Propuestas concretas contra programas electorales ambiguos

Prepárense para escuchar mensajes enlatados que se pueden resumir en uno solo: “Si me votas, el mundo será mejor”. Y sus derivadas: “Crearemos empleo”, “mejoraremos la Sanidad”, “la educación será más chachi” y, mi favorita, “España será un país más transparente”. Así, en abstracto. Y parece que hasta molesten las preguntas racionales que cuestionan cuál es el camino para llegar a ese nirvana anunciado en carteles electorales con mas Photoshop que la portada del Hola. 

En la Fundación Civio nos dedicamos, día sí día también, a vigilar a las administraciones públicas. Vigilar para denunciar. Desde el BOE hasta los contratos públicos, pasando por los conflictos de intereses o los presupuestos. Escudriñamos los grandes datos y la letra pequeña, esa que provoca grandes cambios y a veces pasa desapercibida. Pero eso no es suficiente. No podemos mirar la obra con los brazos en la espalda y gritarle al albañil que la argamasa no está bien compactada. Ni indignarnos a golpe de hashtag sin proponer cambios concretos que mejoren, aunque sea en nuestra parcelita, este país. Por eso hemos creado un decálogo (sí, son 11, pero la RAE nos lo permite) de mejoras claras, directas y factibles contra las generalidades deliberadamente ambiguas y vacías de contenido que alimentan páginas y páginas de programas electorales. 

No esperen la solución mágica a todos los males de España. Nos centramos en la transparencia y, más concretamente, en los temas que hemos trabajado en nuestros proyectos. Aquello que conocemos de cerca, sin cuñadismos. Esta es nuestra propuesta de mínimos para dar los primeros pasos hacia una trasparencia efectiva y real, no de escaparate. 

1) Los indultos, regulados por una ley de 1870, se utilizan de una forma masiva que, además, beneficia de forma especial a los condenados por delitos de malversación, prevaricación o contra el medio ambiente. Pedimos que el Gobierno cumpla la sentencia del Supremo y publique las motivaciones de indultos de forma argumentada. También las denegaciones. Y una reforma de la ley del indulto -ya toca, después de más de un siglo- que convierta en vinculantes los informes del juez y del fiscal, para que el poder de indultar recaiga en el Judicial, que para eso está la división de poderes.
 

2) La transparencia no radica solo en cuánto cobra un ministro o un alcalde. Esa simplificación ha hecho que muchos se miraran el bolsillo cuando les estaban robando los muebles de casa y el plan de pensiones. O cuando se aprobaba una reforma eléctrica, que implica mucho más dinero que un aumento o rebaja de sueldo público. ¿Con qué empresas se reunieron los altos cargos antes de redactarla? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿En base a qué documentos trabajaron? Para saberlo, y porque estamos hasta el moño de reuniones secretas, pedimos la publicación de las agendas de trabajo completas de diputados, senadores y altos cargos, así como la creación de un registro del lobby que incluya reuniones, temas tratados, documentos enviados y participantes.
 

3) Si las agendas de trabajo son importantes, aún lo es más el impacto que tienen los documentos y las reuniones en las leyes, decretos y normas. Es imprescindible la publicación, junto a cada ley, decreto-ley y decreto aprobado, de un informe de huella legislativa (clarito, que no todos somos expertos en textos administrativos) que incluya actores y documentos y cómo han afectado al texto final.

4) Los casos más graves de corrupción destapados en los últimos años están vinculados a la contratación pública. Pese a ello, no existe un organismo encargado de realizar una vigilancia específica de la contratación pública de forma constante, como ha criticado la propia CNMC, que se ha postulado para asumir esa tarea. Los informes del Tribunal de Cuentas son parciales y llegan muy tarde. Necesitamos un organismo de control, especializado, dentro de la CNMC, que analice de forma global y metódica los contratos públicos.

5) La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) acapara muchísimos titulares. En cambio, lo que de verdad se gasta, la ejecución presupuestaria, pasa casi desapercibida. Si no conocemos el detalle de los posibles desvíos y el coste final, no podemos controlar el gasto del dinero público de forma efectiva. Por eso, pedimos la publicación de la ejecución presupuestaria en formatos reutilizables al mismo nivel de detalle y con la misma estructura que los PGE.

6) En demasiadas ocasiones se pone en duda, por parte de la ciudadanía, la independencia de los medios y la efectividad del reparto de la publicidad institucional. No es extraño, puesto que hemos conocido demasiados casos en los que la eficiencia no parecía ser el criterio elegido. En la mayoría de contratos de publicidad institucional, la administración pública adjudica el presupuesto total a una central de medios, que es la encargada de realizar el reparto bajo las indicaciones del organismo. Cómo se reparte es, excepto en algunas excepciones, confidencial. Necesitamos conocer el reparto de cada campaña de publicidad institucional por cabeceras, así como los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de establecer la distribución final de los anuncios.

7) Una mayor transparencia en las relaciones entre la administración y la industria farmacéutica ayudaría a vigilar que los precios estén siempre dentro de límites asequibles y que el acceso a ellos a través del sistema público se produzca bajo el conocimiento ciudadano, especialmente ante una crisis sanitaria como el ébola o cuando surgen nuevos fármacos como el de la Hepatitis C. Proponemos que el Ministerio de Sanidad habilite una fuente pública de información que proporcione información consolidada y detallada de los reuniones y acuerdos, medicamentos adquiridos, las cantidades exactas, periodo y ámbito geográfico de distribución, los proveedores, los precios, la duración de los contratos y los acuerdos de distribución o compra con las comunidades autónomas.

8) Tener una Ley de Transparencia no es suficiente. La norma aprobada en 2014 dista mucho de cumplir las exigencias de una ciudadanía que reclama cada vez instituciones mas abiertas. La Ley de Transparencia en vigor se queda corta. Incluye excepciones muy amplias y no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, por lo que otras normativas de rango mayor puedan pasar por encima. Pedimos una reforma de la Ley de Transparencia para declarar el acceso a la información como un derecho fundamental y la eliminación de excepciones vagas y poco justificadas, como “los intereses económicos y comerciales”, así como las barreras para ejercer este derecho.

9) Las puertas giratorias son una de las causas de la desconfianza ciudadana hacia la clase política. En ocasiones, ni siquiera se distingue entre casos ilegales, poco éticos y completamente correctos. ¿Qué hace la Oficina de Conflicto de Intereses, encargada de poner freno a las malas prácticas? No lo sabemos. Por eso, pedimos conocer no solo las aprobaciones de compatibilidad, sino también las denegaciones y las razones de la decisión, así como un informe anual que explique el trabajo realizado por la Oficina de Conflictos de intereses y una reforma de la Ley de Conflictos de Intereses para aumentar las sanciones en caso de faltas graves y que incluyan suspensiones de empleo y sueldo. Y es que ahora mismo la única penalidad a quienes, por ejemplo, se nieguen a presentar su declaración de actividades o bienes, es la publicación del escarnio en el BOE. Nada más.

10) El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publica, en su sección primera, actos como la constitución de nuevas empresas, nombramientos y ceses de administradores, pero la edición electrónica del BORME no permite la búsqueda de contenido en este apartado. Además, los contenidos disponibles en la web solo abarcan desde 2009 hasta la actualidad. Para que todos esos datos sean de verdad útiles y estén disponibles para cualquier ciudadano, reclamamos una reforma de la página web del BORME que permita consultar, de forma gratuita, online e incluyendo un buscador por compañía, la información básica de empresas y sociedades contenida en los registro mercantiles, así como su búsqueda: razón social, dirección, sector de actividad, nombres anteriores de la empresa, propietarios, altas y bajas de directivos y administradores, estado, fecha de entrega de cuentas e historial de presentación de documentos, así como los documentos asociados, en línea con su equivalente en Reino Unido.

11) De 2001 a 2013 se han producido más de 214.000 incendios forestales, una media de casi 16.500 al año. Pese a su gravedad, la mayoría de administraciones públicas no publica de forma desglosada cuál es el gasto en prevención y extinción, así como su evolución -¿cuál ha sido el peso de los recortes?-. Por eso pedimos la publicación de forma desglosada de los presupuestos y la ejecución del gasto en prevención y extinción de incendios forestales, así como su evolución, tanto por cada comunidad autónoma como de forma conjunta por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

No es un griterío o una queja al aire. Son medidas concretas y vamos a presionar para que se cumplan. Ya estamos pidiendo y cerrando reuniones con todos los partidos para que las incorporen a sus programas y, pasado el confeti electoral, vigilaremos que las promesas se cumplan.