Juan Carlos Campo: "Hay que investigar al Rey Emérito, todos estamos sometidos a la ley"

Juez de carrera y doctor en Derecho, la designación como ministro de Justicia de Juan Carlos Campo (Osuna, 1961) no sólo puso al frente de esta cartera de Estado a quien conoce bien el paño desde todos sus ángulos - fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, director general de Justicia en Andalucía, secretario de Estado con el ministro Caamaño y portavoz socialista de Justicia en el Congreso- sino también a alguien que tiene un carácter particularmente idóneo para poner de acuerdo a actores tan diversos como las comunidades autónomas, el CGPJ y la Fiscalía.

De ese talante de consenso ha dado muestras en las difíciles semanas de gestión de la pandemia del Covid-19. Pero tendrá que desplegarlo igualmente si quiere sacar adelante el proyecto modernizador que ha llamado Justicia 2030 y que incluye, cómo no, un nuevo intento de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir a los fiscales la dirección de la investigación de los delitos.

Campo tiene a su espalda el cuadro de quien el 14 de septiembre de 1882 firmó desde el asiento que él ocupa ahora la ley procesal penal todavía vigente. Manuel Alonso Martínez pasó a la historia por la exposición de motivos que aún hoy es motivo de elogio y de invocación en los tribunales. Esta entrevista aborda cómo quisiera ser recordado Campo, que se enfrenta a asuntos tan delicados como el indulto a los condenados por el 'procés' o la investigación abierta por la Fiscalía al anterior jefe del Estado, Juan Carlos I. 

Se levantó cierta polémica con su afirmación de que estamos en una crisis constituyente.

Lo que quise decir, y lo que dije, es algo sencillo: que el cofinamiento nos ha cambiado como personas y como sociedad. Habrá en nuestras vidas un antes y un después. La crisis del Covid-19 es una crisis constituyente como seres humanos, en un plano existencial: no salir a la calle, no poder abrazar a los amigos, no besar a las personas que quieres, no ver a tus padres ancianos… No nos habíamos enfrentado antes a esa realidad y a esos miedos. No había otra intención -ni primera ni segunda ni tercera intención- que aludir a la crisis que vivimos como personas.

O sea que podemos quedarnos tranquilos. El ministro de Justicia no es partidario de derribar el régimen del 78.

La Constitución del 78 es el elemento que nos debe llevar a seguir siendo un país como el que hemos sido en los últimos 40 años. Ese pacto entre todos los españoles es lo que nos ha permitido, con independencia de quién gobernara, tener los mejores momentos de nuestra historia. Soy un defensor a ultranza, visceral del texto constitucional del 78.

¿Esto lo comparte todo el Gobierno?

Estoy convencido. Con rotundidad, categóricamente, todo el Consejo de Ministros vela por la Constitución y entiende que es el mejor instrumento que permite la convivencia de los españoles.

¿Y cómo integramos en ese esquema el problema catalán?

Para el PSOE y para el Gobierno, hay que adecuar el Título VIII. Y puede haber mecanismos diferentes, una posición federal u otras. Pero, desde luego, partiendo de la unidad de España.

¿Usted contempla, antes o después, alguna fórmula (un nuevo Estatuto, un referéndum pactado, una ley de claridad…) que desatasque el conflicto territorial?

La fórmula es la que entre todos los españoles seamos capaces de establecer para vivir en paz. No hay capacidad de regular la convivencia si no hay un acuerdo. Nos lo dimos en el 78 y a lo mejor tenemos que abordar qué modelo de España queremos para que todos nos sintamos a gusto. Cataluña tiene que sentirse integrada en España y España tiene que sentir a Cataluña como parte de ella. Eso sólo se puede hacer desde las conversaciones y con una fórmula que logre esa convivencia. No es fácil, pero tenemos mimbres para buscar soluciones.

¿Sobre esa fórmula tendría que hablar el pueblo de Cataluña?

Claro, como parte del pueblo español sí.

No una votación sólo del pueblo catalán...

No hablo de eso, en absoluto. Pero no olvidemos que, por ejemplo, una reforma estatutaria incluye su aprobación por referéndum. El pueblo se manifiesta, claro. Lo que no quiere decir que esa decisión vincule al resto de España.

Puede haber mecanismos diferentes para solucionar el conflicto territorial, pero desde luego partiendo de la unidad de España

Justo este domingo se cumplen 10 años de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y hace algo más de ocho meses de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’. Algunos piensan que los jueces, aunque estén haciendo su trabajo, enconan el problema y dificultan la solución.

No, no. Creo que la del ‘procés’ es una sentencia modelo. Lo que hemos vivido con el juicio, su desarrollo, la sentencia prestigian la Justicia. Pero también tengo claro que las sentencias no resuelven problemas políticos. Los problemas políticos los tiene que resolver la sociedad a través de sus representantes políticos.

