El director de Frontex dimite tras el informe negativo de la Oficina Antifraude de la UE

El director de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), el francés Fabrice Leggeri, ha presentado su dimisión tras un informe negativo de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la UE (OLAF). El estudio, que aún no se ha hecho público, señala la responsabilidad de Leggeri en la mala gestión de Frontex y en el encubrimiento de casos de devoluciones en caliente de migrantes irregulares en Grecia y Hungría.

En su carta de dimisión, Leggeri no hace ninguna alusión a estas denuncias. "Devuelvo mi mandato al consejo de administración porque parece que el mandato de Frontex bajo el que fui elegido y renovado en julio de 2019 ha sido cambiado de forma silenciosa pero efectiva", asegura en la misiva. 

El francés está al frente de Frontex desde el año 2015 y ha supervisado su transformación en una auténtica Guardia Europea de Fronteras y Costas, con un mandato reforzado y un gran aumento de plantilla. Pero en los últimos años ha sido cuestionado reiteradamente por las ONG y por la Eurocámara por no poner freno a las devoluciones en caliente.

De hecho, el Parlamento Europeo se negó el pasado marzo a validar las cuentas de Frontex de 2020 escudándose también en el informe de la OLAF "sobre casos de acoso, mala conducta y devoluciones en caliente de migrantes que afectan a la agencia". "Las supuestas violaciones en Grecia no se abordaron y las operaciones en Hungría continuaron pese al fallo del Tribunal de Justicia según el cual las operaciones de retorno de refugiados allí en 2020 fueron incompatibles con el derecho europeo".

Leggeri ha chocado reiteradamente con la comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, que le exigió sin éxito medidas urgentes para hacer frente a todos estos problemas.

Frontex se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE. Actualmente tiene operaciones desplegadas en España, Italia, Grecia y los Balcanes. Su presupuesto en 2022 asciende a 760 millones de euros.