El abogado David Bravo nos ha recordado que la dirección IP no puede servir como prueba de un delito, al menos no como prueba única.

¿Es la dirección IP un dato identificativo? No es una pregunta nueva precisamente; hace ya años y décadas que los expertos legales, jueces y legisladores se hicieron la misma pregunta.

Y por ahora, la respuesta parece bastante clara; pero viene bien recordarla cuando aparece alguien con la clara intención de aprovecharse de la manera en la que funciona la tecnología.

Las cartas que nos acusan de descargar películas llegan a España

Un ejemplo reciente lo tenemos en el envío masivo de cartas a particulares, acusándoles de haber descargado archivos por P2P; en un lenguaje amenazador, la carta afirma que han descubierto que desde la dirección IP se ha descargado un archivo propiedad de su cliente, y que puede suponer una demanda judicial.

“Afortunadamente”, la supuesta firma de abogados que envía la carta nos ofrece una alternativa; si les pagamos una cierta cantidad, harán como si no hubiera pasado nada y no nos llevarán a juicio.

Ni que decir tiene que todo esto es una estafa; es una técnica muy popular en EEUU, que ya ha dado el salto a otros países como España. En concreto, muchos internautas han recibido cartas en las que son acusados de descargarse la película Dallas Buyers Club; la carta pide un pago de 475 €, que obviamente no tenemos que realizar.

No es que culpemos a nadie si decide pagar; al fin y al cabo la idea de ir a juicio sólo por haber descargado un archivo es temible, y que sepan nuestra dirección IP nos puede dar la impresión de que tienen un caso contra nosotros.

Nada mas lejos de la verdad. En realidad, la dirección IP no puede servir como prueba de un delito, y mucho menos si es la única prueba; el vídeo compartido por David Bravo en Twitter explica perfectamente porqué.

La dirección IP no puede servir como prueba de un delito

El vídeo es de un juicio de 2014, en el que Bravo defendía a un acusado de vejaciones en Internet; sin embargo, la única prueba que tenía el fiscal es la dirección IP. En su aparente ignorancia, pidieron a la operadora, Vodafone, los datos del usuario que usaba esa dirección y fueron a por él.

Pero como explica el abogado defensor con la ayuda del perito, una dirección IP no sirve para identificar a nadie. El motivo es simple, que muchas personas pueden usar la misma dirección IP.

Incluso aunque la operadora haya dado esa IP al router y a la dirección del acusado, no se presentó ninguna prueba más que indique que él fuera el que realizó las vejaciones.

Podría haberlo hecho cualquier otra persona con acceso a esa red; como alguien que viva con el acusado, un amigo que viniese a visitar, o si la red Wifi está abierta, cualquier persona que pasase cerca de la casa. Incluso si ponemos contraseña a la Wifi, existen métodos para romper esa protección y usar redes ajenas.

Ante semejante incertidumbre, la jueza encargada del caso fue categórica y absolvió al acusado. Lamentablemente, esto solo ocurrió después de dos años de procesos legales.

Qué hacer si nos acusan de un delito sólo con la dirección IP

Aunque tengamos la justicia de nuestra parte, esquemas como el envío de cartas se basan en la ignorancia y en el temor que puedan tener las víctimas para ganar dinero rápido.

Mientras que tengamos claro cuáles son nuestros derechos y conceptos básicos de tecnología, no deberíamos temer.

Afortunadamente, de nuevo David Bravo sale a nuestro rescate, con un modelo de respuesta ante cartas que nos acusen de descargar contenido ajeno; en la respuesta no menciona el juicio de 2014, sino que también apunta a que los responsables de la carta podrían haber vulnerado la ley de Conservación de Datos al obtener nuestros datos personales a través de nuestra IP.