Entonces ¿se ha puesto en manos de los jueces lo que debe ser resuelto por la política? 

No. Cuando se transgrede el ordenamiento jurídico, el Estado reacciona y, a través de un juicio con todas las garantías, establece lo que, conforme a la legislación, es la aplicación del Derecho. Lo que digo es que no es suficiente para resolver el problema político.

Usted tiene en este asunto del proceso soberanista un papel intransferible, que es hacer la propuesta sobre los indultos que se han solicitado a favor de los condenados por el Tribunal Supremo. Más allá de que la decisión final sea del Gobierno, la facultad de hacer la propuesta es suya. ¿Qué criterios va a aplicar?

Hay que estudiarlo. Ver las circunstancias que se dan, las motivaciones de las solicitudes, lo que dice el tribunal sentenciador y la Fiscalía, las propias manifestaciones de los interesados en el indulto... y se hará una valoración.

¿Pero qué circunstancias aconsejarían concederlos?

No tengo una opinión. Lo que es malo es acercarse a la decisión con un criterio ya preformado porque es cuando el razonamiento está distorsionado. Hay que ver en qué condiciones se piden los indultos, cuánto tiempo de condena han cumplido, qué comportamiento han tenido en su vida carcelaria, cómo cumplen con las salidas que se les han dado teniendo en cuenta que la pena tiene como finalidad la resocialización del delincuente. Habrá que ver caso por caso cuando llegue el momento.

En los indultos del 'procés' habrá que ver caso a caso, teniendo en cuenta que la pena tiene como finalidad la resocialización

¿Y cuándo será ese momento?

Cuando les toque. Durante la época del Gobierno en funciones no se tramitaron indultos y estamos poniéndolos en marcha.

Cuando usted estaba en la oposición tuvo una intervención en el Congreso en la que se refirió en términos críticos al indulto, indicando que era un instrumento que “se salta” o “deja en papel mojado” las resoluciones judiciales. ¿Cómo le suenan estas afirmaciones ahora?

Me acuerdo de esa intervención parlamentaria. Lo que dije es que la ley del indulto es absolutamente necesaria en la democracia del siglo XXI y en cualquier democracia, porque hay una serie de circunstancias que pueden llevar a aconsejar concederlo. Pero -y ahí se inserta la observación que se hace en la pregunta- es un instrumento excepcional, no puede ser la regla general, no es un sustitutivo de una sentencia que no guste. Mantengo esas ideas, que le aseguro que eran muy meditadas. El indulto no puede ser de aplicación generalizada y, de hecho, en los últimos años no se ha llegado a conceder ni el 1% de las peticiones. Pero sería un error derogar la ley del indulto.

Supongo que una persona tan reflexiva se habrá representado cómo quiere pasar a la historia y si quiere ser recordado como el ministro que propuso el indulto a quienes quisieron separar Cataluña de España.

La verdad es que me gustaría pasar como el ministro que intentó lograr, con el esfuerzo de todos, una Administración de Justicia más moderna, porque es lo que reclaman los ciudadanos. No reclaman tanto tutela judicial como su efectividad.

La Generalitat, muy poco tiempo después de la sentencia del ‘procés’, empezó a conceder y proponer para todos los condenados salidas ordinarias, extraordinarias y el régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. ¿Cree que se está vaciando de contenido la condena, como sostiene el fiscal en sus recursos?

No. No sigo el caso en esos detalles pero entiendo que hay una Administración penitenciaria, está la Fiscalía, el juez de vigilancia, la Audiencia provincial o el tribunal sentenciador (en función del tipo de recurso que se haya interpuesto), con lo cual confío en el sistema jurídico y no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que la pena cumpla sus funciones y el tratamiento penitenciario permita la recuperación para el cuerpo social de todos los delincuentes, no sólo de estos. Porque lo que tengo claro es que ha habido un tribunal que ha entendido que la presunción de inocencia ha sido destruida.

A propósito de iniciativas como la ley de violencia sexual, usted ha tenido problemas con algunos miembros del Gobierno que le han dedicado apelativos como el de “machista frustrado”. ¿Ya lo ha aclarado con el vicepresidente Iglesias?

Nunca me sentí concernido lo más mínimo. Los políticos hablamos demasiado y tengo muy claro cuál es mi papel, que es ser el ministro de la legislación. Por tanto, nos toca lidiar con las cuestiones de matiz, poner pegas. Cada uno tiene un rol dentro del Gobierno. Es como cuando hablamos con la ministra de Hacienda, que no nos da casi nunca lo que queremos.

Pero no se la insulta

Bueno, yo no me sentí insultado. Son palabras altas esas de “machista frustrado”. Pero, analizando cómo impactan en mí, no me siento en absoluto en esa clasificación. Es un exceso del lenguaje pero ha habido muchas manifestaciones con posterioridad para dar por zanjado ese asunto. Yo hice lo que tenía que hacer y creo que un texto bueno que venía de Igualdad salió mejorado gracias al esfuerzo colectivo del Gobierno.

