Cada día son mayores, y aparentemente más insalvables, los obstáculos que afronta Pedro Sánchez para intentar llevar a buen puerto un posible pacto de gobierno de la mano de Pablo Iglesias. A la oposición de algunos barones socialistas a que se siente a negociar, después de que el líder de Podemos humillara al PSOE con su oferta de Gobierno con carteras repartidas, se suma ahora la dinámica plebiscitaria del partido de los círculos. Y aun superando el baldón de los estatutos del partido morado, el aspirante socialista estaría sometido al difícil equilibrio de poderes entre las marcas que conforman Podemos. 

La última prueba de esta yincana interminable es la consulta telemática a la que Pablo Iglesias sometería un eventual acuerdo para investir a Pedro Sánchez. El líder de Podemos apela al funcionamiento interno de su formación para advertir de que, de llegar a un pacto con el secretario general socialista, la última palabra la tendrán los 390.882 inscritos en Podemos, quienes tendrían que dar en internet (o no) su nihil obstat. Es decir, la posible designación de Sánchez como presidente de España dependería en última instancia de un plebiscito sin garantías entre las bases de solo una parte de la tercera fuerza parlamentaria.

Igual que la CUP con Mas

La fórmula apuntada por Podemos, igual que la empleada por los antisitema de la CUP durante el disparatado proceso que precedió a la vejación pública y dimisión de Artur Mas como candidato a la Generalitat, constituye un problema añadido para Pedro Sánchez y el PSOE.

Si las condiciones impuestas por Pablo Iglesias resultaban ya inasumibles para el PSOE, esta premisa de última hora de someter el resultado de una eventual negociación a una votación por internet, supone la enésima demostración de que el propósito de Pablo Iglesias es invertir la correlación de fuerzas con Pedro Sánchez.

Ejercicio de voluntarismo

Con este escenario, la intención del candidato socialista de aguardar a que el Rey termine su segunda ronda de audiencias y le encargue formar Gobierno, y pedir entonces al presidente del Congreso que le dé "tiempo para afrontar largas negociaciones", constituye un ingenuo ejercicio de voluntarismo.

Peor aún que las condiciones formales que Podemos quiere imponer al PSOE para alcanzar un pacto son las de fondo, ya que Pablo Iglesias ni renuncia al derecho a decidir ni, por lo que se ve, está en condiciones de poder aplazar esta reivindicación de sus socios.

Es verdad que las coaliciones Compromís (Valencia) y En Marea (Galicia) ya han dicho que lo más importante es aprobar una "agenda social". Pero este lunes ha quedado patente que Ada Colau no está dispuesta a relegar a un segundo plano el derecho de autodeterminación.

Guardiana del derecho a decidir

La decisión de la alcaldesa de Barcelona de convertir su coalición en un partido para concurrir a las elecciones municipales y generales "en defensa de la autodeterminación y los derechos sociales" abre un nuevo escenario que condicionará la negociación con el PSOE y la política catalana y nacional a corto plazo.

Con este paso adelante, la alcaldesa de Barcelona se convierte en la guardiana del derecho a decidir y planta cara a la competencia directa de republicanos y antisistema. Además, deja claro a Pablo Iglesias que el derecho a decidir es una prioridad innegociable y evidencia que las confluencias de Podemos miran por sus propios intereses.

La constitución de Barcelona en Comú como partido arroja más dudas sobre si, en el caso de repetirse las elecciones, esta marca volvería a aliarse con Podemos. Parece  que Pablo Iglesias no es tan fuerte como pretende, por más que ante Pedro Sánchez siga presumiendo de tener por el mango la sartén de su investidura.