derogar leyes si fuese necesario. El Código de Protección Civil define su duración en un máximo de doce meses, prorrogable otros doce en caso de reconocida necesidad.

Ante las críticas que generaron la aprobación de los primeros DPCR, se decidió que finalmente los siguientes tendrían que pasar por la aprobación del Parlamento.