El Ayuntamiento de Madrid pretende implantar una suerte de "Policía Comunitaria" en los distintos barrios de la capital. Esta medida supone crear una estructura paralela de dudosa legalidad como alternativa a la ya dispuesta por la Administración.
Se trata de una propuesta disparatada. Este modelo, además de recordar a los soviets de la antigua URSS o de Cuba, se antoja de todo punto innecesaria, porque lo que intenta resolver ya lo resuelven los agentes y los tribunales. Baste decir que la nueva Policía de Carmena estaría formada por vecinos de cada barrio sin ningún tipo de preparación reconocida.
Proyectos como éste de la alcaldesa de Madrid tienen un sentido más ideológico que práctico y denotan una total falta de confianza por su parte hacia la Policía y los distintos cuerpos de Seguridad de Estado, legítimos responsables de las labores que trata de suplir. La propuesta ni siquiera obedece a una demanda popular: los vecinos, al menos en Lavapiés, donde se quiere implantar en primer lugar, no han respondido precisamente con entusiasmo al llamamiento para incorporarse como "gestor de barrio político-policial" o "jurado vecinal".