El plan secesionista de Junst Pel Sí y la CUP se ha dado de bruces con el Tribunal Constitucional sin que Artur Mas ni Carme Forcadell hayan osado -de momento- responder a la nulidad fulminante de la resolución que ellos promovieron en el Parlament. Aunque a estas alturas no se puede dudar de la determinación independentista de ambos, y menos en medio de una negociación con la CUP para sacar adelante la reelección del presidente, la mezcla de cautela y ambigüedad con que los caudillos oficiales del independetismo han encajado la respuesta del Estado resulta indicativa de su debilidad.
La presidenta del Parlament no quiso hacer declaraciones pese a que la publicación de la sentencia coincidió con la reunión que mantuvo con el presidente del denominado consejo asesor para la transición nacional. Por lo que respecta la Generalitat, Artur Mas delegó su respuesta en la vicepresidenta y portavoz, Neus Munté, que optó por enrocarse en la indefinición para reiterar que este fallo "no para los efectos políticos" del proceso y para argüir -génericamente- que "también el Gobierno incumple otras resoluciones".
Esta tibia respuesta contrasta con la actitud beligerante del independentismo en las otras ocasiones en las que el Estado ha hecho frente a sus embates. Sin ir mas lejos, el bloque soberanista convocó concentraciones a la puerta del juzgado cuando Mas tuvo que declarar acusado de desobedecer la suspensión de la consulta del 9-N. Ni siquiera un dirigente tan poco audaz como Mariano Rajoy consideró oportuno esconderse cuando el Parlament aprobó la resolución ahora anulada.
Un cambio de estrategia
Aún es demasiado pronto para saber si estamos ante un cambio de estrategia. Es lo que parece desprenderse también de las alegaciones presentadas por el Parlament hace una semana, cuando pidió al TC que rechazara la impugnación del Gobierno contra la moción que iniciaba la desconexión con España. En aquel escrito, la Cámara catalana alegó que su resolución no era vinculante y que la independencia no es tanto un proyecto como un mero deseo.
La rapidez con que ha respondido el Tribunal a la resolución independentista ha resultado, además de histórica, por su inusual celeridad, impecable. Los 11 miembros del pleno del TC apenas han necesitado 21 días para tumbar, por unanimidad, la maniobra con la que Junts Pel Sí y la CUP quisieron dar una pátina de legitimidad parlamentaria a su procés. Si bien los magistrados han atribuido su extrordinaria diligencia a la "trascendencia constitucional" del asunto, resulta evidente que el inicio de la campaña -la madrugada del viernes- marca el inicio de un tiempo de excepción en el que cualquier resolución hubiera sido interpretada en términos de interés electoral.
Las razones de la sentencia
Esta rapidez, y el hecho de que el fallo haya sido aprobado sin discrepancias tras un debate en el que los magistrados se esforzaron en pulir el texto de cualquier connotación enfática, redundan si acaso en su contundencia. La sentencia declara que la moción del Parlament vulnera cinco artículos de la Constitución y otros dos del propio Estatut.
Los magistrados recuerdan que no se puede contraponer la legitimidad democrática a la jurídica puesto que una se sustenta en la otra; subrayan la primacía de la Constitución como fuente de legitimidad de las instituciones autonómicas; advierten que el imperio de la Carta Magna deriva de la soberanía nacional, cuyo sujeto es el pueblo español en su conjunto y no sólo una parte de éste, y destacan que esa soberanía conlleva la unidad e indivisibilidad de la nación. La sentencia apela también al Estatuto, cuyo articulado reconoce que la capacidad de autogobierno es fruto del orden constitucional y precisa que la propia Constitución prevé los cauces de su reforma. Este aspecto es crucial en tanto que marca el camino de la legalidad a cualquier proyecto político, incluido el de la independencia.
Es absurdo pensar que el bloque soberanista haya recapacitado ante la solidez de tales argumentos. Otra cosa es que Artur Mas y Carme Forcadell estén midiendo sus pasos ante el bloqueo que vive la Generalitat desde las elecciones del 27-S. Ni uno ha logrado ser designado presidente ni la otra sacar adelante la moción de independencia.