La investidura de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat ha escenificado el cambio de protagonistas en el secesionismo, después de que Artur Mas y la CUP alcanzaran el sábado un acuerdo in extremis para evitar nuevas elecciones y mantener a flote su proceso de ruptura con España.

Aunque el protagonista formal de la investidura era Puigdemont, en la ronda de intervenciones quedó patente que la CUP será la auténtica guardiana de la "desconexión", con el objetivo declarado de que la creación de la república catalana se produzca "sin dilaciones" y "con el puño cerrado".

Bajo la tutela de los antisistema

La advertencia de la parlamentaria cupàire Anna Gabriel al sucesor de Mas demuestra que la plataforma antisistema se arroga su tutela y el control del nuevo tiempo abierto en Cataluña, frente a los esfuerzos del presidente saliente por presentar al convergente Carles Puigdemont como su heredero y por hacer pasar la domesticación de la CUP como su legado.

La CUP exige sacar adelante la declaración rupturista -que el Constitucional declaró nula-, advirtiendo al nuevo presidente de la Generalitat que su respaldo no es un cheque en blanco: "Carles, tienes 18 meses para avanzar hacia la República". Antes del inicio de la sesión los anticapitalistas presumieron de haber echado a Artur Mas "a la papelera de la Historia", lo que da idea de hasta qué punto consideran amortizada la figura del muñidor del proceso.

Más oxígeno, pero el mismo recorrido

El nuevo presidente de la Generalitat destacó más por el desparpajo que por el contenido de sus intervenciones. Es inobjetable que con él, el pulso al Estado iniciado por Artur Mas y sus socios toma oxígeno. Pero tampoco ha destacado un compromiso que permita afirmar que el soberanismo ha dado un paso más hacia la ruptura.

Habrá que estar pues atentos a las iniciativas que pueda tramitar el Parlament para levantar las "estructuras de Estado" -una agencia tributaria, una seguridad social o "medidas de transitoriedad jurídica"- para valorar la intensidad de un desafío cuya ilegalidad tiene que ser repelida con todos los instrumentos del Derecho, incluido el artículo 155 de la Constitución, que permite incluso tomar el control de la Generalitat.

La Abogacía del Estado vigila

El presidente del Gobierno, que ya ha pedido a la Abogacía del Estado que vigile cada palabra y cada paso del nuevo gobierno catalán, compareció en pleno debate para asegurar que no dejará pasar ni una sola actuación contraria a la ley. En este compromiso debe tener al lado a los partidos constitucionalistas, que deberían empezar fijando una posición común en Cataluña. Inés Arrimadas (Ciudadanos), Iceta (PSC), Albiol (PP) y Rabell (Sí que es Pot) coincidieron en que el camino hacia la independencia es una quimera inviable. Lo deseable es que, más allá de las diferencias legítimas entre cada partido, esta coincidencia básica sirva para que tiendan puentes entre en sí.

La incorporación del grupo antisistema al matrimonio de conveniencia independentista entre republicanos y convergentes requiere firmeza. Es lamentable que después de tres meses con la Generalitat en funciones, la nueva legislatura en Cataluña arranque marcada por un nuevo embate secesionista con la CUP con las llaves de la gobernabilidad por mucho que el señor "Mas de lo mismo" -como denominó Arrimadas a Puigdemont- ofrezca una imagen renovada del "proceso".