La Diputación Permanente del Senado, en la que el PP tiene la mayoría absoluta, ha decidido saltarse a la torera el informe del letrado mayor de la Cámara en el que advertía de que, como consecuencia de la nueva convocatoria electoral, la Comunidad Valenciana debía reducir de seis a cinco su número de senadores autonómicos. La aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, cuya estricta aplicación defendía el PP hace tan sólo un mes, hubiera obligado a retirar el acta a la senadora de Podemos Pilar Lima.

La parlamentaria de Podemos y el resto de senadores autonómicos fueron designados tras las elecciones de mayo según el censo de población de 2014. Sin embargo, con el censo en vigor tras la convocatoria del 26-J, el publicado en noviembre de 2015, a la Comunidad Valenciana le correspondería perder un senador territorial, ya que su población se ha reducido hasta quedar por debajo de los cinco millones de habitantes.

Intereses partidistas

Las Cortes Valencianas se opusieron a esta actualización de sus senadores alegando que éstos fueron designados legalmente en mayo de 2015 para toda una legislatura, y que ésta no concluye hasta las próximas elecciones autonómicas. Ahora sabemos que ante esta diferencia de pareceres han pesado más los intereses del PP y Podemos que el criterio de los servicios jurídicos.

De hecho, el sorpresivo cambio de opinión de los populares se produce después de un agrio enfrentamiento con Podemos venido a menos, inopinadamente, en plena campaña electoral. El partido de Pablo Iglesias en las Cortes Valencianas fue el que más hincapié puso en la necesidad de revocar a Rita Barberá como miembro de la Diputación Permanente del Senado, después de que la exalcaldesa se negara a comparecer en la Cámara regional para explicar su implicación en la trama de pitufeo del PP local.

Imputados

Hay que tener en cuenta que nada menos que 50 concejales y asesores próximos a la exalcaldesa de Valencia están siendo investigados por el blanqueo de 50.000 euros mediante donaciones falsas y que si Barberá aún no ha sido imputada es, precisamente, porque mantiene la condición de aforada, por lo que sólo la puede juzgar el Tribunal Supremo.

Es difícil no vincular el extraordinario cambio de opinión del PP en el Senado sobre la aplicación o no de la LOREG, sobre todo cuando respaldaba la posición de los técnicos, con la disminución -no menos chocante- de la presión política sobre Rita Barberá en plena campaña por haber sido blindada en la Cámara Alta.

Servicios jurídicos

Que existan opiniones distintas sobre cuándo y quién debe determinar el número de senadores autonómicos que corresponde a cada comunidad después de unas elecciones tan anómalas como la del 26-J puede ser normal. Y lo lógico sería que prevalecieran los dictámenes de los servicios jurídicos de la Cámara Alta.

Que Podemos intente mejorar sus opciones en caso de conflicto de pareceres era previsible. Se entiende menos que PSOE o Ciudadanos hayan votado a favor de mantener la sobrerrepresentación de la Comunidad Valenciana en el Senado en beneficio de una formación radical. Han optado por una posición sin coste electoral, ya que ningún partido quiere que la responsabilicen de querer quitarles representación en el Senado a los valencianos.

Por lo que respecta al PP, sin embargo, hay tantos motivos para pedirle que explique por qué se aparta del criterio de los letrados del Senado, como razones hay para preguntarse si este cambio de opinión que favorece a Podemos no responde a un cambalache contranatura.