El Parlamento Europeo apuesta por poner en marcha una reforma de la orden europea de detención y entrega (OED) que tendría entre sus objetivos evitar que se repita el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsellers fugados, cuya entrega a España por rebelión o sedición ha sido rechazada tanto por Alemania como por Bélgica. En concreto, la Eurocámara pide añadir los ataques "contra la integridad constitucional" de un Estado miembro realizados con "violencia" a la lista de delitos de la euroorden para los que la entrega es automática.
La propuesta -cuyo ponente es el eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos- ha sido aprobada este martes en el comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara con 45 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones. Tanto el PSOE como Ciudadanos han respaldado la reforma, pero Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), socios del Gobierno de Pedro Sánchez, han votado en contra. Vox se ha abstenido.
En la actualidad, la euroorden incluye una lista de 32 delitos para los que la entrega a otro Estado miembro es automática, pero en ella no figuran ni la sedición ni la rebelión. En su propuesta original, Zarzalejos planteaba añadir "los delitos contra el orden público y la integridad constitucional de los Estados miembros". El compromiso final aprobado este martes añade la coletilla de "cometidos mediante violencia".
Precisamente, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que actuó como ponente en la sombra del informe, ha decidido al final abstenerse, entre otras cosas, por la exigencia del requisito de la violencia. "Cualquier delito, violento o no, debe llevar a la inmediata aplicación de la euroorden", explican fuenes de la formación.
La Eurocámara quiere añadir también a la lista la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio de guerra y contra la humanidad; los abusos sexuales; y determinados delitos relacionados con el medio ambiente y la evasión fiscal.
"El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión", ha asegurado Zarzalejos en un comunicado.
También Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos, se ha felicitado por la aprobaciñon del informe sobre la euroorden. "La impunidad derivada de un rechazo infundado de ejecución de una orden de detención europea, puede tener también un impacto negativo en el Estado de Derecho, sistema judicial, en la confianza pública en las instituciones, en las propias víctimas y en la sociedad en general”.
El informe se votará en las próximas semanas en el pleno de la Eurocámara, pero no tiene carácter vinculante. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho que está dispuesto a estudiar una reforma de la euroorden si el Parlamento así lo pide, pero ha manifestado su escepticismo sobre la posibilidad de ampliar la lista de 32 delitos.
"Extender el catálogo de delitos no va a resolver de forma directa los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros en la aplicación de este instrumento. Las soluciones están en las autoridades judiciales de los Estados miembros", dijo Reynders durante el último debate sobre la euroorden en septiembre.
Tampoco hay apetito para revisar la lista entre los Estados miembros, que son los que tienen la última palabra. Precisamente, los Gobiernos de la UE han aprobado este martes una declaración conjunta sobre la euroorden en la que admiten que hay margen para la mejora pero no mencionan una posible ampliación del catálogo de delitos para los que la entrega es automática.