Tal y como se esperaba, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ha seguido adelante en el Congreso. El nuevo texto incluye una serie de protecciones para los autores y algunas modificaciones; pero la más polémica ha sido sin duda la modificación del artículo 195.6b, gracias al cual el Gobierno podrá cerrar páginas web sin necesidad de un juez.

La nueva LPI es la evolución de la llamada “Ley Sinde”, implementada por el gobierno socialista de la era Zapatero. Por lo tanto, no solo se mantiene uno de los elementos más criticados, la Sección Segunda, sino que sus poderes son ampliados. Esta sección, compuesta por funcionarios del Ministerio de Cultura, hasta ahora era capaz de cerrar páginas web y eliminar contenido de Internet si consideraba que vulneraba la propiedad intelectual de un creador.

El Gobierno podrá cerrar webs sin autorización judicial

Como la Constitución española establece que sólo la justicia puede secuestrar publicaciones, el ejecutivo incluyó la figura de un juez que debía dar el visto bueno al proceso; aunque en realidad no podía determinar si el contenido borrado realmente vulneraba la propiedad intelectual. Por lo tanto, aunque fuese más una figura anecdótica, al menos estaba ahí para garantizar la constitucionalidad del proceso.

Con la nueva LPI se pierden todas estas pretensiones, y se simplifica el proceso para borrar contenido; hasta el punto de que la Sección Segunda puede ordenar el cierre de webs sin la presencia de un juez en el proceso. De esta manera, se elimina el único posible obstáculo que pudiesen tener los funcionarios para eliminar contenido de Internet; ahora es sólo la Sección Segunda, es decir, el Gobierno, el que puede decidir si una web debe ser cerrada o no.

Por el momento, la Sección Segunda ganará este poder en los casos reincidentes. Es decir, si una web vuelve a subir el contenido que ya fue borrado; es importante aclarar que esto ocurre sin importar si el contenido original fue borrado por orden de la Sección Segunda o por iniciativa propia del propietario de la web. Por lo tanto, si un usuario sube contenido a una web y el propietario lo borra, la próxima vez que un usuario suba el mismo contenido se considerará que es “reincidente”; y el gobierno de turno tendrá todo el poder para ordenar el cierre de la web sin un juez.

La LPI recibe un sorprendente apoyo de Podemos

La nueva ley inicialmente fue fruto de un pacto entre PSOE, PP y Ciudadanos; pero ahora se les ha sumado un aliado sorprendente: Podemos. Las enmiendas a la nueva LPI han salido adelante hoy en el Congreso, con los votos a favor de los cuatro principales partidos de la cámara. El representante de Podemos, Eduardo Maura, no ha mencionado el cierre de webs, sino que se ha centrado en los cambios que más afectarán a las gestoras como la SGAE y a la lucha contra la llamada “rueda”. Además, desde los cuatro partidos se destaca cómo han podido solventar sus “diferencias” para “ayudar a la cultura”.

Decimos que es sorprendente que Podemos haya apoyado la nueva LPI porque algunos nos acordamos de los inicios de este partido en el 15-M. Su movimiento social fue resultado de muchas políticas, pero sin duda uno de los detonantes fue la Ley Sinde y las protestas de los internautas españoles. De hecho, hasta no hace mucho Podemos se mostraba completamente contrario a la Ley Sinde y a que los funcionarios fuesen capaces de cerrar webs. El por aquel entonces diputado de la formación, el abogado David Bravo, prometió derogarla en cuanto tuviese oportunidad.

Una oportunidad que no tuvo. Bravo ya no forma parte de Podemos, y sin él, el giro ha sido de 180 grados. Podemos ha pasado de denunciar la Ley Sinde a apoyar una versión incluso más dura de aquel texto sin ningún tipo de garantía adicional. Un cambio que ya ha tomado por sorpresa a muchos internautas; que de repente, y a pocas semanas de las elecciones generales, se encuentran sin una oposición clara a las leyes del PSOE, PP y Ciudadanos.

Ante las críticas, Eduardo Maura ha publicado en Twitter el razonamiento del apoyo de Podemos a la LPI. Afirma que Podemos se opuso al cierre de webs con una enmienda, pero que fue rechazada en el Senado y no volvió al Congreso. Maura ha justificado el apoyo a la LPI en que “hoy no se votaba eso”.