Una primera versión del "derecho a reparar" será adoptada en la Unión Europea a partir de 2021. Eso supondrá más reglas que los fabricantes tendrán que seguir en sus productos, pero a cambio se espera que los consumidores disfruten de mayores protecciones a la hora de repararlos.

El llamado derecho a reparar es fruto de un movimiento relativamente reciente, dirigido por asociaciones de consumidores. Es la respuesta a una tendencia cada vez más común en el sector tecnológico: dispositivos diseñados de tal manera que sólo el propio fabricante puede repararlos.

Esto deja sólo dos opciones al consumidor cuando, irremediablemente, el aparato se rompe: o lo lleva al servicio técnico oficial, o se compra una nueva versión que habrá llegado al mercado para entonces. Sea como sea, el fabricante gana.

La nueva norma del derecho a reparar

Empresas como Apple han sido acusadas de "obsolescencia programada" para ganar más ingresos de esta manera; en otras palabras, los dispositivos están diseñados para durar una determinada cantidad de tiempo, después del cual el usuario se ve obligado a pagar de nuevo.

Pero no son solo las compañías tecnológicas de Silicon Valley las que pueden seguir estos planes. Cada vez es más común encontrarse con aparatos de uso común que no pueden ser reparados por medios convencionales. Por ejemplo, pueden precisar de una herramienta concreta para abrirlos, o los componentes necesarios para la reparación no están a la venta. Eso hace que los servicios de reparación no oficiales no puedan hacer mucho y se vean obligados a usar métodos y materiales menos fiables para la reparación.

Ahora, una nueva legislación propuesta por la Comisión Europea obligará a algunos fabricantes a ser más abiertos y a ofrecer alternativas reales para la reparación de sus dispositivos.

La nueva norma, que entraría en vigor en el 2021, obligará a los fabricantes a proveer repuestos y componentes para sus aparatos para técnicos profesionales; por lo tanto, un técnico debería poder pedir una pieza al fabricante y este estaría obligado a vendérsela.

Estos componentes se tienen que poder instalar sin la necesidad de herramientas especiales que haya que comprar aparte; la caja de herramientas típica debería ser suficiente. Además, la instalación de esta pieza no debería dañar el producto, así que debería quedar "como nuevo".

El objetivo de la Comisión Europea es que nuestros aparatos tengan una vida útil más larga; y por lo tanto, reducir las emisiones en la producción de nuevos aparatos. En ese sentido, también habrá cambios en la manera en la que se puntúa la eficiencia energética de los aparatos electrónicos.

Este se presenta como un gran paso para proteger a los usuarios; sin embargo, los críticos han destacado varias deficiencias en la nueva norma. La principal es que esta nueva ley sólo se aplica a los electrodomésticos comunes; lavadoras, lavavajillas, frigoríficos y aparatos de iluminación entran en la lista. Dispositivos como los smartphones se quedan fuera, al menos por el momento, aunque siempre cabe la posibilidad de ampliar el alcance en futuras revisiones.

Además, esta norma sólo se aplica a técnicos profesionales, no a usuarios. Esta decisión llega después de la presión de los fabricantes, que consideran que dejar que los propios usuarios reparen sus productos es peligroso, tanto para el aparato como para el que lo repara. Pero es por eso que esta norma no representa tanto el "derecho a reparar", como el "derecho a que te lo reparen".