Hasta hace cuatro días estaba más o menos vedado afirmar que nuestro Estado no podía garantizar eficazmente el interés general. Tampoco se podía insinuar que la conjunción entre Estado y partidos políticos no producía buenos y honestos dirigentes. Hoy produce hilaridad recordarlo.

Ahora aquellos dos tabúes están debilitados. Lo puso de relieve la locura secesionista catalana, aderezada de un sistema corrupto y de una inefable familia presidencial. Lo complementa otro insólito delirio: la recuperación argumental del comunismo, versión 1917, aliñada de fundamentalismo islámico y de la última edición del Tirano Banderas en su cutre teatralización venezolana. Los errores del pasado, que alumbraron una mala arquitectura institucional, están ahora acompañados de dos fantasmagóricas regresiones, aún peores: secesionismo y comunismo. Ambos osan presentarse como dos modernidades cuando son todo lo contrario.

Debería ser la hora de la creatividad constitucional, asumiendo dos elementos olvidados: la complejidad técnica y científica de la sociedad actual, y la necesidad de revisar constantemente y de forma serena, sin tensiones políticas, el modelo organizativo de lo público. No se puede ni se debe recuperar la visión omnímoda del poder desde la política, que, entre otras muchas cosas, está destrozando al funcionariado.

Sorprende que aún no exista un movimiento de regeneración compartido por amplios sectores

Lo más sorprendente es la ausencia de diagnósticos globales, la falta de alternativas serias que hayan generado movimientos de regeneración compartidos por amplios sectores de opinión. ¿Acaso resultaría imposible formular buenos análisis y alternativas al pujolismo o al comunismo? Este vacío ha generado resignación, que hay que superar sin caer en nuevos determinismos.

No quisiera tener la arrogancia de efectuar el diagnóstico, ni me creo capaz de hallar un camino milagroso al problema, pero sí me atrevo a exponer algunas soluciones que ya se han ensayado con éxito en otras latitudes. Veamos: es primordial potenciar instituciones independientes encargadas de grandes paquetes de funciones tradicionalmente confiadas al Estado y, por ende, a la Administración o a las administraciones territoriales. Pienso en instituciones independientes que llevan a cabo funciones de regulación y de control que antes estaban situadas en la vía vertical y jerárquica inherente a los estados nación.

Hay muchos ejemplos, desde las Independent Regulatory Agencies norteamericanas a los británicos Non Departamental Public Bodies o los Quasi Autonomous Non-Departamental Organisations (Quangos). Según datos de la BBC, en el Reino Unido hay 679 Quangos, a los que hay que sumar otras 222 instituciones, lo que permite hablar de un total de 901 instituciones no gubernamentales. Una de ellas es la propia BBC, antítesis pura de las televisiones públicas españolas.

Un cambio fundamental sería fortalecer el papel de los secretarios e interventores de ayuntamiento

El presupuesto agregado de los Quangos británicos varía entre 30.000 millones y 60.000 millones de libras esterlinas. No es el chocolate del loro. Su ámbito es muy variado: pueden ocuparse de temas tan cruciales como la salud, la educación o la regulación de las aguas a través de entes como el Water Services Regulation Authority. Otro ejemplo es la organización museística británica. La autoridad independiente de los faros (Trinity House) se remonta a 1514, y hay que convenir que los faros nunca fueron asunto baladí para el Reino Unido. El autogobierno institucional británico es, de hecho, muy antiguo, como lo es el deseo de limitación cívica de los poderes de aquel Estado, incluido el de la Corona, iniciado con la Magna Carta (1215), precursora de la Gloriosa Revolución inglesa (1688).

Y podríamos contraponer el sistema británico de Rule of Law y el francés (y español) de Droit Administratif. Cambios en este terreno serían importantes, pero también muy delicados. Como lo sería fortalecer el papel de los secretarios e interventores de ayuntamiento. Lo saben hasta las ratas, sobre todo las ratas corruptas.

En el Reino Unido originariamente no hay Droit Administratif, es decir, un cuerpo legal y unas normas sólo para la Administración. Pero en Francia el Droit Administratif es un instrumento de estatización y de control político de la sociedad. El gran jurista británico Albert V. Dicey (1835-1922) lo consideró un producto primitivo de la evolución del derecho moderno. El tema es muy complejo. Así, desde las madrigueras corruptas de la agónica sanidad pública catalana, hubo un gran combate en contra el Derecho Administrativo.

Francia ha empezado a perder la batalla como bastión frente a las organizaciones independientes

Varios hechos modificaron la visión del marco jurídico en que debe moverse el Estado: la importancia de las instituciones independientes en EEUU, la crisis del modelo del estado nación y el incremento del comercio mundial, con la consecuente necesidad de potenciar la eficacia internacional del derecho.

Un hito norteamericano inicial fue la Interstate Commerce Act (1887) y la posterior Interestate Commerce Act, que afectaron a cuestiones básicas como la separación de poderes, el ámbito de la política, el perímetro de la jurisdicción de los estados federados, el poder judicial y el comercio internacional. Fue crucial así mismo la creación de la Federal Communications Commission (1934). Por eso en EEUU es inconcebible una infamante TV3, monstruo destructor de la libertad individual en Cataluña.

Francia, por su parte, se convirtió en el bastión estatista, jacobino, de oposición a las organizaciones institucionales independientes. Pero finalmente empezó a perder esa gran batalla con la creación de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (1978). Siguieron otras: la Autoridad de los Mercados Financieros, la Autoridad de Control de los Seguros y de las Mutuas, la Alta Autoridad de la Salud y la Agencia Francesa de Lucha contra  el Doping. La brecha se va abriendo, y la Unión Europea aportará mucho más que granos de arena.

Es malo que el Constitucional y las televisiones públicas sean copias miméticas de los parlamentos

En España se ha evitado tratar el tema abiertamente como lo requeriría su importancia. Se obró discretamente. Así, después del espectáculo dado por la ministra Magdalena Álvarez en relación al drama de Spanair de agosto de 2008, la comisión investigadora de accidentes aéreos adquirió una cierta independencia del gobierno. Pero lo que más se repite en España son las malas soluciones, como se ve en el Tribunal Constitucional y en las televisiones públicas, convertidos -uno y otras- en copias miméticas de los parlamentos. En italiano ese tipo de marco mimético recibe el nombre de "consociativismo", palabra que no es precisamente dignificante.

El espíritu de mi análisis no se escapa al lector: reducir el ámbito de poder del gobierno y de los gobiernos autonómicos. Es difícil. No debería permitir ampliar lo que hoy ya existe y debería permitir individualizar mejor las responsabilidades. Pero el elemento clave continuará siendo hallar personas honradas que sólo obedezcan a la ley y a su conciencia. Y la arquitectura del nuevo edificio deberá estar concebida para prevenir y detectar la corrupción y el conflicto de intereses.

En España, las transferencias a las comunidades autónomas no han solucionado los problemas que tenía la Administración general. La solución no puede ser una centralización per se. Tampoco se trata de reinventar lo ya inventado, ni retornar al modelo napoleónico ni volver a los reinos de taifas. El mundo va hoy por ese otro camino que reduce el perímetro del Estado. Hay que considerar lo que ya se da y progresa en países más atractivos que, desde luego, no son Venezuela o Irán.

*** Alfons Quintà es periodista.