Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados del mismo modo que llegaron a la Presidencia de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz: en comandita, al unísono, en fila india, sin solución de continuidad. También Magdalena Álvarez Maleni, Zarrías y hasta 17 altos cargos. 

En este sentido, su procesamiento por prevaricación -y malversación en el caso de Griñán- en el trama de los ERE supone también un varapalo al sistema de poder delegado que opera en Andalucía desde hace más de tres décadas y, por tanto, un torpedo a la arboladura del gobierno actual.

No por esperados dejan de ser trascendentales estos procesamientos, que materializan en el imaginario una causa general a un sistema político basado en la impunidad refrendada a posteriori por las urnas.

Durante una década la Junta de Andalucía dio ayudas discrecionales a empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo para que pagaran prejubilaciones e indemnizaciones de los trabajadores afectados, y el instructor mantiene que la cúpula del Gobierno y del PSOE andaluz no sólo estaban al tanto del fondo de reptiles, sino que lo impulsaron y mantuvieron en contra del criterio de la intervención general.

La cuantía manejada sin control -850 millones de euros- y la extensión en el tiempo de esta trama sólo puede explicarse en la consideración de la administración como un cortijo y del voto como un cheque en blanco o una patente de corso.

De esta macrocausa a la Junta andaluza y al PSOE no pueden salir bien parados Susana Díaz y su Gobierno. Tampoco quienes lo sostienen. Casarse "con un tieso" puede servir para regatear con inquietante gracejo una comisión parlamentaria, pero ser heredera e hija política de Alí Babá y los 40 ladrones no va a salirle gratis a la presidenta andaluza.

El desenlace judicial de todo este asunto pútrido de las concesiones arbitarias de ayudas y subvenciones se encargará el tribunal. Pero las consecuencias políticas del desaguisado deben dirimirse inmediatamente, que para eso estamos en campaña.

IU sostuvo al Gobierno andaluz cuando Susana Díaz denunciaba una caza de brujas contra sus apoderados, así que Podemos bien hará en callarse. Pero Ciudadanos no puede permitirse el lujo de convertirse en la muleta de un Gobierno bajo sospecha. Susana Díaz debería someterse a una cuestión de confianza o el PP presentar una moción de censura.