Las manifestaciones del comisario José Manuel Villarejo en sede judicial admitiendo la existencia de una estrategia diseñada en el Ministerio del Interior para combatir el independentismo catalán son de tal gravedad que deberían haber provocado inmediatamente un desmentido del Gobierno y el anuncio de un reestructuración de la cúpula policial. El silencio de Jorge Fernández Díaz equivale a dar por buena la versión del comisario y, por tanto, no le queda otra salida que dimitir.

El testimonio de Villarejo viene a corroborar que las conversaciones entre el ministro y el jefe de la Oficina Antifraude Catalana que salieron a la luz hace dos semanas reflejan fielmente lo que se tramaba en Interior, una misión que el propio policía ha bautizado como "Operación Cataluña".

Victimismo

Las comprometedoras declaraciones de Villarejo surgen al hilo de la guerra que se vive en el seno de la Policía desde hace cuatro años y que enfrenta a éste con el también comisario Martín Blas y, en consecuencia, a agentes de la confianza de uno y otro. Fruto de ese conflicto es la demanda contra Villarejo que le ha llevado este miércoles a ser interrogado por un asunto relacionado con el Pequeño Nicolás.

En el contexto actual, las revelaciones de Villarejo perjudican gravísimamente al Gobierno, pues legitiman el discurso victimista del independentismo en pleno órdago al Estado. Sin embargo, no cabe olvidar lo esencial: que los gobiernos nacionalistas en Cataluña han estado trufados de corrupción y han servido de tapadera a todo tipo de desmanes con dinero público, como ha quedado demostrado en múltiples casos,  desde Jordi Pujol y su famila a las tramas de Convergència.

No hay atajos

Este mismo martes hemos asistido a una operación en varios ayuntamientos   gobernados por CiU por contrataciones irregulares y la Guardia Civil ya rastrea el paradero de tres millones de euros desviados a Andorra. La reacción del Ejecutivo catalán ha sido enmarcar inmediatamente esa actuación dentro de lo que ya denomina "guerra sucia" contra el independentismo.

El culpable de haber entregado gasolina gratis a los separatistas para que sigan alimentando la hoguera del agravio no es otro que Jorge Fernández Díaz. Es obvio que el Estado tiene que defenderse de los que tratan de destruirlo y que está legitimado para protegerse de quienes bordean el delito de sedición en su intento de separar una parte del país al margen de la ley. Pero un ministro no debe tomar atajos, y la declaración del comisario Villarejo lo deja en evidencia.

Guerra policial

Lo peor seguramente que se desprende de este episodio es que los distintos gobiernos de España han estado consintiendo años y años que los nacionalistas catalanes actuaran con patente de corso, y que sólo han reaccionado y han puesto a trabajar los resortes en defensa del bien general cuando se ha puesto sobre la mesa el desafío separatista.

El ministro Fernández Díaz tiene que asumir su responsabilidad por dirigir la búsqueda de actividades delictivas contra determinados políticos a los que pretendía perjudicar y también por no haber cortado el enfrentamiento entre clanes policiales, una lucha que ha salpicado de escándalos asuntos como la Operación Emperador (contra la mafia china), el caso de la dermatóloga Elisa Pinto, el del Pequeño Nicolás o la Operación Varma (contra un grupo indio de crimen organizado).

Ni un minuto más

Se da por hecho que la publicación de las conversaciones grabadas al ministro del Interior en su despacho también es producto de esa batalla. Y hoy EL ESPAÑOL publica en exclusiva que un pendrive con datos sensibles sobre responsables públicos catalanes ha desaparecido de la Unidad de Inteligencia de la Policía, una circunstancia que podría afectar a investigaciones en curso. ¿Puede seguir un minuto más en su cargo Fernández Díaz después de todo esto?

Pero además, este ministro del Interior es el que acaba de dejar solos a los reyes en su reciente visita a Girona. Y el que está detrás de la Operación kitchen, para recuperar los papeles de la esposa de Bárcenas que podían comprometer a Rajoy. Y el que avaló los seguimientos a periodistas que trataban de obtener información sobre la financiación irregular del PP. Y el que concede la medalla de oro al Mérito Policial a la Virgen. Y el que recibe al imputado Rodrigo Rato en su despacho. Y el que concede la libertad condicional al etarra Bolinaga. Nadie podrá decir que Fernández Díaz no se ha ganado a pulso dejar el cargo. Si tuviera un ápice de dignidad seguiría el mismo camino que, con muchos menos motivos, emprendió José Manuel Soria.