La citación para que Artur Mas y dos de sus consejeras declaren como imputados en el TSJ catalán, por haber promovido la consulta independetista del 9-N en contra de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, se produce tarde y del peor modo. Tanto, que resulta imposible no advertir una intencionalidad política en el injustificado retraso de la providencia y en la fecha escogida para citar a Mas. El presidente de la Generalitat declarará por desobediencia el próximo 15 de octubre, coincidiendo con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys.

No parece casual que el instructor que ha decidido que Mas declare por desobediencia en un día mítico para el independentismo sea un magistrado autonómico promovido a propuesta de CiU: Joan Manel Abril.

El retraso con que se han producido estas citaciones es insólito. Hace ya nueve meses que la querella de la Fiscalía que motivó la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, la ex vicepresidenta Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, fue admitida a trámite por el TSJ catalán.

La citación a Mas en una fecha tan señalada sólo puede enardecer al independentismo, en cierto modo alicaído y dividido por el insuficiente resultado de sus candidaturas el pasado domingo. También contribuye a resucitar al presidente de la Generalitat tan sólo dos días después de que el juego de equilibrios nacido de las urnas lo dieran por amortizado.

La resolución del magistrado Abril ha motivado declaraciones de solidaridad con el president desde todas las fuerzas soberanistas. El Gobierno catalán ha aprovechado para volver a tachar el proceso a Mas y sus consejeros de "juicio político" y "anomalía democrática"; el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que "es la demostración de que Cataluña tiene que ser independiente"; el portavoz de la CUP, David Fernández, no ha dudado en expresarle también su solidaridad "ante un Estado neurótico, autoritario e inquisitorial"; y la ANC y Òmnium se plantean convocar una manifestación.

Incluso entre los partidos no independentistas no han faltado quienes, empezando por Podemos y siguiendo por el el PSC, han criticado con dureza la "imputación política y no judicial" de Mas.

La sobrevenida victimización de Mas coincide también con una campaña de presión social sobre la CUP, a través de las redes sociales, para que permitan la investidura del candidato de Junts Pel Sí. Está por ver si los radicales anticapitalistas resistirán la tentación de convertir en presidente a un imputado por la Justicia, por más que se trate del mismo candidato al que han criticado durante toda la legislatura.

Es evidente que después de desoír al Constitucional y aprovechar los recursos de la Generalitat para sacar las urnas a la calle, movilizando a funcionarios y abriendo colegios y hospitales el 9-N, sobraban motivos para imputar a Mas y sus consejeras por desobediencia, usurpación de funciones, malversación y prevaricación. Pero lamentablemente los retrasos en la admisión de la querella de la Fiscalía, que propició la dimisión de Torres Dulce, y los tiempos de la instrucción han dado a los independetistas nuevos pretextos para volver a atacar a España.

En este punto han sido especialmente desacertadas las explicaciones dadas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha atribuido el retraso de la instrucción del caso a que el tribunal "ha tenido cuidado de no mezclar los tiempos judiciales y políticos", lo que alimenta precisamente la tesis de la injerencia que tanto agrada al soberanismo.

Artur Mas era el domingo por la noche un candidato bajo mínimos y un rehén de la CUP, pero la instrucción de un magistrado propuesto por su partido, la habilidad propagandística del independetismo y la torpeza del Gobierno le han dado alas. Los partidos constitucionalistas deben cerrar filas frente a una campaña que pretende poner en jaque al Estado de Derecho.