El PP ha anunciado la suspensión cautelar de militancia del alcalde y la concejal de Ubanismo de Granada, José Torres Hurtado e Isabel Nieto. La noticia se difundió mientras el histórico edil comparecía a petición propia para quejarse de la irrupción de la UDEF en su domicilio y en el Ayuntamiento en el marco de una nueva operación contra la corrupción urbanística: el caso Serrallo Plaza.

Hurtado, Nieto y varios responsables del ayuntamiento están acusados de prevaricación y malversación por, supuestamente, anticipar procesos de recalificación de terrenos públicos a empresarios amigos para beneficiarles a cambio de comisiones. En concreto, las pesquisas se centran en el proceso administrativo que dio lugar a la polémica construcción de una discoteca y un centro de ocio en una zona de equipamientos.

A expensas de cómo se desarrolle esta investigación, aún incipiente, el operativo desplegado por el Instituto Armado en Granada generó tanta expectación entre vecinos y turistas que no parece exagerado preguntarse hasta qué punto y por qué razones la corrupción en España ha pasado a convertirse en un espectáculo digno de ser registrado en selfies y compartido en las redes sociales.

Jueces y policías

No se trata de una cuestión baladí pues, aunque no se puede discutir que la corrupción de los cargos públicos indigna, avergüenza y preocupa -como indica el CIS-, también es verdad que son tantos los casos, y tan poco firme la respuesta de los partidos, que no es de extrañar que los ciudadanos nos hayamos lamentablemente acostumbrado a que sean jueces, fiscales y cuerpos de seguridad quienes toman la iniciativa para atajar esta lacra.

La profusión de casos y la incapacidad o el desinterés de los partidos para acabar con la corrupción están relacionados. En los últimos años los escándalos afectan a 39 administraciones municipales, provinciales y regionales gobernadas por el PP, convertidas en auténticos serrallos en los que sus dirigentes hacían y deshacían su antojo mientras Rajoy miraba para otro lado.

Basta recordar los casos que han aflorado a la Andalucía gobernada por el PSOE o a la Cataluña en manos de Convergència para saber que no se trata de un problema privativo del PP. Pero también es evidente que Gürtel, Púnica, el pitufeo de Valencia o ahora el caso Serrallo Plaza en Granada, si quiera por el número de escándalos, no pueden ser tildados de "casos aislados" como hace la dirección popular. No es extraño que Esperanza Aguirre haya dicho en una entrevista con EL ESPAÑOL que uno de los problemas de su partido es que es percibido como "antipático y corrupto".

No es un fatalismo

La podredumbre política no es un fatalismo como tampoco el precio de la democracia, así que ya es hora de que el partido del Gobierno se ponga manos a la obra. La negligencia y condescendencia de Rajoy han contribuido al descaro y la poca vergüenza con que muchos corruptos niegan las evidencias aun cuando ya se les ha pillado con las manos en la masa.

Al contrario de lo que sucedió a finales de febrero, cuando la Guardia Civil intervino el Ayuntamiento de Valencia para investigar la red de blanqueo de capitales organizada en dependencias del grupo popular, la reacción de Génova no se ha hecho esperar en el caso de Granada: la dirección del PP tardó un mes en suspender de militancia a los ediles investigados en Valencia y sólo unas horas en poner en cuarentena a sus compañeros de Granada.

La reacción ha sido distinta en ambos casos, pero los argumentos del alcalde tras su detención y libertad con cargos y los de Rita Barberá tras la imputación de medio centenar de personas de su confianza -ella está blindada de la investigación, de momento, por estar aforada- parecen calcados.

Igual que Barberá

El alcalde de Granada -como la exalcaldesa de Valencia- mostró su sorpresa, insistió en que no sabe de qué se le acusa y se quejó del operativo porque "no hay mal que justifique esta parafernalia". El PP ha dejado sin argumentos a José Hurtado, al evidenciar su falta de confianza en él. Si ni siquiera su partido le cree, es absurdo que Hurtado trate de convencer a la opinión pública de su honorabilidad o a Ciudadanos para que "no actúe en caliente" y presente una moción de censura como ya ha anunciado.

Pero el PP se equivoca si confunde la contundencia contra la corrupción con una gestualidad mediática. Con tantos casos en la mochila, parece mentira que el PP no sepa que este problema no se soluciona actuando con aspavientos a rebufo de los furgones policiales sino garantizando la independencia judicial, reformando las leyes urbanísticas y asegurando la transparencia en los procesos de adjudicación. No parece que el mismo presidente que enviaba SMS de apoyo a Bárcenas sea la persona indicada para abanderar estos cambios.