Es la primera vez que se activa el nuevo reglamento que condiciona el pago de las ayudas europeas al respeto del Estado de derecho. La Comisión Europea ha lanzado este miércoles un expediente sancionador para congelar fondos comunitarios a la Hungría de Viktor Orbán por los casos de corrupción y fraude generalizados en el país, que afectan a los intereses financieros de la UE.
El Ejecutivo comunitario todavía no ha calculado el volumen de ayudas europeas que Hungría podría perder. De hecho, el procedimiento hasta la suspensión de los fondos es muy enrevesado y puede llegar a durar hasta 9 meses. La decisión final la adoptarán los Veintisiete por mayoría cualificada, lo que significa que Polonia, el único aliado de Orbán en la UE, pierde el poder de veto que ha usado para frenar otras iniciativas contra Hungría.
"La Comisión ha decidido actuar porque tiene preocupaciones graves sobre una serie de problemas relacionados con el uso de los fondos europeos en Hungría. Estos problemas afectan al uso de la contratación pública, al funcionamiento de las autoridades responsables de los fondos europeos, a los controles financieros y auditorías, la transparencia, la prevención del fraude y de la corrupción", explica un alto funcionario comunitario.
A ello se suma que el Gobierno de Orbán se ha negado a aplicar las recomendaciones y peticiones que le ha dirigido Bruselas en los últimos 10 años para hacer frente a estos problemas. Unas carencias que han quedado demostradas por "el nivel excepcionalmente alto" de correcciones financieras que el Ejecutivo comunitario aplica cada año a Hungría.
La Comisión denuncia además "los límites a la investigación eficaz y al enjuiciamiento independiente" de este tipo de casos, lo que agrava todavía más la situación.
El nuevo reglamento de condicionalidad, una herramienta diseñada para combatir este tipo de incumplimientos, entró en vigor el 1 de enero de 2021. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no lo había utilizado hasta ahora porque Hungría y Polonia lo impugnaron ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Esta inacción de Bruselas fue duramente criticada por el Parlamento Europeo, que amenazó incluso con acciones legales contra Von der Leyen. Al final, el TJUE confirmó la validez de la norma y despejó el camino para su aplicación en una sentencia el pasado 16 de febrero.
¿Qué se juega Hungría en este embate? Bruselas mantiene paralizado desde hace meses el plan de recuperación Next Generation de Orbán, cuya dotación asciende a 7.200 millones de euros. Budapest podría perder además hasta 22.526 millones en ayudas regionales y 11.938 millones de subvenciones de la política agrícola común que tiene adjudicados para el periodo 2021-2027.
El primer paso formal del procedimiento sancionador consiste en una carta de aviso en la que se exponen los problemas detectados, que la Comisión ha enviado este mismo miércoles a Budapest. El Gobierno de Orbán dispone ahora de dos meses para dar las explicaciones requeridas y proponer medidas correctivas.
Si los problemas no se resuelven, el Ejecutivo comunitario enviará una segunda misiva explicando más en detalle sus motivos de inquietud y las reformas que exige para garantizar la protección de los intereses financieros de la UE en Hungría. Budapest tendrá una segunda oportunidad para responder. El paso final es que Bruselas proponga la congelación de los fondos europeos, algo que puede ocurrir "entre cinco y nueve meses".