El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo dirigente de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, han dado el primer gran paso para poner punto y final al conflicto armado más antiguo de América Latina. La firma este jueves en La Habana de un "acuerdo de cese el fuego bilateral y definitivo" sienta las guías para la pacificación de Colombia después de 52 años de violencia, 200.000 muertos y siete millones de desplazados.
Estamos ante un acuerdo histórico por la dimensión del conflicto y porque puede servir de precedente para que el ELN deje también las armas: de hecho, el Gobierno colombiano ha anunciado ya el inicio de negociaciones con este otro grupo guerrillero.
Sin embargo, existen importantes incógnitas sobre el proceso de paz con las FARC, que se despejarán en las próximas semanas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el acuerdo no será definitivo hasta que no sea ratificado por el pueblo colombiano en un plebiscito cuyos términos se desconocen aún.
Por primera vez en su larga historia criminal, la narcoguerrilla acepta que el Estado tenga el monopolio de las armas y reconoce su autoridad y su capacidad para recaudar impuestos y gestionar la hacienda pública. Asimismo, sus miembros aceptan concentrarse en 23 zonas determinadas y reconvertirse en un partido político.
Los principales escollos para afianzar el camino de Colombia hacia la paz son el modo en que se concretará la denominada "justicia transicional" para guerrilleros con delitos pendientes y su reconversión democrática. La ONU supervisará un proceso avalado por Venezuela, Cuba, Chile, Noruega, EEUU y la UE que se produce tras cuatro largos años de negociación y después de que los jefes de las FARC hayan demostrado que controlan a sus efectivos tras un año de alto el fuego unilateral. Hay motivos para el optimismo.