España afronta una tormenta perfecta que pone en riesgo un pilar básico del Estado de bienestar como es la sostenibilidad del sistema de pensiones. A un paro estructural que es de los mayores de Europa y un déficit desbocado, se suma una crisis demográfica sin precedentes. Según las proyecciones del INE para los próximos 50 años, en apenas tres décadas España tendrá más jubilados que trabajadores. En concreto, si ahora hay 2,5 empleado por cada mayor de 67 años, a partir de 2046 habrá menos de un trabajador por pensionista. Es decir, la mochila de las pensiones que habrá de cargar cada español habrá duplicado su peso. Y eso, partiendo de la base de que el mercado laboral sea capaz de absorber a todas las personas que buscan empleo.
La presión demográfica es así insoportable y, en un mercado laboral tan poco dinámico como el nuestro y con un paro endémico tan elevado, es difícil pensar que la mano de obra extranjera pueda compensar el envejecimiento progresivo de la población.
La ministra de empleo, Fátima Báñez, ha anunciado que el Gobierno prevé que los jubilados puedan percibir el 100% de sus pensiones y seguir trabajando y cobrando íntegramente la nómina, lo que permitiría aumentar las cotizaciones. Se trata de una idea acaso voluntarista, que no soluciona el problema del envejecimiento progresivo ni por sí sola servirá para volver a llenar la esquilmada hucha de las pensiones.
Es necesario mirar a la realidad de frente para intentar acabar con todos los puntos débiles del sistema. Esto implica abordar políticas audaces para dinamizar el mercado de trabajo, mejorar la capacidad recaudatoria sin subir los impuestos, incentivar fiscalmente la contratación de seguros privados de pensiones y ayudar a las familias para impulsar el número de nacimientos. Esperar de brazos cruzados o hacerse trampas en el solitario no puede ser una opción.
