La declaración de inconstitucionalidad del 'tasazo judicial' a las pequeñas y medianas empresas da carpetazo a la reforma judicial de Alberto Ruiz-Gallardón. En 2012, el exministro consiguió ponerse en contra a todas las instituciones y asociaciones profesionales, sindicales y de usuarios del mundo de la judicatura tras aprobar en solitario un sistema de tasas para quienes pleiteasen con la Administración. La excusa: acabar con la perpetuación de las causas, aliviar el colapso de los juzgados y fomentar la financiación mixta de la justicia.
Tres años más tarde, su sucesor en el cargo, Rafael Catalá, intentó frenar la ola de protestas con una rectificación insuficiente, que exoneraba a las personas físicas del 'tasazo' pero mantenía el pago de cuotas de entre 200 y 1.200 euros a las personas jurídicas que recurriesen en apelación y casación en los órdenes civil y social.
El Constitucional ha tumbado definitivamente un sistema de tarifas que, además de socavar el derecho básico a la tutela judicial efectiva de pequeñas y medianas empresas, fue pergeñado de forma arbitraria, sin un estudio económico previo y sin seguir criterio alguno que clarificase a qué responde la imposición de las cuotas fijas y variables establecidas.
El Alto Tribunal acaba con una injusticia, pero el fallo deja una sensación agridulce porque no contempla la devolución de las tasas ya abonadas al entender que "no resulta necesaria para reparar el derecho fundamental concernido" (la tutela judicial efectiva). Parece que el tribunal no ha sido ajeno al grave perjuicio que para la Hacienda Pública hubiera supuesto tener que reparar la torpe reforma judicial de Gallardón.
