La Comisión Europea ha decidido este viernes llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por la ley aprobada el año pasado que discrimina al colectivo LGTB. Una norma que según la evaluación de Bruselas vulnera las reglas del mercado interior, los derechos fundamentales y los valores europeos.
La norma en cuestión prohíbe los contenidos educativos o audiovisuales que "promuevan o retraten" lo que denomina "la divergencia de la propia identidad correspondiente al sexo al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad" a los menores de 18 años.
Su aprobación provocó un duro choque entre el primer ministro de derecha radical, Viktor Orbán, y el resto de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre celebrada en junio del año pasado. "O retiran la ley homófoba o que se vayan", le espetó el primer ministro holandés, Mark Rutte.
[La Unión Europea redobla la presión sobre Hungría: "O retiran la ley homófoba o que se vayan"]
Transcurrido un año, Orbán no ha dado su brazo a torcer, pese a que Bruselas sigue sin aprobar los fondos Next Generation para Hungría. Además, la presidenta Ursula von der Leyen ha iniciado el procedimiento para congelar también las ayudas regionales y agrícolas por la deriva autoritaria en Hungría.
El Ejecutivo comunitario ha decidido ahora llevar la ley anti-LGTB ante el Tribunal de Justicia porque "las autoridades húngaras no han respondido de forma suficiente a las preocupaciones de la Comisión en relación con la igualdad y la protección de los derechos fundamentales, y no ha adoptado ningún compromiso para corregir la incompatibilidad".
La Comisión admite que la protección de los menores es un interés público legítimo que la UE comparte y persigue. Sin embargo, en este caso el Gobierno de Orbán no ha explicado por qué la exposición de los niños a contenidos LGTB sería perjudicial para su bienestar o no estaría en consonancia con el interés superior del niño.
Libertad de expresión
Según el análisis de Bruselas, la ley húngara incumple múltiples disposiciones del derecho comunitario: la directiva sobre medios audiovisuales, la directiva sobre comercio electrónico, la directiva sobre transparencia del mercado único, la directiva sobra prácticas comerciales abusivas y también los principios de libre prestación de servicios y de libre circulación de mercancías, o el derecho a la protección de datos.
Pero además, el Gobierno de Orbán vulnera la Carta Europea de Derechos Fundamentales en aspectos clave como la dignidad humana, la libertad de expresión e información, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la no discriminación.
En paralelo, Bruselas ha denunciado también a Hungría ante el TJUE por vulnerar las reglas de telecomunicaciones de la UE al denegar a la cadena de radio independiente Klubradio el uso del espectro radioeléctrico "por motivos altamente cuestionables".
La Comisión sostiene que Hungría exigió condiciones "desproporcionadas y no transparentes" para la renovación del derecho de Klubradio a utilizar el espectro radioeléctrico. El Gobierno de Orbán aplicó las reglas relevantes "de forma desproporcionada y discriminatoria" y no adoptó a tiempo las decisiones necesarias.
"A través de esta conducta, Hungría ha vulnerado también la libertad de expresión tal y como está consagrada en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE", afirma el Ejecutivo comunitario.
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