No debe ser muy cómodo estar en la misma mesa de gobierno con alguien que cada vez que no le gusta una sentencia se dedica a descalificar a los jueces.

Yo me preocupo de mis responsabilidades y de contribuir a que el Gobierno dé a los ciudadanos lo que necesitan: programas de protección, velar por su salud, un ingreso mínimo vital...Eso es lo que me motiva cada día.

Estoy convencido de que el ministro Grande-Marlaska actuó conforme a la legalidad en el asunto de Pérez de los Cobos

¿En el Gobierno tienen todos claro que la Policía Judicial depende sólo de los jueces? ¿Cómo ha visto el episodio del cese del coronel Pérez de los Cobos por no informar al Ministerio del Interior de investigaciones judiciales en curso? 

El ministro de Interior, que tiene todo mi respeto y admiración, ha dado unas explicaciones que a uno les convencerán más y a otros menos. Pero yo estoy convencido de su actuación conforme a la legalidad.

¿Le preocupa la investigación puesta en marcha por la Fiscalía sobre el rey emérito?

Las instituciones del Estado son cosas muy serias pero, evidentemente, ya no hay la imposibilidad de hacerlo. Habrá que confiar en la Justicia. Espero que, como para todos los españoles, sean unas actuaciones cortas y que puedan clarificar, porque desde luego lo que no es bueno es tener en cuestión a las altas instituciones del Estado. La confiabilidad en ellas nos da solidez como Estado y estar permanentemente con estos debates no fortalece al Estado. Ahora mismo, en una crisis sanitaria, social y económica, no es bueno distraerse.

¿Usted es de los que cree que hay que investigar caiga quien caiga?

Por supuesto que sí. Todos los españoles somos iguales ante la ley y el respeto al Estado de Derecho, que es el artículo primero de la Constitución, es clave como regla de vida.

Sobre la investigación de la Fiscalía a Juan Carlos I: "El respeto al Estado de Derecho es clave como regla de vida"

Caiga quien caiga

Creo que tiene que hacerse Justicia y todos estamos sometidos a ella.

Esa investigación puede ser utilizada para cuestionar la Monarquía constitucional.

Nunca puedo pensar que un proceso está utilizándose para algo.

Pero eso es inevitable.

Yo estoy en las reglas del proceso debido y su finalidad no es otra que la averiguación de un hecho delictivo y la posibilidad de determinar sus autores.

¿No cree que esa investigación hace daño a Felipe VI?

Confío en los tribunales y en la Fiscalía, y esa es mi tranquilidad.

Entre los proyectos de su Ministerio destaca la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Ve posibilidades de pactar con el PP una ley que quita poder a los jueces y se lo da a unos fiscales dirigidos por una fiscal general tan cuestionada como Dolores Delgado?

Estoy convencido de que puedo lograr el pacto con el PP y con casi todo el arco parlamentario, sin duda. Se están refundiendo dos magníficos trabajos, uno hecho con un Gobierno socialista y otro con un Gobierno del PP, y existe una plena coincidencia. Pero cuestiono la premisa de la pregunta: la nueva ley no quita poder a los jueces, redimensiona el que tiene. El juez garantiza los derechos, juzga y hace ejecutar lo juzgado. La investigación no tiene nada que ver. Lo que es inconcebible es el juez de capa y espada, un juez que en una mano tiene un escudo para la protección de la presunción de inocencia y con la otra mano investiga.

Puedo lograr un pacto sobre la LECrim con el PP y casi todo el arco parlamentario. El juez de capa y espada es inconcebible

Ese sistema no se sostiene en ningún sitio del mundo y sobre esto hay un enorme consenso. Pero, en todo caso, será necesario modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, reforzar a cada fiscal en su autonomía y en el ejercicio de sus competencias con la posibilidad de oponerse a las órdenes de un superior. Hay que establecer mecanismos para que el fiscal se sienta señor de la investigación. No me preocuparía que hubiera una vacatio legis de cinco o seis años. Nuestro proyecto modernizador es Justicia 2030: quiero que el ministro o la ministra de Justicia posterior a mí ponga tanta pasión como pongo yo, sea del partido que sea, porque el diseño de un modelo de Justicia está por encima de cuestiones partidarias o personales.

¿Hay clima para renovar las instituciones que dependen de su área?

Partidos que se llaman de estado no pueden dar excusas varias para no entrar. El primer pacto de Estado que hay es cumplir el ordenamiento jurídico y la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional es un mandato de la Constitución. El que crea que bloqueando va a sacar algún rendimiento lo que va a conseguir con total seguridad es un debilitamiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones.