El próximo jueves, día 15, declarará como imputado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en relación con el proceso judicial que se sigue en el Tribunal Superior autonómico por desobecer al Tribunal Constitucional. La fecha coincide con el 75 aniversario de la ejecución de Lluís Companys. No sabemos si la elección de ese preciso día es una casualidad o resultado de una decisión consciente del juez instructor.
Lo que parece no ser casualidad es la vigencia del artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite designar a la mitad de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de cada Tribunal Superior de Justicia de una terna propuesta por el respectivo Parlamento autonómico. Éste es el precepto que sirvió para nombrar magistrado al instructor del procedimiento abierto en el Tribunal Superior catalán contra Mas. Añadamos que la propuesta de nombramiento fue impulsada por CiU, partido del ahora imputado.
La lengua de Cervantes, aún lengua cooficial en Cataluña, es rica en aforismos, siendo uno muy apropiado para la ocasión el de que "nadie puede ser juez y parte" o también el de "no pongas al zorro a guardar las gallinas".
El artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es un precepto contrario al artículo 117 de la Constitución, que proclama la independencia de los jueces. Con el poder legislativo estatal y autonómico controlando el nombramiento de los jueces de manera directa o indirecta (a través del Consejo General del Poder Judicial) se puede decir que nuestro país tiene ciertas lagunas en su Estado de Derecho.
La imputación que pesa sobre Mas se refiere a tres delitos: desobediencia grave cometida por autoridades públicas (artículo 410.1 del Código Penal), prevaricación (artículo 404) y malversación de caudales públicos (artículo 433). Hemos oído con sorpresa decir al molt honorable imputado que "legalmente no desobedecí, políticamente lo que hubo fue una rebelión democrática contra el Estado español: puse las urnas".
Las declaraciones de testigos llevadas a cabo el 13 y 30 de julio en la sede del TSJ de Cataluña han puesto de manifiesto la misma fractura social que existía en la Euskadi de los años 80 y 90, donde unos muchos callan o miran para otro lado, otros se desgañitan cantando loas a Casanova, Companys y Pujol, y unos pocos proscritos se atreven a declarar la verdad delante del instructor, en un salón decorado con la bandera rojo y gualda.
Fueron muy pocos los directores de centros de enseñanza en Cataluña que, pese a las presiones recibidas, se negaron a entregar las llaves para que en esos colegios se desarrollara el llamado "proceso participativo" del 9-N, suspendido por el Tribunal Constitucional. Sobre ellos ha caído el peso del chantaje social al que la religión del nacionalismo condena a sus infieles.
Espero y deseo que Artur Mas nos diga la verdad el día 15 y aclare las presiones constatadas que sufrieron los docentes para ceder sus centros y colocar en ellos unas urnas prohibidas por el Tribunal Constitucional. Espero y deseo que el instructor se guíe sólo por la legalidad, porque todo sistema judicial que no funciona de manera independiente hace reo de su ineficiencia al resto de los ciudadanos que sí estamos sometidos al mismo. Esperamos con impaciencia ver si, tras una eventual condena de inhabilitación para ejercer como cargo público, Mas decidirá permanecer en Cataluña o autoexiliarse a Liechtenstein.
Ilustración: Sr. García