La UE prohibirá la importación de alimentos desde zonas que hayan sufrido deforestación

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una ley antideforestación que prohibirá la importación de materias primas (sobre todo alimentos) procedentes de zonas de cultivo resultantes de la destrucción de bosques. La norma -que ahora tiene que ser debatida y aprobado por la Eurocámara y los Gobiernos europeos- afecta a la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la madera, el cacao, el café y algunos de sus productos derivados.

Sólo entre 1990 y 2020, el mundo ha perdido 420 millones de hectáreas de bosque, una superficie mayor que la Unión Europea. La nueva norma pretende garantizar que los productos consumidos por los ciudadanos europeos no contribuyan a la deforestación mundial y a la degradación forestal en ningún lugar del mundo, no sólo la ilegal, sino también la autorizada por las normas de países terceros.

La ley antideforestación establece normas obligatorias de diligencia debida para los operadores que comercialicen en la UE los seis productos básicos cubiertos. Tendrán que garantizar que no se han producido en tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020; y que han sido producidos de conformidad con la legislación del país de producción. Si se incumple alguno de estos dos requisitos, se prohibirá la comercialización de tales productos en el mercado de la UE.

Para garantizar la trazabilidad, los operadores deberán obtener las coordenadas geográficas de las parcelas donde se hayan producido los productos básicos que comercializan. Los Estados miembros tendrán acceso a estos datos a través de un sistema digital y serán los responsables de garantizar que se cumpla la ley, incluyendo mediante un sistema de inspecciones. La norma no concreta las sanciones para las empresas incumplidoras, pero especifica que deben ser "disuasorias y eficaces".

Por su parte, el Ejecutivo comunitario pondrá en marcha un sistema de evaluación comparativa para clasificar a los países terceros y su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal derivado de las materias primas contempladas en el reglamento.

¿Por qué la ley antideforestación se limita únicamente a estos seis productos? "Han sido escogidos tras un análisis de impacto muy cuidadoso. Son los productos que tienen un mayor impacto en la deforestación mundial y por eso son los que hemos elegido primero", ha explicado el comisario de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, en rueda de prensa. No obstante, ha dejado la puerta abierta para ampliar la lista en el futuro, incluyendo por ejemplo el caucho.

Las ONG piden endurecer la ley

El carácter restringido de la lista es la principal crítica de las organizaciones ecologistas a la propuesta de Bruselas. "El plan de Bruselas sólo controla un número limitado de productos, ignorando muchos otros con vínculos importantes con la destrucción de bosques y ecosistemas, como la carne de cerdo, las aves de corral, el caucho y el maíz", ha dicho Greenpeace en un comunicado.

También se queja de que la ley no protege a ecosistemas diferentes de los bosques, como las sabanas o los humedales, pese a que son también muy importantes para combatir el cambio climático y garantizar la biodiversidad.

"Por primera vez, hay un rayo de esperanza de que la UE, uno de los mercados más grandes del mundo, pueda frenar su impacto destructivo en los bosques del mundo. Pero la Comisión Europea aún ha dejado graves lagunas en la nueva norma. Los Gobiernos de la UE y la Eurocámara deben endurecerla para que la gente pueda estar segura de que lo que hay en su cesta de la compra no viene de la destrucción de la naturaleza o de abusos de derechos humanos", ha reclamado Greenpeace.

El Ejecutivo comunitario ha presentado también este miércoles un reglamento que restringirá las exportaciones de residuos desde la UE hacia los países pobres, que a partir de ahora sólo se autorizarán si estos países están dispuestos a recibirlos y son capaces de gestionarlos de forma sostenible. Las empresas europeas que exporten residuos deberán velar por que las compañías receptoras estén sujetas a una auditoría independiente que demuestre que los gestionan de manera respetuosa con el medioambiente.

El reglamento pretende reforzar la lucha contra el tráfico de residuos, que según Bruselas es una de las formas más graves de delincuencia medioambiental. Los traslados ilícitos representan potencialmente hasta el 30% de las exportaciones de residuos, por valor de 9.500 millones de euros al año.