La trama del litio salpica a 4 cargos del Gobierno de Portugal: la Fiscalía seguía a António Costa desde 2020

Aunque Lacerda nunca quiso ostentar cargos públicos, este sí que asesoró al primer ministro en distintos asuntos de Estado. Por ejemplo, estuvo involucrado en la renacionalización de la aerolínea TAP, que dio a Portugal el control del 51% de la empresa. En esta ocasión, las actas del caso del litio e hidrógeno verde que ha sacudido el Partido Socialista (PS) luso apuntan a Lacerda como sospechoso de "aprovecharse de su amistad" para presionar a miembros del Gobierno.

Una investigación del periódico lisboeta Expresso afirma que el mejor amigo de Costa se reunió en varias ocasiones con el jefe de gabinete del primer ministro, el también detenido Vítor Escária. Estas reuniones se habrían llevado a cabo tanto en la sede del PS como en São Bento, sede del Gobierno nacional y residencia del propio Costa. Lacerda también habría intentado hacer negocios con miembros del Gobierno socialista de su amigo en comidas pagadas por Start Campus, la empresa que alimentaría la planta de hidrógeno verde de Sines.

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El CEO de Start Campus, Afonso Salema, llegó a contratar a Lacerda para para presionar a otros miembros del Gobierno, a través de Escária, así como a entidades como el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF) o el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, para "agilizar y favorecer" asuntos de interés de la empresa, que desarrolló en la zona industrial de Sines un proyecto de central eléctrica de hidrógeno y la construcción de un centro de datos. La trama investiga también concesiones de exploración de litio en las minas de Romano (Montalegre) y Barroso (Boticas).

El martes, Salema y Escária también fueron detenidos. Pero la Fiscalía portuguesa investiga ahora una trama que abre un un cuadro mucho más amplio de lo que se pensaba. El caso que ha costado la destitución a Costa salpica a otros miembros del Gobierno y altos cargos del PS. A lo largo del martes, se supo que serán procesados el Ministro de Infraestructuras, João Galamba, el director de la APA (Agencia Portuguesa del Medio Ambiente), Nuno Lacasta, el exministro João Pedro Matos Fernandes y el exsecretario de Estado de Internacionalización, Jorge Costa e Oliveira. Todos ellos son culpables de prevaricación, corrupción activa y pasiva de cargos políticos y tráfico de influencias. 

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Escuchado desde 2020

António Costa ya había sido identificado en cuatro escuchas telefónicas en 2020, validadas por el Tribunal Supremo (STJ) para la investigación de la Fiscalía. De las escuchas interceptadas, una fue considerada "de relevancia para la investigación sobre el hidrógeno verde" por la Fiscalía. Se trata de una conversación entre Costa y Matos Fernandes, el 28 de diciembre de 2020.

En ella, "los dos líderes se pusieron al teléfono para hablar de los negocios del litio y el hidrógeno verde, ambos basados en la estrategia de transición energética del gobierno y que podrían traer al país miles de euros en fondos e inversiones europeas", dijo en su momento Sapo 24. Costa y Matos Fernandes hablaron de las negociaciones aún en curso sobre dónde se construirá el complejo de hidrógeno verde, qué empresas están interesadas y la posibilidad de que España entre en una asociación.

La conversación, captada porque Matos Fernandes estaba siendo objeto de escuchas a instancias del Ministerio Público, fue considerada por los investigadores de interés para el caso en curso. Por eso, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia consideró que no había indicios de delito, la escucha fue preservada. Algunos de los sospechosos dijeron que actuaban con el permiso del primer ministro.

Los detenidos declaran

Los cinco detenidos comenzaron a declarar este miércoles por la tarde en el Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa ante el juez de instrucción Nuno Dias Costa por la aplicación de medidas coercitivas, según informaron a la agencia Lusa los abogados de Mascarenhas y Salema.

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A la entrada del tribunal, el abogado Pedro Duro, que representa a Afonso Salema dijo a los periodistas que su cliente "evidentemente declarará". "Es normal que un empresario como él, que tiene su propia empresa, no tenga nada que ocultar y explique sus negocios", dijo.

Sin hablar en concreto de su cliente, el abogado subrayó que están en juego los delitos de "corrupción activa y pasiva" y consideró "normales cuando hay este tipo de sospechas" los registros que se produjeron el martes, al tiempo que afirmó que "las diligencias se están desarrollando conforme a los procedimientos normales".

Preguntado por si la implicación del presidente del Gobierno interferirá en el proceso, respondió que "como hay división de poderes, los tribunales verán de forma independiente los procesos según las pruebas que encuentren en cada fase y según el papel que tenga cada juez en cada fase del proceso". "Obviamente hay un sentido de gravedad diferente porque tuvo el impacto político que tuvo", dijo. El abogado también dijo que no sabe a qué hora se empezará a tomar declaración a los acusados en el primer interrogatorio judicial, y subrayó que el interrogatorio debería durar varios días dado el número de acusados.