Nadie podrá acusar al Tribunal Constitucional de haber actuado con precipitación o sin ponderar todas y cada una de las resoluciones con las que ha ido respondiendo a los envites de las autoridades independentistas de Cataluña. No por casualidad, su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, se ha empeñado en que los acuerdos fueran aprobados por unanimidad.

Enfrente, el TC se ha encontrado con unos políticos que han insistido en avanzar hacia la ruptura con España. Tenía que llegar por tanto el momento en el que la institución fijara un límite. Tal y como hoy publica en exclusiva EL ESPAÑOL ese momento llegó el martes de la semana pasada. El Tribunal aprobó ese día un auto en el que llama a los responsables, "especialmente a la Mesa del Parlamento" catalán, a "impedir o paralizar cualquier iniciativa" encaminada a saltarse la legalidad.

Parece que esa advertencia ha caído en saco roto. Este lunes Junts pel Sí y la CUP han anunciado que llevarán inmediatamente al Parlament las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, iniciativa derivada de la resolución rupturista que el TC ya declaró inconstitucional. Y por si fuera poco, en la primera reunión del nuevo partido de Mas, se ha aprobado como medida prioritaria impulsar el referéndum unilateral de independencia, tal y como exigía la CUP. En otras palabras, los independentistas están buscando el enfrentamiento directo con las instituciones del Estado.

Lo que los independentistas obvian es que a la propia Cámara autónomica le corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución, y que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el TC. El Tribunal les ha dado el último aviso: si hacen oídos sordos, el Estado actuará legítimamente contra quienes se han propuesto destruirlo.