El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) da el primer paso para avalar el nuevo reglamento que permite congelar las ayudas comunitarias a los países que vulneren los principios del Estado de derecho, como la independencia judicial o la libertad de expresión. El abogado general del TJUE, Manuel Campos Sánchez-Bordona, ha recomendado este jueves desestimar los recursos de anulación contra esta norma presentados por Polonia y Hungría.
La Comisión Europea ya ha enviado sendas cartas de aviso a Varsovia y Budapest por su deriva autoritaria. Sin embargo, la presidenta Ursula von der Leyen se ha comprometido a no lanzar el procedimiento formal de congelación de los fondos comunitarios hasta que el TJUE no publique su sentencia definitiva. La opinión del abogado general no es vinculante, aunque los jueces siguen sus recomendaciones en el 80% de los casos. El fallo se espera para principios de 2022.
La impugnación de Hungría y Polonia contra el reglamento de condicionalidad se apoya en la ausencia o inadecuación de la base jurídica; en su incompatibilidad con el artículo 7 del Tratado (que ya prevé sanciones por vulnerar el Estado de derecho); y en la violación del principio de seguridad jurídica.
En su dictamen de este jueves, el abogado general rechaza todos los argumentos de Budapest y Varsovia y concluye que el reglamento fue adoptado sobre una base legal adecuada, es compatible con el artículo 7 y sí respeta el principio de seguridad jurídica.
Campos Sánchez-Bordona señala que la finalidad del reglamento es crear un mecanismo específico para "asegurar la correcta ejecución del presupuesto de la Unión, cuando un Estado miembro incurra en violaciones de los principios del Estado de derecho que pongan en peligro la buena gestión de los fondos de la Unión o sus intereses financieros".
El dictamen subraya que el reglamento "no pretende proteger el Estado de derecho mediante un mecanismo sancionador similar al del artículo 7 del Tratado, sino que establece un instrumento de condicionalidad financiera para preservar este valor de la Unión".
A juicio del abogado general, el poder de apreciación de las instituciones de la Unión ampara esta opción legislativa, que "no puede calificarse de manifiestamente errónea, ya que el respeto de los principios del Estado de derecho puede revestir una importancia fundamental para el buen funcionamiento de las finanzas públicas y para la correcta ejecución del presupuesto de la Unión".
Campos Sánchez-Bordona hace hincapié además en que el reglamento "requiere que haya un vínculo suficientemente directo entre la vulneración del Estado de derecho y la ejecución presupuestaria, de modo que no es aplicable a todas las vulneraciones del Estado de derecho, sino a las que tengan una conexión directa con la gestión del presupuesto de la Unión".
Según el abogado general, el reglamento cumple además "los requisitos mínimos de claridad, precisión y previsibilidad que demanda la seguridad jurídica". Los Estados miembros "tienen un nivel de conocimiento suficiente de las obligaciones que derivan" del respeto del Estado de derecho, unos principios que en su mayoría han sido desarrollados por el propio TJUE, concluye el dictamen.
De momento, Von der Leyen ya ha bloqueado los planes de recuperación Next Generation de Polonia y Hungría por considerar que no garantizan suficientemente el respeto del Estado de derecho. El dictamen del abogado general despeja el camino para congelar también el resto de fondos estructurales a los dos países. Pero antes de dar otro paso, Bruselas esperará a la sentencia definitiva del TJUE en 2022.